El Dedómetro denuncia: la politización de los altos cargos en el sector público genera directivos dóciles y manejables

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, explicó este miércoles en la presentación de la nueva edición del ‘Dedómetro’ de la Fundación Hay Derecho, informe que analiza la transparencia y los nombramientos de altos cargos en empresas públicas, que los tres elementos que, a su juicio, son clave para preservar la independencia de las instituciones públicas son: la dirección eficaz, la máxima transparencia y una base legal fuerte que garantice la autonomía funcional.

Durante su intervención, Cristina Herrero señaló que la calidad democrática de un país depende de la calidad de sus instituciones, sin que quepan los personalismos de sus dirigentes. Sobre la dirección eficaz, recordó que esos máximos responsables deben ser seleccionados en base a los principios de mérito y capacidad. A su parecer, los diferentes modelos que existen deben garantizar la competencia técnica de los candidatos, la transparencia del proceso y un sistema final de decisión que lleve a que estos candidatos cuenten con el máximo respaldo posible.

A su parecer, es fundamental que el candidato presente un plan estratégico. Una vez elegido el candidato, la validez técnica y los compromisos con la institución y con su independencia deben demostrarse día a día. En el caso de la AIReF, el Plan Estratégico 2020-2026 que presentó Cristina Herrero ante el Congreso se ha ido concretando en planes de actuaciones anuales y en memorias sobre el grado de ejecución de dichos planes.

Sobre el segundo punto, la presidenta recordó que cumplir con la Ley de Transparencia debe ser una obligación irrenunciable de cualquier institución, aunque, a su parecer, se debe ir más allá con un examen continuo al sector público. En este sentido, se refirió a la necesidad de publicar no solo el currículum del dirigente actual, sino también de los anteriores y asegurar la accesibilidad a la información. Según sus palabras, la transparencia y la rendición de cuentas deben ser máximas, algo muy asimilado en las Instituciones Fiscales Independientes como AIReF.

En concreto, en la AIReF la transparencia es uno de los principios rectores, junto a la independencia y la rendición de cuentas. Así, la Institución publica todos los datos y metodologías que hay detrás de los informes y opiniones, identifica los supuestos e hipótesis, hace un análisis de escenarios, desarrolla herramientas interactivas, revisa sus propias previsiones y mantiene una comunicación muy activa.

Finalmente, Herrero se refirió a la necesidad de que las instituciones públicas cuenten con un marco normativo que ofrezca garantías para un ejercicio real de autonomía funcional y de independencia. En este sentido, recordó que la AIReF tiene una tasa de financiación propia, que las Administraciones Públicas (AA. PP.) tienen el deber de colaborar con la AIReF y que las recomendaciones que emite en sus informes se rigen por el principio de cumplir o explicar.

Cristina Herrero en su intervención hablando de ética y de transparencia en el sector público. (Imagen: Hay Derecho)

Un problema grave

Por su parte, Rafael Jiménez, abogado y consultor institucional del sector público, otro de los intervinientes en este acto, puso el dedo en la llaga en su intervención al señalar que “lo que refleja el Dedómetro es una parte pequeña del problema. Cada comunidad autónoma (CC. AA.) tiene cientos de profesionales en puestos de confianza vinculados a partidos políticos. Ese es un problema junto con la falta de datos, con lo cual es difícil saber realmente lo que pasa en nuestro país. La realidad de Madrid no es la española. Los problemas se incrementan en el resto de las CC. AA. Si las instituciones están rotas, el país no funciona”.

Desde su punto de vista, la falta de profesionalización de estos cargos públicos “aboca a los casos de corrupción, como se comprueba en los medios de comunicación. En este contexto, es clave contar con instituciones de calidad, con sentido institucional y no de partido, así incluso lo dice la Agenda 2030 en su considerando 16. Los partidos políticos se han hecho dueños del Estado, lo que ha hecho que en esos puestos hayan colocado a profesionales de perfil muy bajo”.

Para Jiménez, “el gran problema es que en nuestro país mucha gente vive de la política y en algún momento hay que recolocarla. Eso hace que muchas empresas públicas reciban a estos profesionales sin ninguna capacidad para dirigir una compañía con solvencia. En la Generalitat de Cataluña hay 1.000 puestos de confianza y 450 empresas públicas. Se buscan profesionales dóciles vinculados normalmente al partido político que gobierna en esa comunidad autónoma”.

En su opinión, el otro gran problema es la calidad de nuestras instituciones democráticas, que ha bajado considerablemente “por la colonización de los partidos políticos. La actual configuración del Tribunal Constitucional en 2024 es muy diferente a la de los años ochenta. Realmente es para echarse a llorar la composición de este tribunal, que debe velar en teoría por los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Directivos politizados y poco formados

La Fundación Hay Derecho organizó un acto social para presentar su nueva edición del ‘Dedómetro’, un estudio que analiza el mérito y la capacidad de los directivos del sector público, así como la transparencia de estas entidades.

