El juicio por la demanda colectiva de la OCU contra Volkswagen por el ‘dieselgate’ será el próximo 22 de octubre en Barcelona

Este martes se ha celebrado, en el juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, la audiencia previa de la demanda colectiva que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) inició en 2016 en defensa de más de 7.500 consumidores afectados por el dieselgate, para los que solicita más de 22 millones de euros.

Tras un intento fallido en Madrid, donde la Audiencia Provincial consideró que ese fuero no era la jurisdicción competente, y obligó a la OCU a repetir todo el proceso, esta vez en Barcelona, se continúa así con un proceso judicial iniciado en 2017, donde puede que por fin se haga Justicia para los consumidores afectados.

En la audiencia previa celebrada ha quedado de manifiesto una vez más la impasividad por parte de Volkswagen a llegar a un acuerdo que pusiera fin al proceso. Por ello —y tras resolver una serie de cuestiones previas y admitir una serie de pruebas— el juez ha señalado la fecha del próximo 22 de octubre de 2024 para la celebración de la vista oral.

Hay que recordar que, con anterioridad, la Audiencia Provincial de Madrid estimó el pasado 27 de junio el recurso de Volkswagen contra la sentencia de un juzgado madrileño que le condenaba por el dieselgate por entender que los órganos competentes son los juzgados mercantiles de Barcelona, donde Volkswagen España tiene su sede.

En dicho fallo previo, el juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid condenó en enero de 2021 a Volkswagen España a desembolsar más de 16 millones de euros entre los perjudicados por la manipulación de los motores diésel de la familia EA 189, al estimar que el software instalado camufló las condiciones de las emisiones contaminantes de los vehículos.

En la sentencia, este juzgado estimaba así la demanda colectiva de la OCU, que pedía una indemnización por daños y perjuicios de 3.000 euros para cada uno de los consumidores afectados a los que representaba.

El juez ordenaba además a la filial del grupo alemán a cesar en esta conducta «desleal» y le condenaba al pago de las costas, con expresa declaración de temeridad.

Sin embargo, limitaba la lista de afectados representados por la OCU de los 7.542 iniciales a 5.444, al reducir la indemnización a aquellos cuyos vehículos sí fueron importados y distribuidos por la demandada y presentaban la incidencia en sus motorizaciones.

Desde hace siete años, distintos bufetes y asociaciones de consumidores pelean contra Volkswagen en los tribunales en España y Alemania. (Imagen: Volkswagen)

Diferente vara de medir

Desde esta asociación de consumidores se quiere denunciar el diferente tratamiento que ha empleado Volkswagen con los afectados. Mientras indemniza a los consumidores americanos o llega a acuerdos en Australia, Alemania e Italia, mantiene una actitud muy diferente en otros países como España, Bélgica o Portugal, donde obliga a miles de consumidores a acudir a los tribunales.

Una actitud que se ha visto favorecida por la inmovilidad absoluta de las diferentes administraciones en España, que no han sancionado a la empresa a pesar de que esta ha reconocido de forma abierta la manipulación de las emisiones y el engaño a millones de consumidores.

OCU confía en que, a pesar del tiempo transcurrido, más de siete años, finalmente la Justicia reconozca los derechos de los más de 7.500 consumidores, aunque lamenta el plazo excesivo en la resolución del procedimiento y espera que, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se agilicen las acciones colectivas en los casos de fraudes masivos. La cifra de vehículos del grupo VW totales afectados en España ronda las 700.000 unidades. La mayoría son modelos de Volkswagen, Seat y Audi.

Hay que recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio el pasado 21 de marzo de 2023 un importante respaldo a los afectados por el dieselgate, un escándalo que estalló en 2015 tras destaparse que fabricantes automovilísticos instalaron dispositivos para manipular las emisiones de sus coches. El tribunal europeo reconoció, más de siete años después de que saltara la polémica, el derecho de los compradores perjudicados a ser indemnizados.

Y, al mismo tiempo, el TJUE no resuelve de cuánto dinero hablamos. No se puede producir un «enriquecimiento injusto de los beneficiarios», apunta el tribunal, por lo que señala que la indemnización debe ser acorde a «los daños causados». Es decir, confirma que la marca tiene que indemnizar al cliente, pero serán los tribunales de cada país los que decidan a cuánto asciende el pago.

El fraude del dieselgate salió a la luz en septiembre de 2015, cuando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) informó de que Volkswagen había instalado un software en motores diésel de vehículos vendidos entre 2009 y 2015 para ‘trucar’ los resultados de la medición de gases contaminantes. El resultado fue el siguiente: casi 11 millones de coches afectados.

