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El Gobierno estudia una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para prohibir los pisos turísticos en comunidades de propietarios

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, considera necesario perseguir el fraude y los alojamientos ilegales

María José García-Pelayo, presidenta de la FEMP, con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. (Imagen: Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 8 min

Publicado




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El Gobierno estudia una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para prohibir los pisos turísticos en comunidades de propietarios

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, considera necesario perseguir el fraude y los alojamientos ilegales

María José García-Pelayo, presidenta de la FEMP, con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. (Imagen: Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana)



La situación de los pisos turísticos sigue dando que hablar. El reportaje que Economist & Jurist publicaba este lunes generada un notable impacto mediático con otros medios como la COPE de Carlos Herrera entrevistando a alguno de nuestros protagonistas en dicho reportaje como el abogado Alejandro Fuentes-Lojo. Y es que el debate ante un parque de 370.000 pisos turísticos en nuestro país está abierto. Se trata de regular de otra forma o de prohibir su desarrollo, algo que no será sencillo.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este martes en una entrevista en Telecinco que el Gobierno está estudiando una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para vetar los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios, al considerar que esas viviendas ejercen una actividad económica.



Aunque sin concretar detalles, Rodríguez ha apuntado a que el objetivo es permitir una mayor «implicación» de los vecinos para que sean ellos quienes permitan o no explotar por esta vía pisos ubicados en su edificio.

Rodríguez ha argumentado que esta decisión es consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya se pronunció en este sentido el año pasado en dos sentencias sobre dos vecindarios de Oviedo y San Sebastián. «Hay algunos pronunciamientos que ya consolidan la doctrina en ese sentido», ha defendido la ministra.



En concreto, los magistrados concluyeron que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica, por lo que dio la razón a dos comunidades de propietarios y ordenaron el cese de la actividad de alquiler turístico en varios pisos.



«A partir de ahí, van a ser las comunidades de vecinos las que van a poder también participar en este tipo de decisiones, porque este fenómeno, que no es exclusivo de nuestro país, afecta a todo el mundo y a las principales capitales del entorno europeo», ha explicado Rodríguez.

Actualmente, la Ley de Propiedad Horizontal ya condiciona la implantación de pisos turísticos en las comunidades de vecinos al voto favorable de tres quintas partes del total de propietarios, que han de representar a su vez tres quintas partes de las cuotas de participación. El Gobierno querría ir más allá de esta salvaguardia, según las declaraciones de la ministra, que ha evitado concretar en qué sentido estudian modificar la normativa. «No hemos entrado al detalle», ha reconocido. «La idea es facilitar todos los instrumentos y, si es necesario, modificar la ley de propiedad horizontal», se ha limitado a decir, matizando que cambiar esta norma requeriría «forjar» un apoyo parlamentario suficiente.

Reunión de la ministra Isabel Rodríguez con la plana mayor de la FEMP para analizar la situación de los pisos turísticos. (Imagen: Ministerio de Vivienda)

Los problemas de estos alquileres

Rodríguez ha criticado que la proliferación de pisos turísticos está colisionando con el derecho y el acceso a una vivienda digna, está elevando el precio de los alquileres y limitando la oferta en el alquiler residencial. Por ello, ha celebrado que las comunidades autónomas estén tomando «cartas en el asunto» y ha destacado igualmente el papel de los municipios como «primera ventanilla» a la que acude el ciudadano. «Todas las administraciones están dando pasos importantes en la idea de regularizar este fenómeno», ha destacado.

Con posterioridad, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha reunido este martes con la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las comisiones de Vivienda y de Turismo de esta organización municipalista con cuyos representantes ha acordado comenzar a trabajar de forma conjunta para abordar la situación de los pisos turísticos.

Entre las posibles soluciones, se ha planteado la posibilidad de estudiar algunas modificaciones legislativas, como la Ley de Propiedad Horizontal, para que los vecinos tengan poder de decisión sobre el establecimiento de pisos turísticos en sus fincas.

En el encuentro también ha participado la secretaria de Estado de Turismo (Ministerio de Industria y Turismo), Rosario Sánchez Grau, cuyo departamento gestiona la Plataforma de Registro Único Estatal que aunará los alojamientos turísticos, alquileres de temporada y de habitaciones de corta duración.

En la última Conferencia Sectorial de Vivienda, celebrada en mayo, MIVAU anunció que, junto al Ministerio de Industria y Turismo, adelantarán el cumplimiento del reglamento europeo que recoge los datos de pisos turísticos, lo que permitirá crear una plataforma estatal con las CCAA para compartir los datos y sobre estos alojamientos con el fin de combatir el fraude. “Se trata de dar seguridad, tranquilidad, y de poder trabajar conjuntamente estas normativas nuevas que estamos abordando”, ha señalado Isabel Rodríguez.

Ley de Propiedad Horizontal

La decisión de estudiar una posible modificación de la Ley de Propiedad Horizontal se basa en dos sentencias del Tribunal Supremo (1643/2023, de 27 de noviembre, y 1671/2023, de 29 de noviembre), que hablan de la necesidad de dar más poder de decisión a los vecinos y las vecinas de las propiedades de Fincas.

Y en este sentido, “todas las administraciones están dando pasos importantes en la idea de regularizar este fenómeno”, ha explicado la ministra. “Lo que voy a hacer es ofrecer una norma con la idea de facilitar todos los instrumentos. Si es necesario abordar la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, haremos una propuesta”, ha detallado, además de añadir que “para poder llegar a esa consecución, necesitaremos después forjar los acuerdos parlamentarios, y tengo confianza en que en un asunto como este lo vamos a hacer”.

