El CGAE se personará en el caso de la juez que justificó la «rebaja» de una indemnización porque la víctima es abogada

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) se personará en el caso de la juez  que justificó la «rebaja» de la indemnización de 6.000 euros a 300 porque la víctima es abogada. Lo ha acordado en el pleno celebrado hoy y ya se lo ha comunicado a la letrada afectada, María Amparo Martínez Marián, presidenta de Defenda, quien está «exultante de alegría» por el amparo de la Abogacía ante lo que considera una «discriminación negativa», según informa a Economist & Jurist la propia víctima.

Esta letrada denunció en julio de 2022 a un cliente del turno de oficio por amenazas y coacciones, y el juicio se celebró el pasado mes de octubre en el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz (Madrid), por un delito leve. Ella estaba convencida de que fuera por un delito grave, «pero lamentablemente no fue así», por lo que podía saldarse con multa de uno a tres meses. Finalmente, por un delito leve de amenazas se ha impuesto al denunciado una multa de 180 euros -dos meses de multa con 3 euros de cuota diaria-, y que indemnice a la víctima con 300 euros por perjuicios y daños morales, más las costas judiciales.

Esta letrada del turno de oficio critica «lo barato que le han salido a su cliente, el denunciado, las amenazas y coacciones contra ella», que ha sufrido «un calvario de dos años». (Imagen: María Amparo Martínez)

Tanto la Fiscalía como las dos acusaciones particulares, una ejercitada por el amparo colegial del ICAM, a través de la diputada Lola Fernández Campillo, y la otra por la asociación Defenda, a través de Rosa Huertas Bermejo, pedían 6.000 euros en concepto de daños morales, y por el delito de amenazas una multa de 3 meses a 12 euros al día, en total 1.080 euros. María Amparo Martínez denunció en este diario «lo barato que le han salido a su cliente -el denunciado-, las amenazas y coacciones contra ella», que ha sufrido «un calvario de dos años».

Y subrayó que «lo más insultante y bochornoso para toda la abogacía es lo que da a entender la sentencia cuando argumenta el motivo por el que no concede los 6.000 euros y la rebaja a 300 explicando que para cuantificar ese daño moral tiene en cuenta las circunstancias de la víctima, en este caso una persona con formación, letrada en ejercicio». La sentencia, dictada el pasado 18 de octubre (187/2023), la firma la magistrada Marta Gala García.

Ante tal justificación, la víctima pidió aclaración de la resolución. También denunció el caso públicamente en este diario. Además, pidió amparo a la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, ante «esta lamentable y bochornosa argumentación», adjuntándole la información publicada en Economist & Jurist para que conociera el caso al detalle.

«En Defenda entendemos que con esta sentencia se causa un grave perjuicio a toda la abogacía. Y, sin duda, es una muestra más del maltrato que sufrimos a diario, tanto de justiciables como de los propios jueces, y de la poca estima y respeto que nos tienen incluso las propias instituciones judiciales. Por ello, pedimos la personación del CGAE en el recurso de apelación contra esta sentencia», le solicitó. Y así ha ocurrido. Lo ha decidido el Pleno esta mañana.

Defenda celebra que la Abogacía haya tomado esa decisión, que «supone un paso más para la dignificación de la profesión y que sentencias de este tipo no puedan sentar precedentes que supongan una discriminación negativa hacia el colectivo», según informa su presidenta y víctima del caso.

El Pleno del CGAE lo integran la presidencia, los 83 decanos de los Colegios de la Abogacía, 12 consejeros electivos y consejeras electivas entre “abogados y abogadas de reconocido prestigio”, los presidentes y presidentas de los Consejos Autonómicos de Colegios de la Abogacía, el presidente de la Mutualidad General de la Abogacía y, con voz y sin voto, la presidencia de la Confederación Española de la Abogacía Joven.

Una imagen de archivo de un pleno del CGAE. (Imagen: Abogacía)

El decano del ICAM también le ha transmitido su apoyo

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, también ha transmitido a esta abogada el apoyo del Colegio, que discrepa con «una resolución que desprecia el daño a una letrada en el ejercicio de defensa». «Compensaciones simbólicas no sólo no disuaden, sino que incentivan conductas antisociales», subraya Ribón, y le hace saber que el ICAM está a su lado.

