El ICAB reclama al Gobierno más jueces, fiscales y funcionarios en Barcelona para combatir la multirreincidencia

El decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Jesús M. Sánchez, reivindica un incremento de jueces, fiscales y funcionarios en Barcelona para contribuir a combatir con eficacia el problema de la multirreincidencia.

Un fenómeno que ha abordado hoy, entre otras cuestiones, una representación de la Junta de Gobierno del ICAB, encabezada por el decano, con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el consejero de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler.

En el marco de esta reunión, celebrada en el Palau de la Generalitat, el decano también les ha transmitido «la predisposición de la abogacía de Barcelona para contribuir con propuestas de mejora legislativa en torno al ejercicio de derecho de defensa». Asimismo, ha informado al govern de las propuestas legislativas elaboradas por el ICAB para mejorar los derechos de la ciudadanía, entre ellos, la multirreincidencia.

«Con esta reunión se han reforzado, de nuevo, los vínculos entre instituciones con el objetivo de seguir trabajando en la defensa de la abogacía barcelonesa», ha destacado el Colegio.

Las medidas que plantea para combatir la multirreincidencia

El Colegio de la Abogacía de Barcelona presentó oficialmente el pasado mes de marzo una propuesta legislativa para combatir la multirreincidencia y otra contra la ‘okupación’ ilegal,  impulsadas por el Instituto I+Dret (Barcelona, Madrid y Málaga) y la Comisión de Normativa.

La propuesta relativa a multirreincidencia propone una modificación del Código Penal para imponer una pena de prisión de uno a tres años a las personas que hayan sido condenadas antes por tres delitos de hurto sin tener en cuenta la suma del valor de los bienes sustraídos.  «Con esta medida, será la defensa quien tenga que probar la irrelevancia de los hurtos anteriores y no el juez», indicó Zegrí.

Una imagen de la reunión mantenida hoy por representantes del ICAB con el presidente del ‘govern’, Salvador Illa, y el consejero de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler. (Imagen: ICAB)

También plantea que el robo de los móviles sea considerado un delito menos grave al margen del importe del valor de ese dispositivo.

«Con esta propuesta no queremos más personas en prisión, sino soluciones eficientes para afrontar la reincidencia existente en nuestro país, que es muy elevada», apuntó Navarro.

Según informó, el Consistorio ha creado una Comisión de Estudio con todos los grupos municipales para analizar reformas legislativas y otras propuestas para realizar frente a la multirreincidencia delictiva, sobre todo en los casos de delitos leves.

Los abogados y miembros de la Comisión de Normativa del ICAB Emilio Zegrí y Jorge Navarro explicaron que la propuesta para combatir la multirreincidencia radica «en la necesidad de modificar distintos artículos del Código Penal que deben ir acompañadas de medidas procesales, ya que la actual legislación para frenar la reincidencia no resulta efectiva».

Ambos pusieron de manifiesto que «uno de los principales impedimentos a los que se enfrentan las autoridades policiales y judiciales para luchar contra la multirreincidencia es la reforma del Código Penal que entró en vigor en el 2022, a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo». Según explicaron, la problemática para hacer efectiva su aplicación «se da en que se estableció que todo el material robado debe superar los 400 euros y para obtener el importe de todo el material sustraído deben consultarse las sentencias, lo que limita y obstaculiza su aplicación en la práctica».

Su propuesta contra la ‘okupación’

Las denuncias por ‘okupación’ de inmuebles han pasado de 10.619 en 2017 a 17.274 en 2021, según datos facilitados por el Ministerio del Interior, y se han incrementado durante los últimos cinco años en un 62,67%. El ICAB destaca que se tarda una media de 20 meses en poder recuperar la posesión ‘okupada’ ilegalmente «porque no existen mecanismos ágiles y eficaces en la legislación actual española, mientras que en otros países la recuperación es viable en un plazo de 24 a 48 horas».

Cataluña es una de las comunidades autónomas con mayor índice de ‘okupaciones’ ilegales, ya que de las 10.220 que se registraron durante el primer semestre de 2022 en España casi la mitad (4.341) se produjeron en esta comunidad.

La propuesta sobre ‘okupación’ ilegal del Colegio de la Abogacía de Barcelona incluye la adopción de una medida cautelar de desalojo inmediato en un plazo de 48 horas cuando el ocupante no puede aportar un título de posesión legítimo, cuando la ‘okupación’ implique poner en peligro la vivienda y/o el edificio o cuando provoque problemas de convivencia vecinal. Una medida que también reclama el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Vicente Magro Servet, que es uno de los máximos expertos españoles de este tema.

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribuna Supremo Vicente Magro Servet, junto al decano del ICAB, Jesús M. Sánchez, y la responsable de Formación del Colegio, Cristina Vallejo. (Imagen: ICAB)

Una reclamación que Magro volvió a hacer este pasado mes de julio, en una magistral conferencia impartida en el ICAB, titulada «Cuestiones prácticas y situación actual de la ocupación ilegal de bienes inmuebles». Solicita la aprobación inmediata de una ley integral contra el fenómeno de la ‘okupación’.

La Proposición de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y del Código Penal promovida por el ICAB recoge precisamente medidas planteadas por Magro, como son la modificación del artículo 13 de la ley procesal penal añadiendo que podrán adoptarse las medidas cautelares y adicionando un nuevo artículo 544 sexies.

Vicente Magro ha abordado recientemente en Economist & Jurist sus claves contra la ‘okupación’, las cuales recoge de forma pormenorizada en su libro Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble (Editorial La Ley).

La propuesta impulsada por el ICAB destaca que es necesario modificar la LECrim, en relación a la flagrancia, según explicaron la abogada y coordinadora de Formación ICAB, Cristina Vallejo, y el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona y director del Observatorio para la Transición a la Ciberjusticia de esta Corporación, Vicente Pérez Daudí.

Hasta ahora, la «vocación de permanencia» impedía desalojar al okupa ha afirmado Vallejo, por lo que «hay que considerar un delito flagrante tanto el de ‘okupación’ como la violación de domicilio», indicó Vallejo.

La propuesta sobre ‘okupación’ ilegal incluye la adopción de una medida cautelar de desalojo inmediato en un plazo de 48 horas cuando el ocupante no puede aportar un título de posesión legítimo, cuando la ‘okupación’ implique poner en peligro la vivienda y/o el edificio o cuando provoque problemas de convivencia vecinal, expuso Vicente Pérez Daudí.

En el acto de presentación de estas propuestas legislativas, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, destacó que «la inseguridad es la principal preocupación de la ciudadanía, no solo de Barcelona, sino de toda el Área Metropolitana», e hizo hincapié en que se necesitan «más recursos judiciales y también herramientas más efectivas a nivel legal». Collboni aseguró que, como alcalde, estará «junto a iniciativas como las que hoy presenta el ICAB y de cualquiera que pueda ayudar a mejorar la seguridad y la convivencia en la ciudad».