El Gobierno pretende cambiar la Ley para que sus candidatos al Constitucional sean elegidos

Según la última reforma introducida por el Gobierno en la Ley Orgánica del Poder Judicial, los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenían como fecha tope el 13 de septiembre para elegir a dos magistrados del Tribunal Constitucional. Tres meses después, esa selección no se ha producido, y el Gobierno ha decidido tirar por la calle de en medio. Ha impulsado dos enmiendas en la norma por la que quiere modificar el delito de sedición para desatacar la situación y, de paso, asegurarse que los dos candidatos que ha designado para formar parte del Tribunal de Garantías son elegidos sin problemas.

La primera enmienda reformará una vez más la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial para cambiar la mayoría de tres quintos que debe sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados del Constitucional que le corresponden por una mayoría simple. Asimismo, establece unos plazos de obligado complimiento para forzar a los vocales del CGPJ a designar a los dos magistrados del TC.

Se modifica la redacción del artículo 599. 1.1ª de la Ley del Poder Judicial, de manera que en el plazo de cinco días hábiles, “los vocales del Consejo puedan proponer a la presidencia candidatos a magistrado o magistrada del Tribunal Constitucional”. Cada vocal podrá proponer solo a un candidato y, una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas, la persona que ejerza la presidencia tendrá que convocar un pleno en el plazo de tres días hábiles para proceder a la elección de los dos magistrados. El pleno tendrá que celebrarse en el plazo máximo de tres días hábiles desde su convocatoria.

En cuanto a la votación de los candidatos, éstos serán elegidos por los vocales presentes, sin necesidad de un quorum mínimo y en una votación única. Cada vocal podrá votar a un solo candidato o candidata, y resultarán elegidos los dos magistrados o magistradas que hayan obtenido un mayor número de votos en lugar de tres quintos de los emitidos, como hasta ahora.

Para garantizar la renovación en el plazo que establece la ley se ha añadido una cláusula que indica que, en caso de que los vocales o el presidente del CGPJ insistan en el bloqueo, se incurrirá en responsabilidades «de todo orden, incluida la penal».

Tribunal Constitucional. (Foto: E&J)

Modificación de la Ley del TC

La segunda enmienda presentada hoy modifica la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional. En este caso, el Gobierno busca que, si transcurridos los nueve años y tres meses de mandato de los magistrados propuestos por el CGPJ y por el Gobierno, “uno de estos dos órganos no hubiera realizado su propuesta, se procederá a la renovación de los magistrados designados por el órgano que haya cumplido con su deber constitucional”.

En estos momentos está pendiente de selección un tercio de los magistrados del Constitucional. Dos deben ser elegidos por el Gobierno y otros dos por el CGPJ. El Gobierno escogió la semana pasada a sus dos candidatos, el magistrado de la Audiencia Nacional y exministro Juan Carlos Campo y la catedrática de Derecho Constitucional y ex directora general de Presidencia Laura Díez. Como la ley establece que la remodelación se tiene que hacer por tercios, los propuestos por el Ejecutivo no pueden ser elegidos hasta que el CGPJ haya seleccionado a sus dos candidatos. Con la enmienda propuesta por el Gobierno, ya no sería necesario que el CGPJ designara a sus candidatos para que los designados por el Ejecutivo pasen a firmar parte de TC.

Este no es el único cambio que se va a producir por la vía de esta enmienda, ya que se suprime también la verificación por parte del Tribunal Constitucional de los nuevos magistrados. Serán los órganos proponentes que prevé la Constitución –Congreso, Senado, CGPJ y Gobierno– los que tendrán la obligación de comprobar que los magistrados designados cumplen con los requisitos exigidos, en lugar de los magistrados del Tribunal Constitucional.

De este modo, el Gobierno se garantiza el nombramiento de Laura Díez y Juan Carlos Campo, que de momento había sido paralizado por el Tribunal Constitucional.

Justificación del PSOE

El PSOE justifica estas enmiendas por la actitud «antidemocrática» y «antisistema» del PP y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, y también por el «intolerable» incumplimiento de la ley en el que, en su opinión, están incurriendo «algunos miembros» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha afirmado que han tomado la decisión de poner en marcha estas enmiendas “ante un PP antisistema sin ninguna cultura democrática ni sentido de Estado”. “Queremos garantizar el cumplimiento del mandato constitucional y devolver la normalidad a las altas instituciones del Estado», ha comentado López, quien ha cargado contra Feijóo por sus declaraciones en las que justificaba el «bloqueo» en la renovación del TC en la necesidad de «proteger» al Alto Tribunal del Gobierno de Pedro Sánchez.

Pleno del CGPJ (Foto: CGPJ)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado de lo que supone el nuevo paso de Pedro Sánchez en su asalto al Constitucional, cambiando las reglas de elección de los magistrados por la puerta de atrás y en pleno puente para asegurarse su control. En su opinión, lo que se ha propuesto este viernes en el Congreso es «un paso más para la demolición del Estado de Derecho en España» y que tiene el fin «de acallar a quien se atreva a denunciarlo».

Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha instado al PP a presentar una moción de censura para parar los pies a Pedro Sánchez, a quien ve como autor de un «autogolpe» y como «un aprendiz de dictador».

Ante lo que considera el nuevo asalto judicial que supone la reforma para modificar la elección del Constitucional, Arrimadas ha destacado que es la primera vez «que se destruyen los pilares del Estado desde el Gobierno». Sánchez, ha denunciado, está atacando la Justicia, la Corona o el Código Penal, todos esos instrumentos que sirvieron -ha dicho- para parar «el golpe de Estado» del 1-O en Cataluña.

Vocales del CGPJ han visto con preocupación la maniobra del Gobierno y han comenzado a trabajar para neutralizarla. Ocho magistrados conservadores han solicitado al presidente en funciones, el progresista Rafael Mozo, la convocatoria de un Pleno la próxima semana para adelantar la votación de los magistrados del TC prevista para el próximo día 22. De salir adelante la elección, sortearían la reforma del Ejecutivo, al no haber entrado aún en vigor.