El ICAB se desmarca: «No es función del colegio emitir posicionamientos políticos»

El Colegio de la Abogacía de Cataluña se desmarca de las declaraciones de rechazo que han realizado varios colegios profesionales en las últimas horas sobre el acuerdo alcanzado entre Junts y el PSOE, que incluye una ley de amnistía para las personas investigadas o procesadas en el marco del proceso soberanista y referencias directas al lawfare, entendido como utilización política del la justicia, persecución o guerra judicial por motivos ideológicos. Este tipo de pronunciamientos no están entre las funciones propias del Colegio, señalan.

“Atendidas varias consultas y peticiones de personas colegiadas, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona informa que no se incluye entre las funciones de este colegio emitir posicionamientos públicos sobre hechos o actualidad de naturaleza política”, expresa el comunicado difundido a través de redes sociales.

Asimismo, el ICAB recuerda que el Tribunal Supremo, en su sentencia 2209/2019 de la Sala de lo Contencioso- Administrativo, estableció que “una corporación de Derecho Público, representativa de una profesión y a la que es obligatorio afiliarse para ejercerla, no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia en ese campo para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectadas, además, de los intereses profesionales a los que debe servir”.

Así, el ICAB considera que manteniéndose al margen, la Junta de Gobierno está actuando de conformidad con la mencionada resolución del Supremo. Este posicionamiento contrasta con el adoptado por otros colegios de abogados como el de Madrid, que “de conformidad con sus Estatutos y con el Estatuto General de la Abogacía Española, desde la absoluta neutralidad institucional y pleno respeto a la pluralidad política, muestra su enorme preocupación”. En ese comunicado, hecho público anoche, consideraron, como han hecho las asociaciones judiciales y fiscales, que el uso del “término lawfare(instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a los Juzgados y Tribunales no tiene cabida en un Estado Democrático. En consecuencia, es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional”.

En el mismo sentido que el ICAM, se pronuncia el Colegio granadino, que asegura que “resulta inadmisible permitirse cuestionar desde el poder político -a través de las denominadas “comisiones de investigación”- las actuaciones de los Jueces y Tribunales y si se ha producido “lawfare” (instrumentalización de la justifica con fines políticos), lo que supone una manifiesta injerencia en la labor judicial de impartir Justicia, eliminándose de facto la separación de poderes, pilar básico de nuestra democracia, que con ello se vería seriamente amenazada. Los juristas, en general, y la Abogacía, en particular, no puede permanecer callada ante semejante vulneración de la Constitución y de las normas básicas del Estado de Derecho, y ello por la inseguridad jurídica que la simple posibilidad de que tales comisiones pudieran llegar a operar genera, aun bajo la supuesta legalidad parlamentaria”.

La posición del Colegio de la Abogacía de Barcelona ha sido abiertamente cuestionado por parte de algunos abogados, que consideran que se trata de una cuestión básica y que peligran principios esenciales del Estado de derecho y aplaudida por otros, que critican que los colegios adopten este tipo de declaraciones.