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El Gobierno balear restringe a 50.000 euros el presupuesto de su Oficina Antifraude: la aboca al cierre a corto plazo

Es previsible que el Parlament apruebe en febrero una moción para que se suprima dicha entidad

Declaración de Barcelona de todas las Oficinas Antifraude, donde se habló a nivel general de la necesidad de que estas entidades estén operativas. (Imagen: Oficina Antifraude Catalunya)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 6 min

Publicado




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El Gobierno balear restringe a 50.000 euros el presupuesto de su Oficina Antifraude: la aboca al cierre a corto plazo

Es previsible que el Parlament apruebe en febrero una moción para que se suprima dicha entidad

Declaración de Barcelona de todas las Oficinas Antifraude, donde se habló a nivel general de la necesidad de que estas entidades estén operativas. (Imagen: Oficina Antifraude Catalunya)



A raíz de que la prensa balear descubriera el caso en el Ayuntamiento de Campos que salpicaba a un familiar de la actual presidenta balear, el futuro de la la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Islas Baleares (OABI), que dirige Tofol Mila, se ha cuestionado de forma notable, de tal forma que PP y VOX han presentado una proposición en el Parlament que pide su supresión.

Esta oficina, creada en 2016, sigue haciendo su trabajo, pese a la incertidumbre  que rodea su actividad a lo largo de estos dos últimos años. Y ha dividido al Parlament. Mientras que PP y VOX piden su supresión, los otros tres partidos de izquierda, PSOE, Podemos y MasMallorca se han unido para detener lo inevitable, un cierre, que sería según todos los expertos consultados por este diario, frente a la corrupción.



Dicha proposición de control de cargos públicos en su disposición adicional única plantea derogar la ley que ampara dicha Oficina. Ahora mismo, está en fase de alegaciones, cuyo plazo acaba el próximo lunes, 15 de enero. Con posterioridad, tendrá que crearse la ponencia en la comisión correspondiente para llevarse al Pleno del Parlamento, que lo discutirá el próximo mes de febrero.

Al final, la ley que se apruebe con el cierre de dicha oficina entraría en vigor el próximo mes de marzo.

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