Esto es algo “que preocupa a todos los alcaldes y que también trabajamos con la FEMP, convencidos de que estamos ante una actividad económica y eso implica también algunas afectaciones normativas”. “Incluso algunos planteamientos que se están haciendo dentro del propio Ecofin, en el seno de la Unión Europea, y también implica la posibilidad de que las comunidades de vecinos puedan vetar, en su caso, ese tipo de instalaciones con la reglamentación de la LPH”, ha detallado señalado.

En esta reunión de trabajo, los técnicos de la FEMP y del Ministerio han debatido sobre la viabilidad de los pisos turísticos. (Imagen: Ministerio de Vivienda)

“Los estándares de calidad también han de estar contemplados en este tipo de alojamientos y cuando se trata de alojamientos ilegales, normalmente esos estándares de calidad no se ajustan a las normativas en vigor.

Por tanto, perseguir el fraude y esos alojamientos ilegales es uno de los objetivos a los que estamos comprometidos todas las administraciones públicas”, ha destacado Isabel Rodríguez.

Una de las cosas que ha pedido vigilar de cerca la ministra es que esas casas que funcionan como alojamientos turísticos cumplan todos los requisitos legales exigidos, sin operar al margen de la ley. Se trata de una de las grandes denuncias de sectores como el hotelero, que los consideran una competencia desleal al jugar con reglas distintas y ponen el foco en el perjuicio que tiene para las cuentas públicas el dejar de ingresar los tributos pertinentes.

En ese sentido, el Ministerio se descarga de presión ante un problema que parece ir en clara ascensión, pues las normativas son de carácter regional y municipal, transferencias en materia de turismo a nivel autonómico y de forma local en cuanto a las licencias. De modo que, tras haber mantenido en mayo una reunión con las comunidades autónomas, ahora ha llegado el turno de los ayuntamientos.

Plataforma de Registro Único Estatal

Para la decisión de crear una Plataforma de Registro Único Estatal se han tenido en cuenta diversas sentencias del TJUE (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 22 de septiembre de 2020, que se refiere a la “razón imperiosa para el interés general cuando se habla de vivienda”.

“Entre otras cosas, esa Plataforma nos va a permitir perseguir algo en lo que todos coincidimos: hemos de abordar el fraude, el abuso de este tipo de situaciones que están lesionando el derecho a la vivienda con un uso residencial”, ha expuesto la ministra.

Amplia representación institucional en la reunión con los representantes de la FEMP, celebrada en la sede oficial de la organización municipalista, en Madrid, junto a la ministra y la secretaria de Estado de Turismo, han estado presentes por parte de MIVAU: el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas; el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero; la subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Llanos Castellanos, y los directores generales de Vivienda y Suelo y de Planificación y Evaluación, Javier Martín y Ana Berenguer, respectivamente.

A su llegada, la ministra ha sido recibida por la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, por la vicepresidenta primera de la FEMP, Inés Rey García, y el secretario general, Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda, además de los portavoces de los distintos grupos.

Oscar Perelló, Gabriel Escarrer y José Luis Zoreda, directiva de Exceltur, son más partidarios de la prohibición de estos pisos turísticos. (Imagen: Exceltur)

El equilibrio de la Comunidad de Madrid

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha reiterado este martes la apuesta del Gobierno regional para mantener el «equilibrio» entre el derecho de los vecinos al descanso y los pisos turísticos como actividad económica.

Así lo ha indicado el consejero después de que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana haya apuntado que el Gobierno está valorando una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para vetar los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios, al considerar que las viviendas ejercen una actividad económica.

En declaraciones a los medios desde la Consejería, el consejero madrileño de Vivienda ha recalcado que el Gobierno madrileño apuesta por que haya «un equilibrio entre el derecho al descanso, fundamentalmente de los vecinos que tienen cerca pisos turísticos y, sobre todo, también, al mismo tiempo, respetar esa actividad económica que son los pisos turísticos».

En la misma línea, ha recalcado que el Gobierno regional lo que está haciendo actualmente es trabajar con el fin de tener una mayor seguridad jurídica respecto al establecimiento de los pisos turísticos en la región, recordando que ya se ha anunciado desde la Consejería de Cultura y Turismo un incremento en el número de inspectores.

Por su parte, la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), lobby que agrupa a los principales gigantes del sector como Meliá o Iberia, aplaude la iniciativa del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de eliminar las viviendas turísticas en 2029, pero avisa de que su éxito dependerá del Gobierno central.

«Es un paso valiente ante un problema de la ciudad de Barcelona» que se debe a «15 años de políticas buenistas equivocadas por parte de los responsables turísticos de la Generalitat que admitieron un crecimiento legal de viviendas sin previsión ni control», ha defendido el vicepresidente del lobby, José Luis Zoreda.

En la actualidad, en Barcelona hay 10.000 pisos turísticos y 40.000 plazas legales. El alcalde Collboni pretende eliminar todas esas plazas, a partir de una regulación aprobada por la Generalitat que permite a cada ayuntamiento decidir dentro de cinco años, en 2028, si mantiene las licencias vigentes o las elimina. Pero eso no evita el problema al que se enfrentan otras muchas comunidades, como Madrid, donde apenas hay 1.000 viviendas con licencia, pero la oferta real asciende a 15.000, según esta entidad

En España, la vivienda turística está regulada a nivel municipal en muchas localidades y el gran agujero es que no se cumple la regulación. Nosotros pedimos al Gobierno de España, que es el que tiene las competencias exclusivas a nivel estatal para hacer que se cumpla, que ponga en marcha la normativa sobre sociedad de la información para que no se pueda publicar en ninguna página web una oferta de alojamiento ilegal», ha explicado el director del área de estudios e investigaciones de Exceltur, Óscar Perelli.

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