El Congreso aprueba la mayor reforma organizativa de la Justicia de los últimos años, que necesitará una inversión económica importante

Por 177 votos a favor y 171 en contra, el Congreso aprobó este jueves, 19 de diciembre —definitivamente y tras su tramitación en el Senado— el nuevo Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. La norma se publicará en el BOE en los próximos días y supone un cambio radical en la organización de la Administración de Justicia.

Según indicó recientemente a Economist & Jurist el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, la norma entrará en vigor de forma escalonada el próximo año y contará con la inversión adecuada que demandan los operadores jurídicos para su puesta en marcha, especialmente de Fondos Europeos.

La iniciativa fue vetada por el Senado, pero habiéndose ratificado por el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara Baja, queda levantado el veto, como establece el artículo 90.3 de la Constitución y el artículo 122 del Reglamento del Congreso.

Se trata, según ha explicado en distintas comparecencias públicas el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones de las Cortes, Félix Bolaños, de la mayor transformación de la Justicia en décadas.

La Ley introduce dos líneas fundamentales de actuación, una reforma organizativa y otra procesal, ambas posibles gracias al despliegue tecnológico que está desarrollando e implementando el Ministerio.

Según la exposición de motivos, el texto “trata de afianzar que el acceso a la Justicia suponga la consolidación de derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas, que su funcionamiento como servicio público se produzca en condiciones de eficiencia operativa, y que la transformación digital de nuestra sociedad reciba traslado correlativo en la Administración de Justicia”.

Este Proyecto de Ley Orgánica suscribe que es “necesario” para ello “adaptar las estructuras de la Justicia” para “hacer frente a las dificultades en el desenvolvimiento normal de los juzgados y tribunales; para poder superar el enorme reto de ofrecer un servicio público eficiente y justo a la ciudadanía; y, finalmente, para incorporar los valores, de solidaridad y de humanismo entre los que la Justicia es la espina dorsal y el elemento imprescindible de la paz social”.

Una Justicia que tiene, en la actualidad, los mayores ratios de litigiosidad en estos momentos, con juzgados colapsados por la falta de refuerzos en la mayor parte de los juzgados tras las huelgas de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y funcionarios; con, por ejemplo, 24.000 asuntos pendientes en casación en la Sala Civil del Tribunal Supremo. 

El número de nuevos asuntos en los órganos judiciales españoles sigue al alza al registrarse 1.734.977 en el tercer trimestre del año, lo que supone un aumento del 4,8% respecto al mismo periodo de 2023, una tendencia que se mantiene desde 2022, informaba el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Félix Bolaños en el Congreso de los Diputados defendiendo la nueva reforma organizativa de la Justicia. (Imagen: Congreso diputados)

El tercer trimestre de 2024 ha arrojado también un aumento del 7,3% de los asuntos resueltos (1.522.062) y del 12,7% de los que quedaron en trámite al final del periodo (4.397.985).

Este cambio organizativo ya nace con una parte de los operadores jurídicos en contra. De hecho, funcionarios de Justicia y letrados de la Administración de Justicia han criticado esta nueva reforma en Economist & Jurist para señalar la necesidad de que se organice bien para evitar cualquier tipo de disfunción.

Profesionales de ambos colectivos mostraban su desazón ante una reforma que tiene un marcado tinte político, con las concesiones de las ejecuciones a los procuradores y la permanencia de los juzgados de paz.

Al mismo tiempo, consideran que hará falta una vacatio legis importante de la norma, más de un año y tendrá que implementarse la oficina judicial de estos tribunales de instancia, lo que puede generar problemas.

Llegan tribunales de instancia

La nueva normativa, que entrará de forma escalonada el próximo año, pretende modernizar y reorganizar la estructura de la Justicia y la renovación de toda la planta judicial, instaurándose los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia municipales.

De esta forma, los 3.800 juzgados unipersonales se transformarán en 431 tribunales de instancia (tantos como partidos judiciales), favoreciendo “la especialización, la unificación de criterios y permitirá distribuir adecuadamente las cargas de trabajo y compartir recursos”.

Sobre las Oficinas de Justicia, lo que se pretende es que estén operativas en los municipios, donde los ciudadanos podrán realizar todo tipo de trámites de forma telemática sin tener que desplazarse a alguna capital de la provincia.

Otros elementos clave de la norma pasan por el mantenimiento de los juzgados de paz, elemento que reclamaron Junts y ERC para aprobar a favor de esta reforma; la eliminación de las golden visa; así como la regulación de la situación de los jueces sustitutos.

En este caso concreto, como ya han explicado Economist & Jurist, se ha mantenido una enmienda de Sumar por la que tres meses después de la entrada en vigor de esta Ley de Eficiencia el Congreso tendría que aprobarse un Proyecto de Ley para regularizar la situación del colectivo.

Un colectivo que abría un debate sobre este asunto en el ICAM hace unos días con la presencia de distintos operadores jurídicos. Todavía queda por ver qué formula utilizara el Gobierno para esa regularización para profesionales en situación de abuso desde hace muchos años.

Salvador González, presidente del CGAE, junto a Federico Fernández, Ángel Cervantes y Jesús Sánchez. Todos ellos han seguido la votación de la reforma de la Justicia. (Imagen: Abogacía Española)

La norma también abre la puerta a la especialización de los juzgados de infancia, familia y capacidad, aunque como ya comentamos hace unos días con las asociaciones del sector, esta iniciativa no es obligatoria como lo son las creaciones de secciones de juzgados mercantiles.

Otra de las cuestiones que destaca el texto legal es que se incluyen nuevas modificaciones en materia procesal apostando por los medios alternativos de solución de controversias (MASC) en vía no jurisdiccional en los ámbitos civil y mercantil, como la mediación y el arbitraje.

Con esta medida, señalan las fuentes ministeriales, se pretende evitar la “sobrecarga de juzgados y tribunales, limitando su intervención a aquellas causas donde sean imprescindibles, sin que eso implique una merma de los derechos y las plenas garantías jurídicas de las partes”.

Implementación de los MASC y de la mediación

Uno de los expertos más reputados en estos temas de mediación y métodos extrajudiciales como es Pascual Ortuño explicaba en otro reportaje por qué puede ser beneficioso para los abogados acudir a estos métodos extrajudiciales.

De hecho, la abogacía institucional, con su presidente Salvador González a la cabeza, mantenía este jueves, poco antes de la votación de esta Ley de Eficiencia Organizativa en el Congreso una reunión en el CGPJ, donde abogados y jueces ya han empezado a hablar de la reforma de la Justicia que se avecina y de cómo implementar los MASC en este nuevo escenario que se abre para el próximo año.

El Proyecto de Ley fue presentado en marzo de 2024. Habiéndose presentado una enmienda a la totalidad de devolución, se sometió a su debate de totalidad el pasado 11 de julio, quedando esta rechazada, por lo que continuó el texto del Gobierno continuó su tramitación parlamentaria.

A la vista del informe de la ponencia, la Comisión de Justicia aprobó el dictamen el 4 de noviembre. Seguidamente, el 14 de noviembre, el Pleno dio su visto bueno a la iniciativa y la remitió al Senado. La Cámara Alta acordó en su sesión del 4 de diciembre oponer su veto al Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Tal y como establece la Constitución, el Congreso puede ratificar por mayoría absoluta el texto que aprobó, quedando de esta forma levantado el veto del Senado. Por lo tanto, con el debate de este jueves concluye la tramitación parlamentaria y la Ley Orgánica queda lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado y su entrada en vigor.