El Gobierno controlará los medios de comunicación a través de un registro que gestionará la CNMC

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Acción por la democracia que anunció hace meses el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que tiene como principales ejes de actuación en sus 31 medidas: ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental, fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del ecosistema informativo y reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral.

Se da la circunstancia que ninguna asociación profesional de periodistas ha sido consultada para poner en marcha este plan. De hecho, desde varias asociaciones profesionales y otras entidades están a la espera de conocer el texto de este plan de regeneración , que ha generado tanta suspicacias, para dar su opinión.

El presidente del Gobierno prometió presentar este proyecto tras los cinco días de reflexión que se tomó el pasado mes de abril para decidir si le merecía la pena seguir al frente del Ejecutivo ante la supuesta campaña de acoso que consideraba que existía contra él y su familia.

Los ministros de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el de Cultura, Ernest Urtasun, han sido los responsables de detallar este plan que ahora deberá ser convalidado en parte por el Congreso de los Diputados.

De ahí que la coalición de Gobierno se haya visto obligado a ceder en algunas de las exigencias históricas de sus socios, como la reforma de la Ley de secretos oficiales o la de injurias a la Corona o a la bandera de España.

Bolaños ha proclamado que su Ejecutivo se propone «restaurar la confianza en nuestra democracia» y hacerla «más fuerte». En ese plan se incluirán medidas para que las instituciones sean «más transparentes» y «obligarán a todos los gobiernos» a «rendir cuentas de las políticas que llevan a cabo».  De momento, los datos revelan que el Gobierno incumple la ley de Transparencia de forma notable .

Habrá, además, una reforma de la ley de secretos oficiales por ser «preconstitucional» y «estrategias para fomentar la lucha contra la corrupción».

Ernest Artasun, ministro de Cultura, también indica que se limitará la publicidad institucional en los medios. (Imagen Borja Puig de la Bellacasa, Moncloa)

Reformas de honor y rectificación

Bolaños también ha anunciado una reforma de las leyes que regulan el derecho al honor y el derecho a la rectificación porque, a su juicio, el actual es un régimen que «ha quedado claramente obsoleto». En 1982 y 1984, ha señalado, «no se podía prever» el «ecosistema de medios» actual. El fin es «garantizar una respuesta ágil y efectiva de los tribunales» a «medios o pseudomedios».

El plan es una «hoja de ruta» –así lo ha bautizado Félix Bolaño– que tendrá que tener el visto bueno tanto del Congreso y del Senado y que cuenta con más de una treintena de medidas.

Utasun, el encargado de anunciar el grueso de las medidas relacionadas con la prensa, ha señalado que se definirá «qué es un medio de comunicación» y se creará «un registro con información pública» sobre los dueños y la inversión publicitaria que reciben. El registro, para cuya creación se escudan en el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, será «elaborado y tutorizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que preside CNMC.

Se establecerá la obligación de publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas y se establecerán límites a la cuantía que estas administraciones pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de las mismas.

Además, se proponen medidas que refuercen los derechos al honor y a la rectificación de los ciudadanos cuando se vean afectados por informaciones inexactas o sesgadas. En este contexto, Sánchez también mencionó la importancia de actualizar la Ley de Publicidad Institucional para que responda a los nuevos desafíos del siglo XXI, caracterizados por la rápida difusión de bulos en redes sociales y otros canales digitales.

Este plan no sólo se centra en los medios de comunicación, sino que también incluye reformas para mejorar la transparencia en la gestión pública. Entre las propuestas, se incluye una mayor apertura de datos sobre la contratación pública y la publicación de las decisiones que afecten a la vida económica y política del país.

Según algunos directores de medios, el Gobierno quiere controlar lo que se diga en ruedas de prensa como ésta de Bolaños. (Imagen: Ministerio de justicia)

Mas control y transparencia

Todo ello, con el objetivo de que los ciudadanos puedan ejercer un control más efectivo sobre sus gobernantes y se incremente la confianza en las instituciones.

El plan se desarrollará en los próximos tres años e incluye medidas prometidas desde hace años a los socios parlamentarios del Gobierno, como la reforma de los delitos de injurias a las instituciones del Estado u ofensas a los sentimientos religiosos, o la actualización de la ley de secretos oficiales.

El objetivo, ha manifestado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, es ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del «ecosistema informativo»; y reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral.

Entres las propuestas novedosas, se plantea diversas reformas legales para establecer la obligación de celebrar anualmente el Debate del Estado de la Nación y publicar todos los datos con los que fueron elaboradas las encuestas electorales.

El futuro del Plan de Acción por la Democracia dependerá en gran medida de las negociaciones entre el Gobierno y sus socios parlamentarios. Aunque el PSOE ha recogido propuestas de otros grupos políticos, como Sumar y ERC, todavía quedan puntos de desacuerdo que deberán resolverse para asegurar una aprobación sin sobresaltos.

Los votos del PNV o Junts será esenciales, por lo que se prevén unas negociaciones complejas en el que promete ser uno de los temas más candentes del nuevo curso político en España.

Las primeras críticas no se han hecho esperar. El portavoz popular Miguel Tellado cree que “Sánchez no es quien para definir lo que es un medio de comunicación. Es una deriva peligrosa que pueda complicar la existencia en los medios de comunicación”.

Directores de medios como Francisco Marhuenda en La Razon; Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad  Digital  o Francisco Rosell, director de Vozpópuli han mostrado en declaraciones a Telemadrid, su malestar ante este plan de regeneración y vuelve a insistir que el presidente Sánchez lo que tiene que hacer es aclarar la situación de los negocios de su mujer y hermano. “Es un plan peligroso que quiere hacer callar las voces críticas», indican.