El Gobierno veta la proposición para exonerar del IRPF a los afectados por la talidomida pese a que hay 132 millones de euros en caja

Como viene siendo habitual en los últimos veinte años, la Asociación de afectados por víctimas de la talidomida (Avite) celebraba este domingo su Asamblea General en Madrid, a la que acudieron asociados de toda España.

En el transcurso de la misma se indicó que hay 130 afectados que ya han cobrado sus indemnizaciones con el desagradable descuento del 47% de IRPF. De esos, solo 73 pertenecen a Avite, pero otros tantos, 175 afiliados a la Asociación, han recibido respuesta negativa y no han cobrado.

Los que hayan cobrado el pasado año tendrán que incluirlo como renta de trabajo en la Declaración de la Renta de este año; el resto lo tendrán que incluir en la declaración de 2025, tal y como marca la Ley.

La talidomida es un medicamento que se recetó a embarazadas a mediados del siglo pasado y que causó miles de abortos y bebés con graves malformaciones. En toda Europa fue comercializada por Grünenthal desde 1960 hasta su retirada —al conocerse sus efectos— en 1961. Sin embargo, en España estuvo desde 1950 hasta 1985. Recientemente, y con mucho retraso, se aprobó el RD 574/23, que otorga ayudas a unos pocos afectados reconocidos, excluyendo injustamente a la mayoría.

Según nos comenta Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite y afectado reconocido como tal, siguen luchando para la exoneración del IRPF, cantidad que ya ha sido descontada a todos los afectados que han cobrado. “El Gobierno quiere vetar una proposición para que nos exoneremos del IRPF cuando tiene 132 millones en caja y solo se ha gastado 48”, señala.

Al parecer, el pasado 9 de abril y a petición de Avite, el grupo Popular formalizó una Proposición de Ley de exención, presentada en el Senado, que contaba con el apoyo del resto de grupos parlamentarios para incorporar un nuevo apartado, el Z.1, en el artículo de exención de IRPF relacionado con las víctimas de la talidomida, pero ha sido vetada por el Gobierno, según hemos podido saber, como prerrogativa que tiene en el caso de que hubiera alteración en los Presupuestos Generales del Estado.

Sobre este veto, Basterrechea destaca que “lo peor es que hemos tenido conocimiento de un documento firmado por Rafael Simancas, secretario de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, dirigido al presidente del Senado, donde se señala la intención de vetar la Proposición de Ley del PP para la exoneración del IRPF de nuestras indemnizaciones porque se modifica la partida presupuestaria, algo que podemos demostrar que no es cierto”.

Desde su punto de vista, “esa afirmación no se corresponde con la realidad. Tenemos documentos oficiales que dicen otra cosa. En la Memoria de análisis del impacto, realizada el año pasado por el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, se dice que el objetivo que se pretende con la concesión de estas ayudas es mejorar las condiciones de vida de las personas afectadas”.

Mesa presidencial de la Asamblea. Ignacio Martínez, abogado de la asociación; Rafael Basterrechea, vicepresidente; y José Riquelme, presidente. (Imagen: E&J)

También en ese documento —al que ha tenido acceso este medio— se incluye un baremo en forma de tabla con la indemnización que van a recibir en función de su grado de discapacidad, que va desde 216.000 euros con un 18% hasta 1.164.000 euros si el afectado tiene el 97%. En total, hay diez reconocidos. Hay un total habilitado de 132 millones de euros, a los que se incorporarían otros 32 millones más porque este año se han prorrogado dichos presupuestos para 2024.

“Eso significa que este año tendrían 164 millones de euros y se han gastado 48 millones correspondientes a las indemnizaciones de 130 reconocidos. Si pagasen sin IRPF, se gastarían 95 millones. Hay un dinero sobrante que no sabemos qué destino quieren darle. Pero está claro que no rompemos el presupuesto”, indica Basterrechea.

