El equipo de Bravo buscó en el desguace indicios en un vehículo que el juez rechazó investigar

En el marco de la investigación policial en la que el guardia civil Sergio Bravo aseguró haber falseado informes y empleado técnicas de investigación ilegales, su equipo ha presentado al magistrado Santiago Pedraz el hallazgo del doble fondo de un vehículo, supuestamente dedicado al transporte de droga. Se trata de un automóvil que el juez rechazó investigar en febrero de 2022. El coche se encontraba en un desguace y alguna de sus partes había sido destrozada a patadas en ese lugar.

El equipo de delitos económicos de la unidad orgánica de la policía judicial de la Guardia Civil en la Comandancia de Madrid (Tres Cantos) envía un oficio, que tiene fecha de entrada del 14 de septiembre de este año, sobre un vehículo que, afirman, fue utilizado en las operaciones de traslado y distribución de droga. Se trata, en efecto, de uno de los vehículos que aparecía en los informes de seguimiento y vigilancia que han sido cuestionados por las defensas porque figuraban varios agentes que, en realidad, no se encontraban allí durante todo el operativo. Es el caso, al menos, del informe del 5 de mayo de 2020.

El vehículo al que la Guardia Civil asocia con varias de las operativas de tráfico de drogas llevadas a cabo por la organización y sobre el que consultan el 21 julio del 2023 llevaba de baja desde un mes antes. El coche había sido puesto a disposición judicial 19 meses antes por el abogado del último propietario del vehículo, una persona diferente a aquella sobre la que hacen las investigaciones, concretamente el 3 de diciembre del 2021. El 8 de febrero de 2022, Pedraz dictó una providencia indicando que “no se precisa la entrega del vehículo, habida cuenta de que no resulta necesaria realizar investigación ni estudio alguno sobre el mismo”.

El vehículo en el desguace. (Imagen: E&J)

El oficio explica que el coche fue posteriormente localizado el 22 de junio de 2022 por la policía local Arroyomolinos aunque no se informó a los investigadores de la Guardia Civil. Permanece aparcado, abandonado en la calle, durante un año, hasta que es retirado y enviado al desguace, donde el responsable rompe de una patada la rejilla de separación entre los asientos traseros y el maletero.

No obstante, localizan los puntos donde se encontraba la soldadura y lo reconstruyen. “Pese a ser hallado el doble fondo, al mismo le faltan tapas y moquetas utilizadas para que en un posible control policial, si abren el portón trasero, el doble fondo pasara desapercibido como parte original del vehículo”, reconocen en el propio oficio.

La Guardia Civil muestra fotografías en las que asegura se observa al investigado introduciendo una maleta en la caleta en ese coche en el que “fue observado en diferentes ocasiones tanto realizando carga de sustancias en el garaje comunitario (…) como realizando pases (sic) a los diferentes clientes en garajes comunitarios de la localidad de Las Rozas”.

Los investigadores apuntan ahora que una inspección ocular del vehículo “realizada en tiempo y forma” hubiese resultado “más eficaz” para confirmar “de forma rotunda” que el vehículo disponía de una caleta o doble fondo para esconder la droga durante su transporte.

Rejilla separadora en el vehículo. (Imagen: E&J)

La defensa sostiene que la reja que se ubicaba tras los asientos traseros no es más que una rejilla divisoria o separadora que utilizaba para transportar a sus perros. Aportan imagen de las mascotas del investigado y aseguran que el espacio de la supuesta caleta, que según la Guardia Civil permite albergar hasta 100 kilogramos de cocaína ocultos, extremo que los investigados niegan mostrando con diversas imágenes la imposibilidad de introducir esa cantidad de droga en un espacio como ese.

Según la defensa, las posibles pruebas que se pudiesen haber hallado en el interior del vehículo, que fue utilizado por el investigado, no serían válidas al haberse roto la cadena de custodia, que podría tener una “indudable influencia en la vulneración de los derechos a un porceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia” (STS 744/2013). Elementos relacionados con el delito no sufren alteración alguna hasta que llegan a concretarse como prueba en el momento del juicio

La doctrina del TS indica que “resulta evidente la relación entre la cadena de custodia y la prueba pericial, por cuanto la validez de los resultados de la pericia depende de la garantía sobre la procedencia y contenido de lo que es objeto de análisis” (SSTS 1008/2022). Pero subraya que “la cadena de custodia sirve para acreditar la «mismidad» del objeto analizado, la correspondencia entre el efecto y el análisis o informe, su autenticidad. No es presupuesto de validez sino de fiabilidad” (STS 777/2013). Las defensas consideran que intentan “crear ad hoc indicios que no son tales”.

