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El Consell, junto al Centro de Mediación de Cataluña y PIMEC, impulsan la primera cláusula de sumisión a mediación

La iniciativa para contratos civiles y mercantiles fue presentada en el ICAB esta semana y ya está siendo difundida entre la abogacía y pymes catalanas

De izda. a derecha: Marta Martínez, presidenta del Consell; Gemma Ubasart, consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña; Jesús Sánchez, decano del ICAB; y Antoni Cañete, presidente de PIMEC, presentan la cláusula de sumisión a mediación. (Imagen: ICAB)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 5 min

Publicado




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El Consell, junto al Centro de Mediación de Cataluña y PIMEC, impulsan la primera cláusula de sumisión a mediación

La iniciativa para contratos civiles y mercantiles fue presentada en el ICAB esta semana y ya está siendo difundida entre la abogacía y pymes catalanas

De izda. a derecha: Marta Martínez, presidenta del Consell; Gemma Ubasart, consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña; Jesús Sánchez, decano del ICAB; y Antoni Cañete, presidente de PIMEC, presentan la cláusula de sumisión a mediación. (Imagen: ICAB)



La abogacía catalana y su tejido empresarial, representado por PIMEC, patronal de las pymes de esta comunidad autónoma, ha dado un paso al frente respecto al problema de la litigiosidad y lentitud de la Justicia. Este martes se presentaba en el ICAB, en un acto muy especial, la primera cláusula de sumisión a mediación para resolver determinados conflictos sin acudir a la vía judicial.

El decano del ICAB, Jesús M. Sánchez, ha inaugurado el acto, junto a Gemma Ubasart, consejera de Justicia, Derechos y Memoria; Marta Martínez, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana; y Antoni Cañete, presidente de PIMEC, que explicaron el porqué de esta alianza entre el mundo de la abogacía y del empresariado en este asunto concreto.



Conforme a un estudio del Banco Mundial, un pleito en primera instancia es de media cuatro veces más caro que una mediación (10.500 euros frente a 2.500 euros). El plazo medio en el Centro de Mediación Empresarial de Madrid para resolver una mediación entre empresas es de aproximadamente 28 días. Mientras que en España, un litigio civil en doble instancia roza una media de 17 meses, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Si las partes recurren al Supremo, añadirán otros dos años más.

Esta iniciativa se pone en marcha cuando el Gobierno, a través de su nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, pretende recuperar el Proyecto de Ley sobre la aplicación de los MASC y la mediación, suspendido por el adelanto electoral del pasado 23 de julio.

Esta iniciativa encauza ahora el Proyecto de Ley de Servicio Público de la Justicia, donde también se habla de la nueva organización de nuestros tribunales con la introducción de los tribunales de instancia y las oficinas de tramitación, establece el uso obligatorio y previo a la vía judicial de los MASC en asuntos civiles y mercantiles.



Sobre esta iniciativa, cabe comentar que al final la difusión de esta cláusula de mediación se va a hacer a través de los catorce colegios de abogados que componen el Consell de l’Advocacia Catalana, así como desde la propia PIMEC, entidad que agrupa en estos momentos a más de 300 gremios y asociaciones empresariales de diferentes sectores y territorios de ámbito catalán y más de 150.000 empresas asociadas.

Debate sobre el uso de la mediación, moderado por Carles García Roqueta. En la mesa, a su derecha, Maria Hilari, decana del Colegio de Abogados de Figueres; a su izda. Inmaculada Barral y Emma Gumbert de PIMEC. (Imagen: ICAB)

Debate sobre la mediación y su uso

Posteriormente, tuvo lugar la sesión sobre la cláusula de sumisión que fue moderada por el diputado de la Junta de Gobierno responsable del Centro ADR-ICAB Mediación, Carles García Roqueta, uno de los creadores de esta iniciativa, donde se debatió sobre el uso de la mediación desde un punto de vista práctico.

En ella intervinieron Inmaculada Barral, catedrática de Derecho Civil, directora de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación; Emma Gumbert, abogada y mediadora experta en organizaciones y vicepresidenta de PIMEC; María Hilari, decana del Colegio de Abogados de Figueres y presidenta de la Comisión de mediación del Consell; Elisa Escolà, abogada experta ámbito mercantil y empresarial; y Marta Méndez, abogada, mediadora y experta en organizaciones.

