El juez cita a declarar a Bouselham para que aclare si permitió a Iglesias el acceso a su tarjeta robada
Si no hubiera ese consentimiento, se habría producido un delito de revelación de secretos
Pablo Iglesias (Foto: Congreso)
El juez cita a declarar a Bouselham para que aclare si permitió a Iglesias el acceso a su tarjeta robada
Si no hubiera ese consentimiento, se habría producido un delito de revelación de secretos
Pablo Iglesias (Foto: Congreso)
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado como testigo a Dina Bouselham, ex asesora de Pablo Iglesias, para que declare sobre el robo y la recuperación de la tarjeta de memoria de su teléfono móvil, en lo que se conoce como Caso Dina. Con eta declaración, que se producirá el próximo mes de marzo, el juez podrá repasar la actuación del ex líder de Podemos en el caso, dado que fue Iglesias el que recibió la tarjeta robada a su asesora.
La investigación sobre el robo de la tarjeta apuntaba a que el dispositivo terminó en manos de Pablo Iglesias y, en lugar de devolverlo a su propietaria, lo retuvo durante meses. Además, aunque le llegó en buen estado y pudo incluso acceder a su contenido, cuando se la entregó a Bousselham ya no podía consultarse.
Ante esta circunstancia el juez llegó a proponer al Tribunal Supremo la imputación de Pablo Iglesias. El juez instructor entendía que el ex secretario general de Podemos habría cometido los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos y denuncia y acusación falsa. Sin embargo, el Supremo consideró el material insuficiente y acordó que el juez siguiera practicando diligencias.
Informe de la Policía
Finalmente, el pasado mes de enero dio por concluida la investigación sin que se haya llamado a declarar como imputado a Pablo Iglesias. El magistrado dictó un auto en el que sostenía que no era necesario practicar ninguna nueva diligencia más allá de las que ya se habían acordado. El auto llegaba después de que la Policía Científica le entregara un informe en el que explica que no es posible obtener información de la tarjeta de memoria que estaba en el teléfono que robaron a Dina Bousselham cuando era asesora de Iglesias.
La posibilidad de responsabilizar a Iglesias de los daños en la tarjeta pasaba por obtener datos sobre cuándo y cómo había sido dañada, algo que según el informe de la Policía Científica en manos del magistrado no ha sido posible. Ahora, Iglesias ya no está aforado ante el Supremo y, en consecuencia, podría ser imputado en la Audiencia Nacional, pero el hecho de que esto ocurra es muy improbable dadas las conclusiones del informe pericial de la Policía Científica.
Además de Dina Bousselham, han sido citados a declarar los peritos que elaboraron el informe al objeto de que ratifiquen ante el juez su contenido. Además, tendrán que dar su testimonio Ricardo sa Ferreira, pareja de Bousselham, y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, quien podrá hacerlo acompañado de su abogado por encontrarse imputado en otra de las ramas de la causa que investiga al comisario de Policía jubilado José Manuel Villarejo. Todos tendrán que comparecer en la Audiencia el 9 de marzo.
¿Pidió permiso Iglesias?
En cualquier caso, el testimonio que despierta mayor interés es el de la propia Bousselham ya que, según escritos remitidos al juez la Fiscalía indica que deberá aclarar si Iglesias le pidió permiso o autorización para que examinara sin restricciones el contenido de su tarjeta de memoria.
En el caso de no haber autorizado ese acceso, Bousselham deberá precisar si lo da por bueno. Una respuesta afirmativa elimina automáticamente el posible delito de revelación de secretos por parte de Iglesias. Pero, si no fuera así, la posibilidad de imputación del ex líder de Podemos cogería fuerza.
Por el delito de daños informáticos, la exasesora también tendrá que aclarar sus distintas versiones sobre cuándo comprobó que no podía acceder al contenido de la tarjeta de su teléfono móvil que le había entregado Iglesias. Tras una primera declaración que situaba al ex vicepresidente del Gobierno como sospechoso de los daños, envió un escrito en el que le libraba de responsabilidad.