El ICAV, en contra del informe de la Comisión Nacional de la Competencia.

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Francisco Real, que valoró el reciente informe de la Comisión Nacional de la Competencia en calidad de presidente de la Unión Profesional de Valencia, ha reiterado su rechazo a un documento que atenta contra la colegiación obligatoria, los baremos de honorarios orientativos y las reservas de actividad en determinadas profesiones por considerarlos contrarios a la libre competencia.

Francisco Real lamenta, en primer lugar, que la Comisión haya elaborado su informe sin consultar a los propios colegios profesionales, ya que los argumentos que se esgrimen en él no responden a la realidad de las distintas prácticas colegiales, al margen de que cada profesión deba ser analizada por separado. Según el decano de los abogados valencianos, “en el caso de la abogacía, la colegiación implica una mejora efectiva de las condiciones del profesional titulado y, en consecuencia, del servicio que presta y que recibe el ciudadano. Los colegios de abogados complementamos la especialización de nuestros letrados con formación continua orientada en diversas áreas, garantizamos la correcta prestación de su servicio ante la sociedad a través de la vigilancia del cumplimiento de las normas deontológicas, y somos el referente para que todo aquel ciudadano víctima de un comportamiento negligente encuentre en nosotros amparo efectivo a sus reclamaciones. Prueba de ello son las 51 sanciones a abogados impuestas en lo que llevamos de año. Estas sanciones son impuestas, tras la tramitación de los correspondientes expedientes, por una comisión independiente a la Junta de Gobierno, y son susceptibles de recurso ante los tribunales de lo Contencioso-Administrativo”, ha manifestado el decano del ICAV.

Por otra parte, Francisco Real ha añadido que, en la actualidad, la función social de garantizar al ciudadano la correcta prestación de un servicio profesional es cumplida casi íntegramente por los colegios profesionales, ya que son entidades ideadas por los legisladores para regular la profesión precisamente en áreas que afectan a los derechos y deberes de los ciudadanos, tal como se recoge en el artículo 36 de la Constitución Española. “La justicia es un derecho, un servicio público que deben recibir todas las personas por igual, sin distinciones y en las mejores condiciones posibles. Su importancia es de tal magnitud que es necesario que un profesional debidamente acreditado ejerza ese derecho en nombre del ciudadano que lo solicita y que lo necesita. El ICAV, como tantos otros colegios, existe para eso: para garantizar la calidad del profesional en quien se deposita un bien tan importante como es la defensa de los derechos del ciudadano”, ha valorado el decano del Colegio de Abogados de Valencia.

El máximo representante de los abogados valencianos recuerda que, además del respaldo de la Comisión Europea y del Parlamento, la propia Constitución Española de 1978 reconoce en sus artículos 17.3 y 24.2 (dentro del Capítulo II del Título I – “Derechos y Libertades”) el derecho de los ciudadanos a la asistencia de letrado en supuestos de detención y enjuiciamiento. “Por ello, afirmamos que la abogacía española es una profesión liberal constitucionalizada, legitimada por la norma suprema que sustenta el ordenamiento jurídico español, y que garantiza el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir justicia”, ha ratificado el decano de los abogados valencianos.

Respecto a la unión entre título y profesión que promueve el informe de la Comisión Nacional de la Competencia, Francisco Real ha señalado que la formación académica, si bien es necesaria, no puede abarcar la continuidad exigible para la prestación de servicios tan importantes como la justicia o la sanidad, entre otros muchos. “Los planes formativos de las Universidades no contemplan la especialización en muchas de las profesiones colegiadas. Son los colegios quienes cubrimos esa laguna preparando específicamente a los profesionales para desempeñar una actividad que es tanto social como económica. No limitamos la competencia, simplemente garantizamos profesionales de calidad en las condiciones que merece la sociedad”, ha subrayado Francisco Real.

“La Comisión Nacional de la Competencia no ha propuesto soluciones alternativas, ni ha especificado las posibles repercusiones sociales y económicas de su informe. Es paradójica su actitud en pro de la liberalización de los servicios profesionales en un escenario que nos muestra, día tras día, las trágicas consecuencias de la desregulación en determinados sectores, como por ejemplo el financiero. El ciudadano reclama, más que nunca, confianza, protección y garantías”, ha concluido el decano del Colegio de Abogados de Valencia.

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