El exministro Rafael Catalá aboga por tipificar delitos que se adapten a la nueva realidad tecnológica

La tecnología ha cambiado y transformado positivamente nuestra vida, aunque la intensificación y la globalización de su uso también han puesto en evidencia la existencia de nuevas amenazas. En un contexto cómo el actual, la seguridad es un elemento a tener en cuenta, especialmente en aquellos sectores que, como en el caso de la abogacía, trabajan con datos e información de carácter sensible. Se ha avanzado mucho en ciberseguridad en los últimos años, pero el ritmo vertiginoso al que evoluciona la tecnología hace necesaria una constante actualización en esta materia. Este era uno de los objetivos del foro «Seguridad de la información en el sector legal», que ha organizado esta mañana Avalora. En ese encuentro ha estado el exministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha abogado por trabajar para adaptarse a una realidad que muta de forma constante.

El exministro considera que se deben tipificar delitos adaptados a la realidad actual de las nuevas tecnologías para que los operadores jurídicos tengan tipos concretos y no se vean obligados a interpretar por analogía. En este sentido, ha recordado que en el año 2015 se tipificaron delitos nuevos en relación a la ciberdelincuencia y se amplió el concepto de pornografía infantil. Respecto a la LECRIM y sus posibles cambios, ha afirmado que, “en este país tenemos una mentalidad muy conservadora. Es verdad que somos muy garantistas, pero solemos ir por detrás de los delincuentes en este campo”, ha dicho al tiempo que subrayaba que la introducción del agente informático encubierto, por ejemplo, ha ayudado mucho en la lucha contra el delito.

El exministro, Rafael Catalá. (Foto: E&J)

«El negocio de la ciberdelincuencia en España asciende a unos 300.000 millones de euros. La fiscalía apunta que son más de 23.000 los delitos anuales relacionados con la delincuencia digital en nuestro país. Solo en los últimos cuatro años, la ciberdelincuencia se ha incrementado un 257%». Así ha dibujado el panorama Catalá, que ha abierto este encuentro celebrado en Madrid con la colaboración de Check Point y Veeam. Ha destacado los riesgos que entrañan este tipo de delitos en lo que respecta a la desinformación, a la protección de datos o, incluso, a la estabilidad de infraestructuras críticas.

“La UE es especialmente activa en esta materia, con múltiples reglamentos y directivas que establecen marcos comunes. En España, a través de la Estrategia de Seguridad Nacional se trabaja también en este sentido”, ha señalado Catalá.

Entre los tipos penales, ha destacado las amenazas, coacciones, revelación secretos, daños informáticos o las estafas que representan un 75% del total de este tipo de delitos. “Aunque el universo es muy superior a lo que reflejan los datos, porque no todo se denuncia”, ha afirmado. Reconoce que lo que más le preocupa son los delitos que afectan directamente a la libertad de las personas: la sextorsión, la pornografía infantil o la violencia de género.

En su opinión, de cara al futuro, además de tipificar los delitos de forma que se adapten a las nuevas realidades, se debe extender la sensibilidad de la sociedad respecto a esta cuestión; desarrollar técnicas que nos permitan afrontar estos problemas y contar con un marco normativo adaptado a las nuevas realidades. Además, dice, se debe establecer una colaboración fluida con fuerzas y cuerpos de seguridad y operadores jurídicos para que estén formados en esta materia.