El juez Pedraz ordena practicar diligencias que podrían comprometer la versión de Bravo

El magistrado Santiago Pedraz ha estimado la solicitud de diligencias de una de las defensas en el caso en el que está siendo investigado el brigada de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid, Sergio Bravo. Los resultados que arroje la práctica de estas diligencias podrían suponer un serio revés a la versión mantenida hasta ahora por el guardia civil, que ha sostenido que todo lo que dijo en los audios desvelados por Economist & Jurist, en los que alardeaba de ser “el más ilegal de los ilegales”, formaba parte de una estrategia de investigación individual y los datos proporcionados eran falsos.

En una providencia a la que ha tenido acceso este medio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional requiere a la DGT y a la policía municipal de Madrid para que aporten los registros de matrículas para situar el vehículo de uno de los sospechosos, cuyo seguimiento fue explicado con detalles por el guardia civil a su interlocutora y quedó recogido en las grabaciones publicadas. Esta persona, con la que mantuvo una relación, era completamente ajena a la investigación y al cuerpo policial. Si las grabaciones muestran que el vehículo se encontraba en el lugar que indica en el audio, habría proporcionado datos verídicos.

En este sentido, el magistrado también se dirige a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Madrid (Tres Cantos), para que informe sobre si, entre los agentes con los números de identificación que constan en los atestados de seguimientos, se dan determinados nombres de pila que el guardia civil utiliza en su conversación. Un agente encubierto (no sería el caso atendiendo a lo establecido en el artículo 282 de la LECrim) nunca desvelaría los nombres reales de sus compañeros.

(Foto: Archivo)

Entre las diligencias autorizadas, también se ha pedido que el hotel en el que el guardia civil pasó una parte de una noche con la persona a la que, según su relato, intentaba mostrar un perfil fácilmente corruptible (para que le facilitase acceso o desvelase datos de los miembros de la organización criminal que se encontraba investigando, objeto principal de la instrucción que se encuentra en marcha), informe sobre el método de pago respecto de la habitación en la que se hospedó. Si fue con tarjeta, se pide saber a quien correspondía.

La providencia del juez que instruye esta pieza separada de blanqueo, que forma parte de una investigación compleja con múltiples investigados, también pide que se oficie a la unidad de Policía Nacional adscrita a la Audiencia Nacional para que estudie las balizas o dispositivos de geolocalización GPS encontrados en los vehículos. En este punto, se pide obtener la identificación de los números de teléfono asociados a los dispositivos, la fecha y lugar de activación de la tarjeta, los datos de geoposicionamiento, el tráfico de llamadas entrantes y salientes o el registro de repetidores a los que  estos se conectaron.

«El más ilegal de los ilegales»

El ahora suboficial de la Guardia Civil (brigada), sargento primero en el momento de los hechos, Sergio Bravo, afirmó ante una persona ajena a la investigación, haber incurrido en técnicas ilegales de investigación. Según reveló una investigación de Economist & Jurist publicada durante los días 12, 13 y 14 de julio, este funcionario aseguró que se habían colocado balizas de seguimiento de forma ilegal, reconoció haber falseado seguimientos o instado a sus compañeros a hacer y grabar un interrogatorio en un coche policial, mientras un detenido era conducido al juzgado. Además, afirmó conocer entregas sospechosas de dinero en el marco de la investigación abierta en torno al Caso Cuarteles, en el que se habrían adjudicado obras de forma irregular a cambio de supuestas mordidas. Este medio también desveló que, en esos audios, el investigado relataba detalles sobre la Operación Pantano, en el transcurso de cuya investigación, llegó a decir a un detenido – del que habla abiertamente con la interlocutora en el audio- que con unas botellas de vino solucionaban el asunto.

“Soy el más ilegal de los ilegales”, llegó a afirmar, antes de sostener que, si no incurría en prácticas irregulares, era imposible “pillar” a los investigados. Según reconoció él mismo, instó a los agentes de su equipo a instalar un micrófono para grabar un interrogatorio a un detenido mientras era transportado en un vehículo policial. Sobre el detenido diría posteriormente: “Y va el tío diciendo que mi jefe va a por ellos y que no sabe por qué, que va a por su hermana, que no sabe por qué. Que tiene algo, que nosotros somos súper ilegales, que le metemos balizas ilegales, que nos inventamos seguimientos… Cosas que son verdad. Que se la hemos liado. ¡Vamos que si se la hemos liado! Pero es que, si no, a esta gente cómo les pillas. Yo no puedo ir detrás. Es que yo no puedo ir siempre… El otro día me decía mi colega: vamos tres pasos por detrás”.

La Guardia Civil abrió un expediente a Bravo, que aún no se ha saldado con consecuencias definitivas. Este medio ha contactado con la Guardia Civil, desde el inicio de la investigación, en múltiples ocasiones, para solicitar su versión, aunque solo han trasladado su voluntad de depurar responsabilidades en caso de que los hechos se demuestren ciertos.

El propio investigado y su superior, Abel Marín Seoane, del que también habla en los audios atribuyéndole órdenes sin fundamento para detener a personas en el marco de otra operación, enviaron un informe con sendos escritos a Pedraz poco después de las publicaciones de este medio de comunicación. En el escrito sostenían la tesis que volvió a repetir el guardia civil ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional el pasado día 12: todo era falso y actuaba como un agente encubierto. Un día antes fueron solicitadas las diligencias que ahora el magistrado ha autorizado.