El Congreso de los Diputados al final no citará a los fiscales anticorrupción en la Comisión Koldo la próxima semana

La Comisión que el próximo lunes arrancará oficialmente en el Congreso para investigar las compras de material sanitario durante la pandemia no contará finalmente ni con jueces ni con fiscales pese a estar incluidos inicialmente en la lista de 134 comparecientes acordada este miércoles.

Las recomendaciones realizadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, han sido tomadas en cuenta por la mayoría parlamentaria de la investidura. Por lo que sus citaciones serán revocadas en los próximos días.

El anuncio de la citación para comparecer en la Comisión de Investigación Contratos COVID del Congreso, la llamada “Comisión Koldo”  de Alejandro Luzón (fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción), Ignacio de Lucas (fiscal europeo en representación de España), Laura Codruța Kövesi (fiscal feneral europea) y Ville Itälä (director general de la Oficina europea de lucha contra el fraude), había sido calificada en un comunicado por la Asociación de Fiscales como una forma de instrumentalizar políticamente, controlar y condicionar la actuación de instituciones encargadas de perseguir delitos de corrupción.

En un comunicado hecho público a final de la tarde de ayer por parte de la Asociación de Fiscales (AF), presidida por Cristina Dexeus y con mayoría en el Consejo Fiscal, señalan que estas comparecencias que se iniciarán el próximo lunes 22 de abril suponen la intervención de un poder del Estado en la actuación de órganos que deben ser independientes, y se produce en perjuicio de los presupuestos del Estado de Derecho y quebranta los principios esenciales del derecho español y de la Unión Europea.

Al mismo tiempo, reconoce que la Asociación de Fiscales viene llamando la atención de las instituciones de la Unión Europea y de la opinión pública española de ataques interesados políticamente a fiscales y jueces.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido el primero en dar la voz de alarma este miércoles al pedir por carta al presidente de la Comisión de Investigación creada para investigar contratos durante la pandemia en la denominada comisión Koldo que «reconsidere» la decisión.

García Ortiz considera que Anticorrupción está directamente involucrada en muchos procedimientos objeto de la Comisión y eso podría “perturbar el trabajo del Ministerio Fiscal, que es el ejercicio de la acción penal pública”.

En un comunicado, la Fiscalía sostiene que la comparecencia de Luzón podría constituir “un inconveniente” para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada o, incluso, para las alegaciones al derecho de defensa que pudieran efectuar los afectados por tales investigaciones.

Preguntado por esta cuestión, tanto el ministro de Justicia, Félix Bolaños, como la de Defensa, Margarita Robles, han rechazado que jueces o magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo.

A este respecto, Bolaños insistió este jueves que “no tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo” y, ha señalado, “el mismo principio es aplicable a los fiscales”. “Tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y que están conociendo en su condición de fiscales”, ha precisado.

En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Foro Económico de El Español “Wake Up, Spain!”, Robles ha indicado que, a su juicio, “llevar a jueces y fiscales al ámbito de comisiones no es el procedimiento más adecuado”, y ha alegado que estos profesionales ya “tienen un trabajo que realizar”.

La ministra Margarita Robles también ha señalado su oposición a que los fiscales acudan a dicha Comisión. (Imagen: Moncloa)

La Comisión arranca el lunes 22 de abril

La comisión del Congreso que investigará presuntas irregularidades en contratos de material sanitario cometidas por las administraciones públicas durante la pandemia, que empezará por el llamado ‘Caso Koldo’, incluye a 134 personas e inicia sus primeras comparecencias el próximo lunes 22 de abril. Ese día está citado el exministro de Sanidad, Salvador Illa, candidato del PSOE en las elecciones autonómicas de Cataluña que se celebrarán tres semanas más tarde.

En esa citación ya están confirmas comparecencias de altos dirigentes políticos como los presidentes autonómicos de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; el de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda; y la presidenta de Baleares, Marga Prohens.

También ministros y exministros desfilarán por la Comisión del Congreso, como el de política Territorial, Ángel Víctor Torres, además de José Luis Ábalos y su exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García.

