El CGPJ advierte que los jueces no tienen obligación de ir a las comisiones de investigación

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy, por unanimidad, instar al Congreso de los Diputados y al Senado a que se abstengan de citar a jueces y magistrados para que declaren ante las comisiones de investigación constituidas en la Cámara Alta y Baja sobre hechos que hayan conocido en las actuaciones objeto de su actividad jurisdiccional. Si, a pesar de ello, fuesen citados, la Comisión Permanente denegará la autorización para que comparezcan.

El órgano de gobierno de los jueces señala que en las últimas semanas ha emitido declaraciones y comunicados, a través de la Comisión Permanente; su presidente, Vicente Guilarte; y de sus vocales, así como las del Tribunal Supremo (TS); los Tribunales Superiores de Justicia; las Audiencias Provinciales; los jueces decanos  y numerosas instituciones públicas y privadas alertando de «los riesgos que para la independencia judicial» pudiera suponer que las comisiones de investigación recientemente constituidas en el Congreso de los Diputados pudieran acordar la comparecencia ante ellas de miembros de la carrera judicial a fin de que declaren sobre asuntos de los que conozcan o hayan conocido en el ejercicio de la función jurisdiccional.

El CGPJ añade que a pesar de ello, destacados portavoces de los grupos parlamentarios que han promovido la constitución de las comisiones de investigación insisten en que se recabe la comparecencia en ellas de jueces y magistrados. Por tanto, indica que se hace necesario que el Pleno del Consejo deba pronunciarse de nuevo al respecto.

En primer lugar, manifiesta el «absoluto respeto» de este órgano constitucional a la autonomía de las Cámaras que forman las Cortes Generales «para que creen cuantas comisiones de esa naturaleza estimen convenientes» al amparo del artículo 76 de la Constitución (CE), a fin de esclarecer los hechos acaecidos sobre los asuntos objeto de las mismas con el propósito de «exigir, en su caso, la responsabilidad política gubernamental que proceda».

En segundo lugar, «con la misma claridad y firmeza que respeta la autonomía parlamentaria», señala que el CGPJ «debe garantizar en todo momento y bajo cualquier circunstancia la independencia judicial». «Por ello, y por imperativo del propio artículo 76 de la Constitución, en conjunción con el artículo 117 CE y los artículos 396 y 399 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ha de quedar constancia de que dichas comisiones parlamentarias carecen de atribuciones para llamar a declarar ante ellas e investigar a jueces y magistrados sobre asuntos que estos conozcan o hayan conocido en su labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado», expone.

El Consejo hace hincapié en que los jueces y magistrados están «plenamente sometidos a la Constitución y a las leyes y sujetos a responsabilidad disciplinaria y penal cuando incurran en los supuestos tipificados como infracciones o delitos, respectivamente».

«Ahora bien, la exigencia de la primera corresponde en exclusiva a este Consejo por mandato del artículo 122 CE y, la segunda, a los órganos judiciales servidos por ‘jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley’. Unas condiciones que, obviamente, no reúnen los miembros de las comisiones parlamentarias de investigación, pues, al fin y al cabo, su función representativa se desenvuelve en el plano estrictamente político y está orientada y limitada, en lo que aquí importa, a la exigencia de responsabilidades de esa naturaleza», prosigue el órgano de gobierno de los jueces.

Llamamiento a que se renueve «cuanto antes» el Consejo

Y destaca que en consecuencia, «en el supuesto de que, a pesar de lo anterior, los jueces y magistrados fueran llamados a declarar ante las repetidas comisiones de investigación sobre asuntos en los que hayan o estén interviniendo en su condición de tales, incluso bajo la advertencia de que pudieran incurrir en responsabilidad penal si no comparecieran, no tendrán la obligación de atender el requerimiento que se les envíe a tal efecto, no deberán comparecer en ellas y el Consejo General del Poder Judicial tampoco autorizará comisiones de servicios por tal motivo».

Por último, el CGPJ señala que «el recordatorio de que cada poder ha de circunscribir su actuación a su ámbito respectivo ha de completarse con el llamamiento a que se proceda cuanto antes a la renovación de este Consejo y se ponga fin a la anomalía constitucional en la que nos encontramos, cuya duración ha rebasado con creces el límite de lo tolerable».

El acuerdo, al detalle

El Consejo acuerda textualmente: «Instar al Congreso de los Diputados y al Senado a que, de conformidad con los artículos 76 y 117 CE, 396 y 399 LOPJ, se abstengan de citar a jueces y magistrados para que declaren ante las comisiones de investigación constituidas en ellas sobre hechos que hayan conocido en las actuaciones objeto de su actividad jurisdiccional».

«Del mismo modo, los jueces y magistrados no podrán revelar por escrito, o de cualquier otra forma, hechos o circunstancias de las que hubieren tenido conocimiento por razón de su ejercicio profesional», agrega.

El segundo punto del acuerdo recoge que los jueces y magistrados que, a pesar de lo anterior, fueran convocados a una comisión de investigación «deberán ponerlo en conocimiento inmediato de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial remitiéndole copia de la citación recibida».

En el tercer punto adelanta que la Comisión Permanente «denegará la autorización de comisiones de servicios a los jueces y magistrados para que comparezcan a declarar ante las mencionadas comisiones de investigación sobre hechos de los que tengan o hayan tenido conocimiento con ocasión de su actividad jurisdiccional».

El acuerdo se enviará a las presidencias del Congreso  y del Senado y a la Red Europea de Consejos de Justicia.