El Congreso da luz verde al Proyecto de Ley Orgánica de Derecho a la Defensa, que ahora seguirá su tramitación en el Senado

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, en sesión extraordinaria, el dictamen del Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, y ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas al Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios y a la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

En este debate en la Cámara Baja como asistentes estuvieron presentes, la presidenta en funciones del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; el presidente electo del CGAE, Salvador González; y consejeros del CGAE, como Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía (ICA) de Madrid; Jesús Sanchez, decano del ICA Barcelona; Javier Martín, decano del ICA Valladolid; Lourdes Carballo, decana del Colegio de Vigo; Albino Escribano, decano del ICA Albacete; Encarna Orduna, exdecana de Reus; Cristina LLop y miembros de la Comisión del Derecho a la Defensa.

La sesión comenzó con el debate del dictamen de la Comisión de Justicia y la votación de las enmiendas mantenidas por los grupos parlamentarios para su defensa ante el Pleno al Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Todas las enmiendas mantenidas fueron rechazadas, y el Proyecto de Ley Orgánica fue aprobado por 178 votos a favor y 170 abstenciones.

Este Proyecto de Ley era desde hace años una de las principales reivindicaciones de la Abogacía, pues refuerza el principio constitucional de la tutela judicial efectiva, que pertenece a la ciudadanía, y consolida a los profesionales de la abogacía como un elemento clave en el funcionamiento de nuestro sistema de Justicia.

El Consejo de la Abogacía presentó un conjunto de 15 enmiendas para mejorar esta norma, enmiendas que fueron fruto del debate producido durante el XIII Congreso Nacional de la Abogacía, celebrado en mayo de 2023 en Tarragona.

«La ley sale mejor de lo que entró», ha reconocido durante su intervención para la defensa de la iniciativa el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha afirmado que se trata de una ley «útil, pionera en Europa y que garantiza un derecho fundamental».

Félix Bolaños subraya que la Ley Orgánica de Derecho a la Defensa dará mayor seguridad jurídica a abogados y a sus colegios profesionales. (Imagen: Congreso de los Diputados)

Mayor seguridad jurídica

Bolaños ha defendido que gracias a esta ley, los colegios de abogados tendrán una mayor seguridad jurídica en el ejercicio de sus competencias, al tiempo que los letrados «van a tener más garantías también para ejercer su profesión». Asimismo, el titular del ministerio de Justicia ha subrayado que también «es una ley útil para los ciudadanos, que van a tener la tutela del derecho fundamental a la defensa más garantizada».

La norma señala, como propuso la Abogacía desde el CGAE, que los ciudadanos tienen derecho a ser informados “de los costos generales del proceso y el procedimiento para la fijación de los honorarios profesionales”, así como de “las consecuencias de una eventual condena en costas”. A cuyo efecto los Colegios de la Abogacía podrán “elaborar y publicar criterios orientativos, objetivos y transparentes que permitan cuantificar y calcular el importe razonable de los honorarios”.

Además, establece que las comunicaciones mantenidas entre los defensores de las partes con ocasión de un litigio, incluso en fase extrajudicial, son confidenciales y “no tendrán valor probatorio”. Y reconoce “el derecho a guardar silencio como parte de la presunción de inocencia” en procedimientos penales y sancionadores.

La nueva ley señala que los Colegios de la Abogacía “deberán amparar al profesional que se considere perturbado o presionado en el ejercicio de sus funciones y denunciar todas aquellas medidas normativas o actuaciones públicas o privadas que menoscaben el derecho de defensa”.

La norma recoge la importancia de que los profesionales de la abogacía reciban una “formación legal, continua y especializada”. Y especifica que el Consejo General de la Abogacía desarrollará los procedimientos de capacitación y acreditación para permitir el acceso a una especialización profesional.

Y también hace referencia al “derecho a la conciliación y al disfrute de los permisos de maternidad y paternidad”. Concretamente señala que los profesionales de la abogacía “tendrán derecho a solicitar la suspensión del procedimiento judicial o el nuevo señalamiento en casos de fuerza mayor u otro motivo de análoga entidad”. Entre estos señala nacimiento, adopción, cuidado de menor, hospitalización de cónyuge o familiar, fallecimiento de pariente hasta segundo grado, hospitalización o baja médica del profesional.

En este Pleno se han dado impulso a tres normas importantes para la modernización de la Justicia. (Imagen: Congreso Diputados)

Ahora esta normativa pasará al  Senado. Durante su tramitación se han incorporado diversas enmiendas presentadas por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), fortaleciendo significativamente el derecho de defensa y mejorando la regulación de la abogacía en España.

Entre las mejoras incorporadas al proyecto se encuentra una enmienda transaccional aprobada a última hora y que recoge la propuesta del ICAM sobre el derecho a la información de honorarios profesionales. El ICAM destaca la importancia de esta medida para proporcionar mayor transparencia y seguridad jurídica a los ciudadanos, permitiéndoles conocer los costes aproximados de los procesos judiciales y tomar decisiones informadas sobre su representación legal. Esta regulación de los criterios orientativos sobre honorarios a efectos de tasación de costas es vista como un paso crucial hacia una justicia más accesible y equitativa.

Desde la tribuna del Congreso, donde ha asistido a la votación, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha subrayado que estas medidas son esenciales para garantizar el derecho a la información y una defensa efectiva para todos los ciudadanos: “El derecho a la información de honorarios profesionales es un paso esencial hacia una justicia más accesible y equitativa».

Entre los asistentes a este pleno han estado el presidente electo del CGAE, Salvador González y, la presidenta en funciones del Consejo, Victoria Ortega, acompañados por decanos y exdecanos de diferentes Colegios de la Abogacía de España, entre ellos Eugenio Ribón, decano del Colegio de Madrid, y Jesús Sánchez, del Colegio de Barcelona. (Imagen: Abogacía Española)

Ley eficiencia organizativa sigue

A continuación, se debatió la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Popular al Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Esta enmienda fue rechazada por 170 votos a favor y 178 votos en contra, por lo que la iniciativa continúa su tramitación parlamentaria.

El proyecto busca impulsar una reforma integral de la Administración de Justicia, incluyendo tres ejes fundamentales. El primero de ellos se basa en una reforma organizativa que crea los tribunales de instancia y transforma los Juzgados de Paz en las Oficinas de Justicia en los Municipios, dotando así al Servicio Público de Justicia de especialización y cercanía.

El segundo es una apuesta decidida por los medios de solución de controversias en vía no jurisdiccional en los ámbitos mercantil y civil, como la mediación y el arbitraje para evitar la sobrecarga de juzgados y tribunales. Y en el tercer eje fundamental, la norma supone un gran paso en la protección y defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, al establecer un procedimiento único para abordar las demandas colectivas.

Por último, la Cámara Baja también ha rechazado por una amplia mayoría las enmiendas a la totalidad de la reforma legislativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular y avalada por la Comisión Europea como parte del acuerdo para proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

La norma, que modifica tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, refuerza la independencia y los medios para los profesionales de la Justicia e incorpora las recomendaciones identificadas por la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho referido a España.

En este caso, las enmiendas han sido presentadas por los grupos Mixto (Belarra Urteaga) y VOX. La enmienda del Grupo Mixto se rechazó con 4 votos a favor, 297 en contra y 33 abstenciones; mientras que la enmienda del Grupo VOX fue rechazada por 32 votos a favor, y 302 en contra.