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Actualidad

El Gobierno refuerza la asistencia y el apoyo a las víctimas de delitos

Potencia oficinas de asistencia de diferentes provincias y crea la OAVD en la AN

Ministerio de Justicia. (Foto: Ministerio de Justicia)

Rosalina Moreno

Redactora jefa




Tiempo de lectura: 4 min

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El Gobierno refuerza la asistencia y el apoyo a las víctimas de delitos

Potencia oficinas de asistencia de diferentes provincias y crea la OAVD en la AN

Ministerio de Justicia. (Foto: Ministerio de Justicia)



El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha aprobado un orden ministerial con la que se refuerza la asistencia y el apoyo a las víctimas de delitos. En ella, se crea la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) de la Audiencia Nacional (AN), con la con lo que, por primera vez, se ofrecerá este servicio integral a las víctimas de diversas macrocausas que se dirimen en este órgano judicial, que también cuenta con una Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional y que ahora también se refuerza. 

Asimismo, se refuerzan con nuevos puestos de trabajo las oficinas de asistencia a las víctimas del delito de Mallorca, Ibiza, Menorca, Ávila, Burgos, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Cáceres, Plasencia, Badajoz, Mérida, Murcia, Cartagena, Ceuta y Melilla.



Las OAVD son un servicio multidisciplinar de atención a las necesidades de la víctima, de carácter público y gratuito, implantado por el Ministerio de Justicia de acuerdo con la Ley 35/1995 de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual.

Son unidades dependientes del Ministerio y están integradas por personal adscrito a la Administración de Justicia, además de profesionales de la psicología o cualquier personal técnico que se considere necesario para la prestación del servicio.

(Imagen: Ministerio de Justicia)



Tienen como objetivo general prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas como consecuencia del delito y dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social (artículo 17 Real Decreto 1109/2015).​

Ofrecen una asistencia integral de apoyo y acompañamiento a las víctimas durante el proceso, proporcionándoles información en el ámbito jurídico y social, «derivándolas a todos los recursos públicos disponibles», y facilitan asistencia psicológica cuando se requiere. «Antes, durante y, por un período de tiempo adecuado, después de la conclusión del proceso penal», precisa el Ministerio. 

Con estos 28 nuevos puestos de trabajo, «se dobla el personal de la Administración de Justicia que trabaja en estas oficinas», según ha informado el Ministerio, que dirige el ministro Félix Bolaños.

Aquí puede ver las nuevas plazas:

Las víctimas del delito pueden ser directas o indirectas

El Estatuto de la víctima del delito y el Real Decreto 1109/2015, en sus artículos 2.a) y 13.1.a), respectivamente, recogen como víctimas directas del delito, con carácter general, a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito.

También pueden producirse víctimas indirectas, en los casos de muerte o desaparición de una persona que haya sido causada directamente por un delito, salvo que se tratare de los responsables de los hechos, (artículos 2.b) del Estatuto de la víctima del delito y 13.1.b) del Real Decreto 1109/2015).

La asistencia a las víctimas se realiza en cuatro fases: acogida-orientación, información, intervención y seguimiento (artículo 25 del Real Decreto).

En estas oficinas se ofrece información adaptada a las circunstancias personales de las víctimas y a la naturaleza de los delitos cometidos, «profundizando así en la concepción de ‘Justicia de los cuidados’, que es una de las líneas estratégicas del Ministerio», según destaca el Departamento de Bolaños, y recuerda que fue señalada por el ministro en su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso el pasado 21 de diciembre, donde explicó las líneas generales de actuación de su Departamento en esta nueva legislatura. 

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en su comparecencia  en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el pasado mes de diciembre. (Imagen: Ministerio de Justicia)

Sin denuncia previa

El servicio que prestan las OAVD no está condicionado a la presentación previa de denuncia, por lo que las víctimas pueden acceder al mismo con carácter previo al ejercicio de cualquier acción penal. El Ministerio subraya que la labor de las mismas es «especialmente importante en los casos de violencia de género». Según informa, un 75% de las víctimas atendidas son por delitos de esta naturaleza.

Creación de 70 unidades judiciales

El pasado 27 de diciembre, el Consejo de Ministros también aprobó la creación de 70 unidades judiciales, con el objetivo de «canalizar el previsible incremento de la litigiosidad y adaptar la planta judicial a las necesidades existentes, para garantizar a la ciudadanía la efectividad de la protección judicial de sus derechos».

De dicho Real Decreto destacan también las medidas adoptadas en materia de violencia de género, con la creación de nuevos juzgados exclusivos y la formalización de nuevas agrupaciones de juzgados en esta materia. El objetivo es «extender la jurisdicción de los juzgados de violencia sobre la mujer a dos o más partidos judiciales, para lograr un correcto equilibrio entre el mantenimiento de una proximidad razonable del juzgado respecto de las víctimas y la respuesta especializada que exige este tipo de procedimiento», indicó el Ministerio.

Bolaños señaló que este aumento de la planta judicial es «una muestra del compromiso de este Gobierno con el servicio público de Justicia y un avance para seguir impulsando la necesaria transformación del sector en nuestro país». «El impacto que la buena marcha de la Administración de Justicia tiene en la vida social y económica es indudable y estas medidas contribuyen a una activación económica eficaz y a la tutela efectiva de los derechos y libertades», sentenció.

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