El expiloto de motociclismo Héctor Faubel, citado a declarar como investigado por presunto delito de alzamiento de bienes 

El equipo Stop and go Racing Team, que actualmente compite en el Campeonato Mundial de Motociclismo en la categoría de Moto2, se ha querellado contra el expiloto de motociclismo Héctor Faubel Rojí, subcampeón del mundo en 2007 y campeón de España de 250cc en 2002, y contra su empresa, Fauson 33, por un presunto delito de alzamiento de bienes. 

Según denuncia, le debe 386.774,17 euros de un contrato de arrendamiento de servicios que suscribieron en 2009 y del que los querellados incumplieron el pago de las cantidades acordadas, y el montante total de lo adeudado, entre los intereses y las costas del procedimiento, asciende a más de medio millón de euros.

La querella, articulada por el bufete de Raúl Castañeda, Preico Jurídicos, ha recaído en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Liria (Valencia), que ha acordado abrir diligencias previas y ha citado a declarar como investigado al expiloto el próximo 4 de junio, a las 11.45 horas. Una resolución que firma la juez María Leticia Ruiz Pacheco. 

El alzamiento de bienes es un delito socioeconómico que consiste en que el deudor sustrae todo o parte de su patrimonio para que sus acreedores encuentren dificultades para cobrar, y que desde la reforma del Código Penal de 2015 pasó a denominarse delito de frustración de la ejecución. 

La querella relata que a día de hoy es imposible el cobro de las cantidades adeudadas, porque «la sociedad parece que ha sido descapitalizada», puesto que no constan datos ni activos a nombre de la misma. Afirma que «tal extremo, unido al hecho de la existencia de otras ocho sociedades en las que Faubel Rojí figura como administrador, son indicio que de que opera en el mercado a través de ellas, con el fin de eludir la responsabilidad pecuniaria a la que viene obligado en virtud de resolución judicial».

«Entendemos que hay claros indicios de la presunta comisión de un delito porque hay un contrato de prestación de servicios, el cual nunca se ha abonado, pese a haber recaído sentencia firme y a partir de ese momento la empresa Fauson parece ser que deja de tener actividad», declara a Economist & Jurist, el abogado de Preico Jurídicos que lleva el caso, Carlos Perales Rey.

Raúl Castañeda, fundador del bufete Preico Jurídicos, un despacho que «se erige como un bastión en la lucha contra las injusticias financieras», tal y como él mismo explicó en una reciente entrevista en ‘Economist & Jurist’. (Imagen: E&J)

La empresa ya fue condenada

Fauson 33, SL, de la que el expiloto es el administrador y socio único, fue constituida en abril de 2003 y se dedica a la participación en eventos deportivos por medio de los empleados o personas contratadas a tal efecto, la explotación de los derechos de imagen de aquellos profesionales o deportistas que lo soliciten, así como a asesoría inmobiliaria en la intermediación para la compra, venta o arrendamiento. 

En su día, Stop and go Racing Team presentó una demanda contra la empresa del expiloto por dicho impago y el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Liria condenó a Fauson 33 a que abonara los 301.387,78 euros que debía (sentencia número 136/2017, de 5 de junio).

Con posterioridad, el Juzgado dictó auto, de fecha 26 de junio de 2019, por el que despachaba ejecución contra la mercantil por esa cantidad en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, más otros 100.462,59 euros, fijados provisionalmente como intereses.

Stop and go Racing Team expone que «tras obtener el pago de una pequeña cantidad mediante el embargo de la cuenta bancaria de la sociedad», la empresa le adeuda todavía 386.774,17 euros. Señala que a la luz del Informe Axesor de diciembre de 2023, la empresa del expiloto «ha disminuido su patrimonio neto de forma considerable desde el año 2008 al 2016, momento éste, del último depósito de las cuentas anuales», y que la falta de los sucesivos ejercicios impide conocer qué ha ocurrido con la sociedad. 

«No obstante, del hecho de que no se haya producido el depósito de las cuentas hace suponer que la misma ha incurrido en pérdidas agravadas, circunstancia de causa de cese de la empresa a efectos mercantiles, sin que se sepan las circunstancias que la motivaron», añade.

(Imagen: E&J)

La querellante apunta que el Juzgado requirió a Fauson 33 que indicara relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, sin que lo cumpliera, y que de la averiguación patrimonial llevada a cabo por el Juzgado a través del Punto Neutro Judicial, se obtuvo que carecía de datos en la AEAT y el catastro.

«Todo ello supuso a esta parte un evidente perjuicio para el cobro de la deuda, al no existir bienes con los que hacer frente al pago de la misma, existiendo indicios que pudieran hacer presumir que la pérdida de activos se hizo con la intención de frustrar el cobro de la deuda de mi patrocinado«, prosigue la querella, afirmando que «apoya dicha tesis» la existencia de todo un entramado societario, formado por ocho empresas diferentes, en las que Héctor Faubel figura como administrador –Fau 55 Racing SL; Racing Team Fifty Five SL; Fau 55 Baricentro SL; Flash Stage Entertainment SL; Team Faubel SL; Fau55, el señor de las bolsas SL; Racing Tools SL; y Pomodoro MPH SRL– y que «de una somera investigación preliminar se deduce que las mismas llevan varios años sin presentar las cuentas anuales, siendo las más tardíamente presentadas las correspondientes al año 2022».

Las diligencias solicitadas

Para la comprobación de los hechos, Preico Jurídicos pidió una batería de medidas, entre ellas que se citara a declarar a los querellados, y se solicite al Registro Mercantil que remita las cuentas anuales de Fauson 33 correspondientes a los ejercicios 2009 a 2016, al Registro de la Propiedad que remita informe histórico de bienes inmuebles inscritos a nombre de la mercantil querellada, y a la Administración Tributaria que remita certificado acerca de las operaciones efectuadas por la sociedad. 

Asimismo, interesó que se pida a la Tesorería General de la Seguridad Social que remita certificado acerca de las personas empleadas en la sociedad querellada, desde la fecha de constitución hasta la actualidad, y que al Registro Mercantil se soliciten las notas informativas mercantiles de las otros ocho sociedades.

«Ahora, estamos a la espera de que el Juzgado instruya la causa a fin de dirimir responsabilidades», concluye el abogado.