Como asistentes a la jornada, un nutrido grupo de juristas, desde académicos a magistrados como el caso de Jose María Fernández Seijo, titular del Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Barcelona; profesores de universidad y otros colectivos interesados en conocer esta iniciativa y su uso practico.

El diputado de la Junta de Gobierno responsable del Centro ADR – ICAB Mediación, Carles García Roqueta explica a Economist & Jurist el alcance de la iniciativa: “Es una cláusula consensuada entre el Centro de Mediación de Cataluña, el Consell de l’Advocacia Catalana y la patronal PIMEC para que se pueda introducir en contratos mercantiles y civiles y utilizar la mediación en el caso que se produzca un conflicto entre las partes y evitar que se enquiste y esa relación se rompa”.

Este experto reconoce que “hasta el momento hay muchas cláusulas de sumisión a arbitraje, de hecho, cada entidad arbitral tiene la suya, pero se carece de una cláusula que derive a mediación. Ahora las pymes catalanas y los más de 40.000 letrados de nuestra Comunidad Autónoma podrán utilizarla”.

“Estamos muy satisfechos del resultado conseguido para lograr dicha cláusula. PIMEC ya la ha difundido entre todas sus empresas asociadas y el propio Consell, a través de los catorce colegios asociados, asume el compromiso de darla a conocer a sus más de 40.000 abogados colegiados” aclara este jurista.

Al mismo tiempo reconoce que “ha sido importante la presencia en el acto de presentación de dicha cláusula Gemma Ubasart, consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, amen de otros invitados como jueces y otros operadores jurídicos. Ahora se está haciendo una labor de información para que se puede utilizar con garantías. Con ello lo que pretendemos es que muchas de estas cuestiones se resuelvan en mes y medio o dos meses”.

Este jurista señala que también se muestra esperanzado sobre el futuro de la mediación tras la visita que Félix Bolaños hizo al ICAB el pasado miércoles, donde aprovechó para explicar a la Junta de Gobierno las reformas que quiere poner en marcha para dar más agilidad y accesibilidad a la Justicia. “También nos habló del Proyecto de Ley que ha recuperado sobre los MASC. Habrá que ver como se implementa en el futuro”, destaca.

Carles García Roqueta, acompañado de Maria HIlari, Inmaculada Barral y Emma Gumbert, cree que incluir una clausula de mediación en contratos civiles y mercantiles puede ayudar a agilizar los conflictos fuera de la Justicia. (Imagen: ICAB)

Soluciones extrajudiciales desde el diálogo

García se siente padre de la idea “que ha sido apoyada por el Colegio de la Abogacía de Barcelona, luego se han ido incorporado otros actores como los ya mencionados. Al final vimos que la dimensión era más global. Y nuestro decano, Jesús Sanchez, vio que era el momento de compartirlo con la abogacía catalana y planteárselo al Consell. En este caso el apoyo de la actual presidenta, Marta Martínez, ha sido importante porque ella ha confiado en este proyecto, ya una realidad”.

Al final la cláusula de sumisión a mediación queda redactada de esta manera: “En relación a todas las controversias o diferencias que se puedan derivar del presente contrato, incluyendo, en particular, las relativas a su cumplimiento, interpretación o resolución del mismo se acuerda someterlas preferentemente a una mediación para facilitar su resolución por una vía de gestión dialogada. La mediación se realizará por persona profesional designada de mutuo acuerdo por las partes. En defecto de acuerdo, se derivará la petición de mediación al Centro de Mediación de Cataluña para que nombre a la persona mediadora en los términos regulados por la normativa vigente.”

En definitiva, lo que se pretende es  que “las entidades impulsoras de la cláusula reflejen el consenso entre la Administración, el mundo de la pequeña y mediana empresa y el colectivo de la abogacía en cuanto a la necesidad de establecer elementos de previsión y prevención en los contratos para evitar aparición y enquistamiento de los conflictos, pero sobre todo, en cuanto a la necesidad de impulsar la cultura del pacto y del diálogo como forma de garantizar relaciones comerciales fructíferas y duraderas”.

Para este experto, que coincide con las tesis mostradas hace unos días por el magistrado Pascual Ortuño, que en Economist & Jurist hablaba del papel clave de la abogacía en la difusión de la mediación: “La abogacía no debe verlo como una amenaza a su negocio porque en la mediación acompañan a sus clientes para asesorarles. Además, no todos los asuntos son mediables, pero lo que está claro que en un contexto de tan alta litigiosidad hay que dar una oportunidad a la mediación”.