El guardia civil Bravo mantiene que lo que afirmó en los audios es falso y solo responde a su abogado

El suboficial de la policía judicial de la Guardia Civil en la Comandancia de Madrid Sergio Bravo ha declarado hace unos minutos ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que el pasado 25 de julio, le citó a declarar como investigado, poco después de que Economist & Jurist publicase en exclusiva una investigación con el contenido de unos audios en los que aseguraba, entre otras cuestiones, haber realizado seguimientos ilegales, elaborado informes falsos, ser conocedor de presuntas irregularidades o cobros indebidos en el contexto del Caso Cuarteles, y en las que compartía datos relativos a determinadas investigaciones con una persona completamente ajena a las mismas.

Bravo mantiene ante el juez la versión que sostuvo en el escrito que le remitió el pasado mes de julio: todo era una estrategia para ganarse la confianza de una persona afín al grupo criminal que se encontraba investigando. Se trataba, según el escrito avalado por su superior, Abel Marín Seoane, de un plan para mostrarse fácilmente “corruptible”. En el documento, el Guardia Civil, descalificaba las informaciones publicadas por este medio y sostenía que las declaraciones que se escuchan en los audios eran “temerariamente falsas” o “burdas e inverosímiles”. “Lamentaba”, eso si, la forma en que ha llevado a cabo su acción, sin ponerla en conocimiento de su superior ni implicar a otros miembros del equipo.

En su declaración ante el juez Pedraz, que le imputó poco después de escuchar a la persona con la que interactúa el Guardia Civil en el audio, Bravo ha asegurado que todo lo que él dice en esos audios es inventado y que actuó de aquella manera porque tenía la sospecha de que la persona con la que estaba estaba involucrada en la supuesta investigación que estaba en curso. Así, ha sostenido la versión que ya dio en el escrito de julio, reafirmando que todas las acciones ilegales que afirma haber cometido en los audios son falsas. Ha insistido igualmente en que él nunca puso balizas ilegales.

El guardia civil Bravo se ha negado en todo momento a contestar cualquier pregunta que fuese realizada por un abogado que no fuese el suyo. Es más, cuando una de las defensas ha querido preguntarle dónde y a quién llevó el teléfono móvil en el que recibió una supuesta foto de índole sexual de la mujer a la que afirma que estaba investigando, ante el miedo de que la imagen fuese un troyano, él ha dicho que “yo a este señor no le respondo”, a lo que el juez le ha respondido que “la pregunta es importante y que la hace suya”.

Bravo no ha sabido contestar a la pregunta formulada, si bien ha titubeado y, para salir del paso, ha explicado que lo llevó a un informático ajeno al Cuerpo de la Guardia Civil y que ese informático, del que tampoco ha sabido dar nombre completo, miró por encima su teléfono y le aseguró que no se trataba de un troyano.

Cuando ha sido preguntado por la Fiscalía sobre si conserva los whatsapps, ya que el afirma que le proporcionó su teléfono personal a esta persona como parte de su estrategia de investigación, Bravo ha dicho que no los tiene, aunque los correspondientes al teléfono corporativo “cree que sí”, pero alega que “no está en su poder”.

Igualmente, ha mantenido su versión de que era un agente doble y ha afirmado ante el juez que, «durante el año y medio que ha estado infiltrado, no ha obtenido ninguna información». Pese a no lograr ningún dato relevante durante todo ese periodo, el guardia civil llegó a pasar la noche con la chica «para desenmascararla», a lo que ha afirmado que “le costó subir al hotel”, a pesar de que las grabaciones demuestran que es el propio guardia civil quien insiste en numerosas ocasiones en ello.

Según fuentes presentes en la declaración, Bravo no ha podido explicar de forma convincente por qué no le comunicó nada a su superior. Es más, ha declarado que esa supuesta investigación llevaba a cabo fue “una decisión suya porque él es el jefe del equipo”. Su superior se enteró de los hechos gracias a la información publicada en exclusiva por Economist & Jurist.

Audiencia Nacional. (Foto: Archivo)

El contexto

“Soy el más ilegal de los ilegales”, llegó a afirmar, antes de sostener que, si no incurría en prácticas irregulares, era imposible “pillar” a los investigados. Según reconoció él mismo, instó a los agentes de su equipo a instalar un micrófono para grabar un interrogatorio a un detenido mientras era transportado en un vehículo policial. Sobre el detenido diría posteriormente: “Y va el tío diciendo que mi jefe va a por ellos y que no sabe por qué, que va a por su hermana, que no sabe por qué. Que tiene algo, que nosotros somos súper ilegales, que le metemos balizas ilegales, que nos inventamos seguimientos… Cosas que son verdad. Que se la hemos liado. ¡Vamos que si se la hemos liado! Pero es que, si no, a esta gente cómo les pillas. Yo no puedo ir detrás. Es que yo no puedo ir siempre… El otro día me decía mi colega: vamos tres pasos por detrás”.

La Guardia Civil, por su parte abrió un expediente disciplinario poco después de conocerse la información y antes de que Bravo fuese procesado judicialmente, aunque, de momento, no se ha informado de consecuencias disciplinarias definitivas para el agente que habría incurrido, al margen de los posibles delitos cuya responsabilidad habría de depurar la justicia, en una falta consistente en revelar información de una investigación a personas ajenas al cuerpo.

La «estrategia» descrita por el guardia civil no responde a  la forma de proceder habitual y contemplada por la norma para este tipo de actuaciones encubiertas. El apartado 5 del artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito. Sin embargo, este no es el caso de un agente encubierto, que deberá ser autorizado por el juez, mediante resolución fundada, con una identidad supuesta otorgada por el Ministerio del Interior y que debe poner en conocimiento de quien autorizó la investigación los datos obtenidos, según ese mismo artículo. No se proporcionarán, pues, datos reales.

En la conversación de la que se desprenden los audios- los publicados y otros que obran en poder de este medio de comunicación y que se ha decidido no publicar una vez valoradas sus posibles consecuencias para los intervinientes y terceros en relación con el interés informativo que poseen-, se aportan datos reales de esta y de otras investigaciones.

De ser ciertos los hechos relatados por Bravo en los audios que publicó este medio los días 12, 13 y 14 de julio, está por ver también en qué lugar quedarían las pruebas obtenidas por el equipo investigador de forma presuntamente irregular.