Nuestro más firme apoyo y compromiso con @Marian7Martinez y respetuosa discrepancia con una resolución que desprecia el daño a una letrada en el ejercicio de defensa. Compensaciones simbólicas no solo no disuaden sino incentivan conductas antisociales. #ICAMcontigo https://t.co/Ei8yg5Axvs

— Eugenio Ribón (@EugenioRibon) December 6, 2023

El calvario sufrido

María Amparo Martínez fue designada como abogada del turno de oficio del ahora condenado en abril de 2020 para un caso de reclamación de cantidad frente a Orange, en la vía Civil. En el curso de esa relación abogado-cliente se intercambiaron multitud de correos electrónicos y algunas llamadas, dando el denunciado en alguno de esos correos «su opinión sobre cómo tenía que llevarse el asunto o insistiendo en la presentación de la demanda, no existiendo buen entendimiento entre ambos sobre cómo llevar el procedimiento».

Según los hechos probados, el 13 de julio de 2022, a las 18.29 horas, el condenado le envió desde su correo un ‘email’ diciendo: «Ahora bien, la prevengo y la advierto que, como la pille en un renuncio, sea el que sea, o lo más mínimo, bien sea usted o el procurador o me entere que haya llegado, a espaldas mías un acuerdo con la parte contraria, le garantizo que dedicaré vida personal a destruirla». «Y también si por un casual usted hace que pierda el caso en juicio o se archiva y cierra el caso, de igual manera, haré que me lo pague con intereses», añadió.

La denunciante afirma que ese fue «uno de los muchos, incesantes, periódicos, agresivos y exigentes correos electrónicos que durante más de dos años» recibió de este justiciable, designado de oficio en abril de 2020. Tras recibir este en concreto, tuvo que acudir hasta en dos ocasiones, en menos de 8 horas, a los servicios de urgencias por el alto grado de ansiedad que estaba padeciendo.

María Amparo Martínez Marian, en una foto tomada para denunciar el caso públicamente. (Imagen: María Amparo Martínez)

Dos meses de baja, con tratamiento psicológico

A raíz de este suceso, María Amparo Martínez estuvo dos meses de baja, con una prescripción médica de ansiolíticos, y recibió tratamiento psicológico. Sin embargo, aunque estaba de baja, no se le paralizaron los plazos de los casos que llevaba, por lo que tuvo que seguir trabajando, otra cuestión que critica. Al dar parte de la denuncia al ICAM, consiguió que se le retirara este cliente, a quien se le asignó un nuevo letrado del turno de oficio.

En un primer momento, María Amparo Martínez prefirió no revelar su identidad al informar de su caso, «por miedo a represalias», pero al comprobar que a raíz de denunciarlo públicamente, otros compañeros también lo hicieron con los suyos, consideró necesario «vencer el miedo» y dar un paso más denunciándolo a cara descubierta y no de espaldas y con iniciales. Este no es el primer caso que padece con un cliente, pero sí el primero que hace público, y no piensa parar «hasta que se haga justicia».

«Las leyes tienen que modificarse para que este tipo de sucesos no vuelvan a ocurrir», sostiene la presidenta de Defenda, asociación que reivindica que los letrados del turno de oficio sean considerados “autoridad” en el ejercicio de sus funciones, y que todos los Colegios profesionales de la abogacía y el CGAE cuenten con un protocolo de actuación para proteger a sus colegiados. Esta abogada hace hincapié en que los colegios profesionales de la Abogacía “tienen que atender y detectar este tipo de problemas que tienen los letrados de oficio y atenderlos con premura, no esperar a que ya se hayan producido daños quizás irreparables”.

«Pese al calvario sufrido durante dos años con este justiciable y el golpe de la irrisoria condena impuesta, me llena de orgullo el apoyo que estoy recibiendo. No se trata de un caso particular, supone un paso adelante para la dignificación de la abogacía», concluye la víctima emocionada.