El CGPJ cumple cinco años con el mandato caducado, con la imposibilidad de cubrir 85 vacantes en la cúpula judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple hoy cinco años con el mandato caducado, y con la imposibilidad de que poder nombrar cargos discrecionales estando en funciones y de renovar los cargos de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y de Audiencias Provinciales, a raíz de la Ley Orgánica 4/2021, impulsada por  PSOE y Podemos.

Actualmente, hay 85 vacantes en la cúpula judicial: 36 de ellas en los Tribunales Superiores de Justicia; 23 en el Supremo (TS), que ha perdido un tercio de magistrados, lo que ha llevado al borde del colapso a la Sala de lo Contencioso-Administrativo y la de lo Social; 25 en Audiencias Provinciales; y una en la Audiencia Nacional.

El actual Consejo se constituyó el 4 de diciembre de 2013 con los 20 vocales que marca la ley, más el presidente elegido por ellos, Carlos Lesmes, y lleva en funciones desde diciembre de 2018 por la falta de acuerdo entre PSOE y PP. Una situación que recientemente han abordado las cuatro asociaciones judiciales en Fuera de Sala.

Actualmente, el órgano de gobierno de los jueces sólo tiene 16 vocales, tras las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Rafael Mozo, la dimisión de Concepción Sáez y el fallecimiento de Victoria Cinto. Durante esta etapa, se han sucedido tres presidentes: Carlos Lesmes, quien dimitió en octubre de 2022 para forzar el pacto PSOE-PP, al que relevó en el cargo Rafael Mozo, por ser el vocal de mayor edad y que se jubiló el pasado mes de julio, y Vicente Guilarte, que ostenta ahora la presidencia y se ha ofrecido como «mediador» entre ambos partidos. 

Bolaños insta al PP a no mantener ni un día más el bloqueo

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha instado hoy al Partido Popular a no mantener «ni un día más» el bloqueo en la renovación del CGPJ, porque de continuar así supondrá «el colapso total de la justicia».

«Hoy es un día triste para la democracia española», ha afirmado Bolaños, en referencia a esta anormalidad institucional, en una comparecencia en Bruselas, sin preguntas, donde asiste al Consejo de ministros de Justicia de la Unión Europea, donde coincidirá de nuevo con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, con quien ya se reunió el pasado jueves para abordar las dudas que el Ejecutivo comunitario tiene respecto a la proposición de ley de amnistía que el PSOE ha pactado con ERC y Junts para asegurarse la investidura de Pedro Sánchez.

Bolaños ha acusado al PP del bloqueo, y ha destacado que esta situación no sólo está dañando al propio órgano de gobierno de los jueces, sino que perjudica a la justicia en general, y al derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva.

El ministro de Justicia también ha defendido el modelo actual del sistema de elección de los vocales, que considera «equilibrado».

El PP afirma que no habrá renovación si no se reforma la LOPJ

Por su parte, el Partido Popular ha advertido hoy de que no habrá renovación del CGPJ si antes no hay una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para modificar el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial -12 de un total de 20- para que sean los jueces directamente quienes les nombren, quedando los otros 8 vocales designados entre juristas de reconocido prestigio en manos de las Cortes Generales.

Desde el PP recuerdan que la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores, Věra Jourová, ha dejado claro que hay que reformar antes de renovar.

Preguntado Sémper acerca de si el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no se reuniría con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si antes no hay compromiso del Gobierno de una reforma legal para avanzar en la despolitización de la Justicia, ha respondido que en el PP «no se fían ni un pelo», ya que les ha demostrado que «un día dice una cosa y al siguiente la contraria». Por tanto, el PP no está dispuesto a sentarse a negociar sobre este asunto si no hay garantía ni compromiso de que se avance en la línea de despolitización que demanda Europa.

Y ha afirmado que no van a poner «al zorro a controlar a las gallinas», que lo que quieren es que «no haya zorros» y que los jueces «actúen con libertad e independencia garantizada en tiempo y forma». 

JJpD y UPF piden al presidente del CGPJ y a los vocales que dimitan 

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han reclamado hoy la dimisión del presidente y los vocales del CGPJ para facilitar su inmediata renovación, siguiendo el ejemplo de Pascual Sala, quien fue presidente del tercer mandato del Consejo, que se tendría que haber renovado en noviembre de 1995, pero comenzó a prolongarse en el tiempo, como el actual, pero Sala puso fin a esta situación, al permitir, en marzo de 1996, que seis vocales presentaran su denuncia, lo que supuso su disolución.

Ambas asociaciones han publicado un comunicado conjunto en el que denuncian que pese a que el artículo 122.3 de la Constitución establece que la duración de su mandato son cinco años, el actual lleva diez, tres presidentes y cuenta cada vez con menos vocales, por fallecimiento, jubilación o renuncia.

Renovación por las malas o que los 12 vocales judiciales sean elegidos por el Congreso

Fuentes del CGPJ también señalan como posible solución a este bloqueo una «renovación por las malas» mediante una reforma legal impulsada por el Gobierno y sus socios que deje a un lado al PP. En concreto, apuntan a dos reformas posibles. Una, la propuesta registrada en octubre de 2020 por PSOE y Podemos para que en caso de que en primera vuelta no fuera posible elegir a los 12 vocales judiciales en el Congreso y el Senado por la mayoría de tres quintos que marca la ley, en una segunda vuelta salieran por mayoría absoluta.

La segunda reforma sería que esos 12 vocales fueran elegidos por el Congreso, esquivando así al Senado, dominado actualmente por el PP. El Tribunal Constitucional (TC) ha señalado recientemente en una sentencia sobre la limitación de poderes de un CGPJ caducado, que es «posible, dentro del marco constitucional, que la propuesta para su nombramiento proceda en todo o en parte del Congreso o del Senado».