El Gobierno refuerza la asistencia y el apoyo a las víctimas de delitos
Potencia oficinas de asistencia de diferentes provincias y crea la OAVD en la AN
Ministerio de Justicia. (Foto: Ministerio de Justicia)
El Gobierno refuerza la asistencia y el apoyo a las víctimas de delitos
Potencia oficinas de asistencia de diferentes provincias y crea la OAVD en la AN
Ministerio de Justicia. (Foto: Ministerio de Justicia)
Asimismo, se refuerzan con nuevos puestos de trabajo las oficinas de asistencia a las víctimas del delito de Mallorca, Ibiza, Menorca, Ávila, Burgos, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Cáceres, Plasencia, Badajoz, Mérida, Murcia, Cartagena, Ceuta y Melilla.
Las OAVD son un servicio multidisciplinar de atención a las necesidades de la víctima, de carácter público y gratuito, implantado por el Ministerio de Justicia de acuerdo con la Ley 35/1995 de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual.
Son unidades dependientes del Ministerio y están integradas por personal adscrito a la Administración de Justicia, además de profesionales de la psicología o cualquier personal técnico que se considere necesario para la prestación del servicio.
Tienen como objetivo general prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas como consecuencia del delito y dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social (artículo 17 Real Decreto 1109/2015).
Ofrecen una asistencia integral de apoyo y acompañamiento a las víctimas durante el proceso, proporcionándoles información en el ámbito jurídico y social, «derivándolas a todos los recursos públicos disponibles», y facilitan asistencia psicológica cuando se requiere. «Antes, durante y, por un período de tiempo adecuado, después de la conclusión del proceso penal», precisa el Ministerio.
Aquí puede ver las nuevas plazas:
Las víctimas del delito pueden ser directas o indirectas
El Estatuto de la víctima del delito y el Real Decreto 1109/2015, en sus artículos 2.a) y 13.1.a), respectivamente, recogen como víctimas directas del delito, con carácter general, a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito.
También pueden producirse víctimas indirectas, en los casos de muerte o desaparición de una persona que haya sido causada directamente por un delito, salvo que se tratare de los responsables de los hechos, (artículos 2.b) del Estatuto de la víctima del delito y 13.1.b) del Real Decreto 1109/2015).
La asistencia a las víctimas se realiza en cuatro fases: acogida-orientación, información, intervención y seguimiento (artículo 25 del Real Decreto).
Sin denuncia previa
Creación de 70 unidades judiciales
El pasado 27 de diciembre, el Consejo de Ministros también aprobó la creación de 70 unidades judiciales, con el objetivo de «canalizar el previsible incremento de la litigiosidad y adaptar la planta judicial a las necesidades existentes, para garantizar a la ciudadanía la efectividad de la protección judicial de sus derechos».
De dicho Real Decreto destacan también las medidas adoptadas en materia de violencia de género, con la creación de nuevos juzgados exclusivos y la formalización de nuevas agrupaciones de juzgados en esta materia. El objetivo es «extender la jurisdicción de los juzgados de violencia sobre la mujer a dos o más partidos judiciales, para lograr un correcto equilibrio entre el mantenimiento de una proximidad razonable del juzgado respecto de las víctimas y la respuesta especializada que exige este tipo de procedimiento», indicó el Ministerio.
Bolaños señaló que este aumento de la planta judicial es «una muestra del compromiso de este Gobierno con el servicio público de Justicia y un avance para seguir impulsando la necesaria transformación del sector en nuestro país». «El impacto que la buena marcha de la Administración de Justicia tiene en la vida social y económica es indudable y estas medidas contribuyen a una activación económica eficaz y a la tutela efectiva de los derechos y libertades», sentenció.