En esta nueva edición del ‘Dedómetro’, Hay Derecho ha centrado su investigación en el sector estatal, analizando el mérito y la capacidad de 215 altos directivos de 40 entidades públicas estatales durante un periodo de 20 años.

Rafael Jiménez pone el dedo en la llaga: el problema es más grave de lo que se piensa. Los partidos colonizan las instituciones. (Imagen: E&J)

En la presentación del informe intervinieron Safira Cantos, directora general de Hay Derecho; Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho y directora de la investigación; y Rafael Rivera, responsable de investigación de datos de Hay Derecho.

Tal y como comentó Elisa de la Nuez, la investigación de Hay Derecho revela que en nuestro sector público estatal prevalece una profesionalización insuficiente y una politización creciente. La puntuación media del mérito y capacidad apenas supera el aprobado (5,15), más de la mitad suspenden y solo 39 de los 215 directivos obtienen una nota superior al 8.

Aunque la idoneidad de los directivos del sector público estatal ha mostrado una leve mejoría, el estudio revela que la politización ha aumentado, comprometiendo la independencia de los directivos y su capacidad de gestión imparcial.

Por su parte, Rivera comentó que además, la alta rotación de los directivos impide desarrollar estrategias a medio o largo plazo. «Los niveles de rotación detectados son incompatibles con el desarrollo de planes estratégicos en las empresas públicas, que deberían también establecer evaluaciones de desempeño y mecanismos de rendición de cuentas», advierte Rafael Rivera. El informe evidencia que cerca de la mitad de los directivos permanecen menos de tres años en el puesto.

Para Safira Cantos, esta investigación de Hay Derecho evidencia que «es esencial que los directivos al frente de empresas y organismos del sector público sean nombrados por su mérito y capacidad, y que se normalicen los procesos abiertos de selección basados en requisitos objetivos».

Malas y buenas prácticas

El Dedómetro 2024 destaca algunos casos de malas y buenas prácticas en términos de mérito y capacidad de los máximos responsables del sector público estatal. Entre los casos negativos, hay tres que se subrayan por distintas circunstancias: Paradores, Correos y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Rafael Rivera, de pie, explica los detalles del Dedómetro, donde la rotación de estos dirigentes y su vinculación a determinados partidos políticos llama la atención. (Imagen: E&J)

Ninguno de los últimos máximos responsables de Paradores tenía una experiencia contrastada en el sector turístico. Raquel Sánchez, su actual presidenta, cuenta con 16 años de experiencia profesional, pero principalmente en cargos políticos no relacionados con el ámbito de la entidad. En cuanto a Correos, la entidad presidida por Pedro Saura muestra una tendencia preocupante hacia la politización en los nombramientos de sus responsables.

Por otro lado, el CIS es un claro caso de regresión en términos de politización. En los últimos 20 años, la entidad ha tenido seis presidentes. En su mayoría eran profesionalmente idóneos para el cargo, aunque hay casos con una gran vinculación política, como el del actual responsable, José Félix Tezanos.

«Por desgracia, el CIS es sólo un ejemplo –ni siquiera demasiado extremo, aunque sí muy vistoso– de una mala praxis absolutamente extendida en nuestro sector público: la de considerar que los puestos directivos de las entidades públicas estatales son un botín a repartir entre los afines», denuncia Elisa de la Nuez.

En cuanto a las buenas prácticas, destacan tres: la de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ya que la entidad presidida por Cristina Herrero se mantiene como autoridad realmente independiente; la del Banco de España, que con Pablo Hernández de Cos al frente confirma la buena senda emprendida tras la crisis financiera de 2008; y la de la CNMV, la entidad presidida por Rodrigo Buenaventura, que exige requisitos objetivos para designar a su máximo responsable.

Niveles decepcionantes de transparencia

Para poder medir el mérito y la capacidad de los responsables de las entidades públicas, la transparencia es fundamental, y por ello el ‘Dedómetro’ 2024 mide también este factor. La investigación de Hay Derecho revela que el 85% de las entidades analizadas incumple la Ley de Transparencia. Solo seis de las 40 entidades publican todos los indicadores requeridos por la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno. Estas son AENA, la AIReF, el Banco de España, la CNMV, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

Además de los nueve indicadores establecidos por ley, Hay Derecho ha evaluado otros 11 indicadores, como, por ejemplo, si la entidad cuenta con una sección de transparencia, si publica los gastos de viaje y otros gastos del máximo responsable, o si ha colaborado activamente con la investigación.

El informe completo y las gráficas del ‘Dedómetro’ 2024 están disponibles para su descarga en este enlace.