Hay dinero en la caja

Desde Avite, el malestar es importante por esta medida del Gobierno: “Esperemos que se pueda recurrir ese veto porque en el Congreso tenemos comprometido el voto a favor de PP, Vox, Sumar, Convergencia, Junts, ERC, EH Bildu y Podemos. Saldría adelante, por lo que vemos su estrategia es abortar la iniciativa en la Cámara Alta para que no llegue al Congreso. Si llegara al Congreso, es previsible que se aprobase contra su voluntad”.

En la Asamblea se generó un debate sobre este tema con declaraciones claramente en contra de la iniciativa del Gobierno. «Esto es una indignidad para un país, España, que fue el único en el que se permitió que la talidomida causara estragos oficialmente hasta nada menos que 1985, cuando fue retirada del mundo entero en 1961. Además, el gravar fiscalmente la ayuda para que personas sin brazos ni piernas afronten su difícil vejez reduce esta a la mitad, y por lo tanto hace que pierda en gran parte su fin social”, apuntaba José Riquelme, presidente de Avite.

Al mismo tiempo, se indicó que, por añadidura, constituye un doble agravio comparativo: por un lado, con otros colectivos, como infectados de VHC y VIH, o víctimas de accidentes de tráfico, negligencias médicas o la guerra civil, todos ellos exentos fiscalmente; y por otro, con el resto de afectados de la talidomida en todo el mundo, siendo que en ningún país han tenido que pagar impuestos por lo recibido.

Desde Avite no se entiende cómo un “Gobierno de un partido que votó en 2016 una Proposición no de Ley (PNL) para la exención fiscal de las ayudas y hace gala de ser social y de izquierdas pueda seguir maltratando a las víctimas y oponiéndose a algo de justicia que es tan elemental”.

Afectados de talidomida de Avite seguirán luchando por sus derechos y lo que les corresponde. (Imagen: E&J)

Demanda en el Supremo

Al mismo tiempo, Ignacio Martínez, abogado de la Asociación, recordó que la Asociación interpuso una demanda ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo pidiendo la nulidad de ciertos artículos del Real Decreto 574/2023 porque “causaban indefensión a los afectados”.

De hecho, comentó que esas 175 personas que recibieron una respuesta negativa no pueden presentar el escrito de estar inscritas en el registro de enfermedades raras. “La talidomida no es una enfermedad rara, es la consecuencia de ingerir un medicamento”, indica Rafael Basterrechea, vicepresidente y afectado.

Para el fallo de esta demanda, el Tribunal Supremo ha señalado el 10 de junio próximo como fecha de la deliberación y fallo. “Una vez se conozca la sentencia, Avite actuará en consecuencia”, comentó Martínez.

“Este trámite en el registro de enfermedades raras es muy laborioso; tiene que ser confirmado por varios médicos y validado por el Registro de Enfermedades Raras de cada Comunidad, y luego se envía al Registro Central de este tipo de enfermedades”.

Sin embargo, Basterrechea recuerda que las víctimas de talidomida “tenemos que ser reconocidas por el Comité Científico Técnico de la talidomida, que está en el Instituto de Salud Carlos III. Cualquier neurólogo puede diagnosticar la ELA como enfermedad y pasar al Registro Estatal de Enfermedades Raras, y sin embargo, nuestro colectivo no puede acceder. Sin ese documento, no pueden recibir la indemnización”.

En estas circunstancias, “se puede dar el caso de que un afectado, reconocido como víctima por su CC. AA. o incluso por el Carlos III en 2010, se le niegue ahora, pese a que tiene una resolución administrativa firme. Pero insisto en que la talidomida no es una enfermedad rara, es una dolencia como consecuencia de ingerir un fármaco”.

Al final, este Real Decreto destinado a dar respuesta a las reclamaciones de los afectados de manera irreversible por este medicamento, más allá de satisfacerles, ha resultado una afrenta más en la larga lucha de este colectivo.

“La realidad habla sola. Es matemáticamente imposible que en España haya 130 víctimas si en Inglaterra hay 500 o en Italia hay 400. Más aún teniendo en cuenta que España fue el país del mundo donde más años estuvo la talidomida en el mercado –desde 1950 hasta 1985–, en el resto de países estuvo solo cinco años”, sentencia Basterrechea.