El Constitucional recibe una veintena de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad sobre la Ley de amnistía

Según un documento al que ha tenido acceso Economist & Jurist sobre los recursos planteados al Tribunal Constitucional (TC), se confirma que Aragón (en sendos recursos de Gobierno y Cortes), Andalucía (Junta), Cantabria (Parlamento), Islas Baleares (que solicita, además, suspensión), Extremadura (Junta), Madrid (Gobierno), Galicia (Gobierno), Castilla y León (Junta), Castilla-La Mancha (Junta), Murcia (Gobierno y Asamblea Regional por separado), La Rioja (Gobierno) y la Comunidad Valenciana (Gobierno) pleitearán porque el TC declare que la Ley de amnistía no tiene encaje en nuestro ordenamiento.

En total, se trata de 16 recursos de inconstitucionalidad, lo que convierte a la amnistía en la Ley más impugnada por esta vía en la historia de la Corte de Garantías, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Sin embargo, las críticas a la Ley de amnistía no quedan ahí. El pasado miércoles venció el plazo para presentar los recursos de inconstitucionalidad, pero aún pueden plantearse cuestiones de inconstitucionalidad —que competen a los jueces y tribunales que deben aplicar la ley— y los recursos de amparo que puedan presentar los particulares.

Hasta la fecha, el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido cuenta con otras cuatro cuestiones relativas a la aplicación de la norma: una de las cuales ha sido instada por la Sala Segunda del Supremo y tres más elevadas desde la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Al mismo tiempo, el Pleno ha admitido a trámite la cuestión elevada por la Sala de lo Penal del alto tribunal sobre el delito de desórdenes públicos, cuyo ponente es el conservador Ricardo Enríquez, el primero de los muchos recursos y cuestiones que espera el Constitucional sobre la norma.

El Tribunal Constitucional ha aceptado también la abstención del exministro de Justicia y magistrado Juan Carlos Campo en el debate de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo contra la Ley de Amnistía.

De esta forma, se va a dar prioridad a la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Tribunal Supremo en julio; un escrito que denuncia la vulneración de los principios de igualdad y seguridad jurídica, y que pregunta al Órgano de Garantías si la ley debe aplicarse o si, por el contrario, no tiene encaje en el derecho constitucional.

Mucho trabajo para el Constitucional

Una vez se resuelvan las dudas manifestadas por el Supremo, será el turno de los 16 recursos de inconstitucionalidad y, tras ellos, el Constitucional se detendrá en los recursos de amparo.

Así las cosas, las impugnaciones que puedan presentar los líderes del procés condenados y procesados, como Junqueras y el expresidente catalán Carles Puigdemont, respectivamente, tendrán que esperar.

Todavía no han podido presentarlos porque sus respectivos casos tienen que agotar antes el recorrido judicial en el Supremo, donde hay recursos pendientes.

El Tribunal de Garantías ya ha asignado cada uno de los recursos a un magistrado para su estudio. El reparto de las ponencias ha alcanzado a todos los magistrados, salvo a Cándido Conde-Pumpido, porque al presidente del TC nunca se le adjudican recursos de inconstitucionalidad ni cuestiones de inconstitucionalidad.

El Pleno del TC, sin Juan Carlos Campo, que se abstiene, y con la presencia de José María Macías, tendrá que lidiar con esta veintena de recursos. (Imagen: Tribunal Constitucional)

De los 16 recursos, nueve incorporan las recusaciones de los magistrados Cándido Conde-Pumpido, presidente del TC; Laura Díez y Juan Carlos Campo. Este último se ha abstenido de participar en las deliberaciones sobre la Ley de amnistía.

El recurso del PP, presentado la semana pasada, se verá el próximo día 24 de septiembre, cuyo ponente es el conservador José María Macías, nombrado a propuesta de los populares.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, era una de las primeras en anunciar, a comienzos de esta misma semana, que su Gobierno había presentado el anunciado recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de amnistía y, además, en el mismo se pedía la recusación de tres magistrados del Tribunal —Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez— por su «pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE».

Por su parte, el Gobierno valenciano, liderado por el popular Carlos Mazón, acordaba seguir la ofensiva en una sesión extraordinaria de su Ejecutivo, convocada para aprobar la presentación de otro recurso análogo contra la Ley de amnistía.

El TJUE acusa recibo

A falta de una actualización de los datos, en los dos primeros meses de aplicación de la amnistía, la norma habría beneficiado a 93 personas, entre dirigentes, activistas y policías; pero se ha revelado inútil para alcanzar uno de sus principales objetivos: el retorno sin consecuencias judiciales para Puigdemont, algo que se consideraba clave para la pretendida normalización política total de Cataluña tras las convulsiones del procés.

El proceso ya está en marcha. La Justicia europea ha confirmado este jueves que ya ha recibido las cuestiones prejudiciales planteadas, respectivamente, por el Tribunal de Cuentas y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre si la Ley de amnistía promulgada por el Gobierno de Pedro Sánchez resulta acorde con el Derecho comunitario.

El Tribunal de Cuentas ha remitido una serie de preguntas a la Justicia europea, ya que en su análisis de las causas contra los expresidentes Carles Puigdemont, Artur Mas y una treintena de altos cargos independentistas catalanes cree que resulta «muy difícil conciliar» la ley española con la «prevención de la impunidad del fraude y la corrupción» establecida en los tratados de la Unión Europea.

En el caso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha decidido plantear esta cuestión prejudicial a la UE, ya que debe dar su veredicto sobre el diputado de ERC, Josep Maria Jové, y el actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, que están acusados de desobediencia, prevaricación y malversación agravada por su papel en los preparativos de la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017.

Aparte del veredicto de la Justicia europea, la Comisión Europea también debe realizar su propio informe sobre la Ley. En su último informe sobre el Estado de Derecho en los países europeos, publicado a finales de julio, Bruselas recuerda que está analizando esta nueva normativa y pidiendo clarificaciones a las autoridades públicas.

El texto también remite al informe de la Comisión de Venecia —órgano consultivo dependiente del Consejo de Europa— en el que este órgano pide eliminar ambigüedades sobre el alcance de la amnistía y evitar el peligro de que el trabajo de las comisiones parlamentarias pueda afectar la independencia judicial.

Cabe recordar que la Ley de amnistía fue admitida el pasado 30 de mayo, con el respaldo de la mayoría absoluta del Pleno del Congreso, que levantaba, de este modo, el veto del Senado y daba luz verde definitiva a su aprobación.

La norma recabó el apoyo necesario, por la mínima, de 177 diputados del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el del exministro de Transportes José Luis Ábalos (ahora en el Grupo Mixto), frente a los 172 en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.