(Foto: Archivo)

La Guardia Civil se ampara en el secreto oficial para no desvelar las identidades de los agentes

El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, admitió, antes de inhibirse en favor de un juzgado de instrucción de Madrid, una serie de diligencias planteadas por una de las defensas de los investigados en esta causa. Entre ellas, se solicitaban los nombres asociados a las tarjetas de identificación policial que aparecían en los informes para comprobar si formaban parte del equipo aquellos agentes cuyos nombres había pronunciado el brigada Bravo en la conversación cuya grabación se hizo pública. De ser así, el razonamiento del guardia civil, que asegura que todo fue una estrategia encaminada a mostrar un perfil corruptible, pero que no aportó ninguna identificación ni datos ciertos, se vería comprometido.

La Guardia Civil ha respondido a Pedraz que “el inmediato cumplimiento de lo solicitado podría causar un perjuicio irreparable a la seguridad personal de los agentes destinados a la lucha contra el crimen organizado”. “Dicho documento es un elemento esencial para garantizar la privacidad de los datos personales de los componentes de la Guardia Civil con ocasión de sus actuaciones profesionales, más si cabe cuando se trata de asuntos de gravedad relacionados con el terrorismo o el crimen organizado”, explican, subrayando que la TIP no trata solo de proteger a los miembros del cuerpo, sino también a sus familias.

Así, la Guardia Civil considera que las identificaciones de los agentes deben protegerse, teniendo en cuenta la Ley 9/68 de Secretos Oficiales, que les permitiría no divulgar la información relativa a la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“Se puede interpretar que las identidades de los agentes adscritos a Unidades de investigación dedicadas a la lucha contra la delincuencia organizada, en el caso que nos ocupa también la identificación de sus nombres de pila, están incluidos en esa protección jurídica. Por tanto, informar sobre ello podría vulnerar la citada legislación en materia de Secretos Oficiales”, asegura la Guardia Civil.

El escrito, firmado por el capitán jefe de la unidad orgánica de la policía judicial de la Guardia Civil, subraya que los investigadores han sido “sometidos, por parte de algunas de las defensas de algunos de los encartados, a un total de 9 actuaciones judiciales y administrativas (denuncias, querellas y quejas) contra sus personas por hechos directamente relacionados con el procedimiento. Dado que ninguna de ellas ha prosperado, se podría inferir que dicha forma de actuar forma parte de una estrategia de hostigamiento hacia los investigadores”, que pretende menoscabar su estado de ánimo y ralentizar el procedimiento, asegura. Se afirma, además, que hay guardias defensas que están “profiriendo amenazas” contra los investigadores, por lo que facilitar la identificación de las personas implicadas, “podría suponer una situación de riesgo real para su seguridad”.

El supuesto topo

Como han señalado en varias ocasiones, la Guardia Civil apunta en diferentes escritos a filtraciones a la organización investigada desde dentro del propio cuerpo policial. Así, en los últimos informes, recuerdan que, en abril de 2021, “varios de los investigados recibieron información de la fecha de su detención, lo que llevó a abandonar sus viviendas habituales para evitar su detención, manteniéndose prófugos de la justicia durante meses”.

En otro oficio, respecto a la ausencia de consultas informáticas sobre determinados objetivos señala que “debido a las sospechas de posibles filtraciones de personal perteneciente a la Guardia Civil y con lazos con la organización criminal, que justificó la realización de una auditoria interna este equipo de delitos económicos tenía instrucciones precisas de no realizar consultas en determinados periodos”. “No va a ser esta defensa quien ponga en duda tal cosa (que un investigado recibió información procedente de la Guardia Civil), puesto que lo desconoce, pero en caso de haber sucedido, ha quedado evidenciado que las indiscreciones han emanado desde el propio grupo investigador, que además eran quienes sabían los detalles específicos de la explotación de la operación”, manifiestan las defensas sobre este extremo. Esa connivencia entre otro miembro del cuerpo, que está siendo también investigado, y la presunta organización criminal también fue puesta de relieve en el escrito exculpatorio que Bravo envió al juez Pedraz poco después de las primeras publicaciones de este medio, en el que sostenía que todo lo afirmado en la conversación cuyas grabaciones fueron publicadas era falso.

(Imagen: E&J)

A la espera de ser turnado

 Como este medio contó el pasado 18 de octubre, Pedraz acordó enviar el caso a los juzgados de instrucción de Madrid y aún no ha sido turnado. Dado que el asunto no es competencia de la Audiencia Nacional al no encontrarse el delito del que podría ser responsable entre los previstos en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, será un juzgado ordinario el que se encargue de la instrucción. Las defensas consideran que el juez debería haber solicitado que la investigación no se limitase al posible delito por colocar presuntamente artefactos de seguimiento ilegales (artículo 536 CP), como el reconoce en la conversación cuyos audios desveló este medio en una serie de investigaciones los días 12, 13 y 14 de julio de este año. A juicio de los abogados, se debe investigar también las presuntas falsificaciones de informes, contempladas en el artículo 390 del Código Penal, también afirmadas en los audios.