En otro orden de cosas, la propia Asociación de Fiscales seguirá en el grupo de trabajo convocado por el fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

En la reunión de la ejecutiva que se celebró ayer, miércoles 17 de abril, a última hora, finalmente se acordó que éste no es el momento para levantarse de la mesa, a pesar de las múltiples polémicas que se están conociendo sobre las actuaciones de la Fiscalía General del Estado.

Según confirman fuentes cercanas, desde hace unos días la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que ayer comunicó por carta al fiscal general que abandonaba el grupo de trabajo, mantenían conversaciones para analizar cómo actuar frente a los últimos acontecimientos relacionados con el comunicado oficial que emitió la Fiscalía Provincial de Madrid sobre el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, unas informaciones que habrían acrecentado el malestar entre los representantes de la Carrera Fiscal.

Hace unos días, el fiscal general asumía la “responsabilidad absoluta” sobre ese comunicado, pero también se supo que su “número dos”, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, habría ordenado que se estudiara la querella presentada por el novio de Ayuso, el empresario Alberto González, y que se rechazara.

El motivo sería que se mantuviera el mismo criterio que la Fiscalía sostuvo en el caso de la querella que interpuso el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) contra las mismas personas, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal del caso, Julián Salto, por presunta revelación de secreto.

En la nota de prensa oficial que emitió la Fiscalía Provincial de Madrid se detallaban las negociaciones mantenidas entre el abogado de González y el fiscal Salto para acordar una posible conformidad, que no se llegó a concretar.

En este tipo de acuerdos, el investigado reconoce la comisión de delitos a cambio de una rebaja de la pena, normalmente para evitar ingresar en prisión. Estas negociaciones están protegidas por el secreto profesional que ampara a los letrados y en el deber de sigilo que rige a los fiscales en sus actuaciones.

La Asociación de Fiscales que preside Cristina Dexeus es muy crítica ante dichas comparecencias que podrían ser ‘lawfare’. (Imagen: Rosalina Moreno/E&J)

AF y la reforma del Ministerio Fiscal

Pese a estos antecedentes, en la noche de este miércoles la Asociación de Fiscales optó por seguir negociando los contenidos del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. De momento, por lo que acudirán a la reunión a la que se les ha convocado para el próximo 7 de mayo, cuando deberán presentar una metodología de trabajo y los aspectos que se deben reformar.

Fuentes de las distintas asociaciones han confirmado a Economist & Jurist que las prioridades son dotar a la Fiscalía de autonomía presupuestaria y al fiscal general del Estado de una mayor independencia respecto del Gobierno de turno. También establecer una serie de garantías que “blinden” a los fiscales que asuman la instrucción de los procedimientos penales de posibles injerencias de sus superiores.

La reforma del Estatuto se produce como consecuencia de la intención del Gobierno, declarada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, de reactivar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para dejar en manos de los fiscales la investigación de las causas penales. Una reforma que ha generado polémica y que ha dividido a las asociaciones sobre su conveniencia ante las relaciones existentes directas entre el FGE y el Gobierno.

Las asociaciones de fiscales, en términos generales, ven con buenos ojos que sea el Ministerio Fiscal el que asuma la instrucción en las causas penales, pero advirtieron que esta tarea se debe realizar con un nuevo cuerpo normativo que ofrezca las suficientes garantías de independencia a los ciudadanos que acudan a los tribunales.

Y esto necesariamente debe ir vinculado a una serie de reformas que doten al Ministerio Fiscal de autonomía presupuestaria y a la Fiscalía General del Estado de una dosis más elevada de independencia respecto del Ejecutivo de turno.

Desde esta perspectiva, las tres asociaciones de la Carrera Fiscal señalaron que el primer paso para que esa reforma logre que sea el fiscal quien se encargue de la instrucción, como pasa en todos los países de Europa, iría con la necesidad de la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una reivindicación de este colectivo.

De momento, la Asociación de Fiscales, junto con la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación de la que fue presidente y portavoz en su día el propio fiscal general del Estado, Alvaro Ortiz, seguirán participando en esta reforma a través del planteamiento de un nuevo Estatuto, pese a las reticencias que hay en la Carrera Fiscal tras los últimos acontecimientos que han situado a la Fiscalía en el centro de los últimos acontecimientos.