Si se parte desde la fecha en la que se conocieron los hechos, estos habrían prescrito a finales de 2020. No obstante, el debate sobre la posibilidad de que el plazo para pedir una indemnización se reinicie lleva encima de la mesa desde hace un año.

El Tribunal Supremo, Sala Civil, tiene otro recurso de casación pendiente de resolver sobre el ‘dieselgate’. (Imagen: Poder Judicial)

Afectados pendientes de nuevo del Supremo

En marzo de 2022, el juez de la Audiencia Nacional que inició una causa penal contra Volkswagen (con más de 4.000 afectados personados) ordenó al Ministerio de Industria que comunicara a todos los afectados por el dieselgate la posibilidad de personarse en el proceso abierto en Alemania para reclamar una indemnización.

Todo ello después de que, en 2019, la Audiencia Nacional acordara definitivamente enviar el procedimiento a dicho país, donde ya se estaba investigando a la compañía automovilística por los mismos hechos. La decisión se debió al principio non bis in idem, que impide que una persona física o jurídica (empresa) pueda ser condenada dos veces por los mismos hechos.

En este sentido, asociaciones de defensa de afectados consideran que esta última notificación interrumpe el plazo de prescripción y abre la vía a que más perjudicados se puedan sumar a las indemnizaciones, según afirma Alberto Rey, presidente de la Agrupación de Afectados por Volkswagen (ALDEA), abogado con despacho en Asturias.

Junto a ella, entidades como FACUA, que al final ha demandado en los tribunales alemanes, el despacho Cremades & Calvo Sotelo, o la plataforma de afectados TDI Dieselgate impulsada por el bufete Vilches Abogados y que representa a unos 10.000 afectados, son algunos de los reclamantes sobre esta cuestión.

Esa agrupación está configurada por el trabajo conjunto de bufetes de toda España, como son las firmas Rey Núñez Abogados de Asturias; los bufetes de Madrid BCV; Zaforteza Abogados; Ingenium Lawyers; los valencianos Bonet Abogados y Counsel Partners; Balms Abogados de Vigo; Meler Abogados de Alicante; y Sammos Legal, con oficinas en Barcelona.

Rey explica a Economist & Jurist que “tenemos un recurso de casación admitido a trámite en el Tribunal Supremo y su Sala Civil a través de un auto de 24 de abril de este año del presidente de la Sala, Francisco Marín, que es ponente del mismo sobre una particular y una reclamación que arrancó en un juicio ordinario en un juzgado de Gijón en 2018 y la sentencia de la Audiencia Provincial de Gijón, sección séptima, del 2021.

Hay que recordar que la Sala Civil ya se pronunció en julio de 2021 en una sentencia de pleno donde insistía en que la distribuidora estaba participada indirectamente en un 100% por Volkswagen, y además había enviado una carta a sus clientes en la que reconocía la incidencia y les ofrecía solucionarla a través de sus servicios oficiales.

En concreto, ha calificado como «intencionado y doloso» el incumplimiento contractual del distribuidor, por lo que ha condenado a la empresa distribuidora al pago de 500 euros e intereses al comprador perjudicado. Al mismo tiempo, ha señalado como «manifiestamente desproporcionada» la cantidad reclamada por el comprador, que ascendía a 11.376 euros por los daños morales sufridos y 6.644,71 euros por los intereses y gastos de financiación satisfechos. Asimismo, solicitaba 15.020,12 euros como indemnización por los daños y perjuicios causados por la depreciación sufrida en el valor del vehículo.

Alberto Rey, portavoz desde Asturias de ALDEA, agrupación de despachos que litiga contra Volkswagen. (Imagen: Cesión propia)

Dieselgate, un asunto muy complejo de resolver

Junto a ello, nos señala que “logramos un fallo en un juzgado de Ibi, donde nos dieron la resolución total del contrato, con nulidad de compraventa y la obligación de Volkswagen de devolver el importe íntegro del vehículo. Ahora está recurrido ante la Audiencia Provincial de Alicante por la propia entidad automovilística”.

También nos explica que en Alemania hay una resolución administrativa donde se indica que es nula la homologación de los vehículos de Volkswagen afectados por el Dieselgate. “Eso es importante porque, si la homologación decae, los coches no podrían circular. Habría que retirarles la matrícula. Esa resolución está recurrida por la propia empresa automovilística”.

Esta agrupación española recurrió en los tribunales alemanes y logró una compensación de 500 euros “que tenemos recurrida en apelación. Lo ideal es que el Tribunal Supremo, con las sentencias que ya hay y alguna otra, se pronunciara y crease jurisprudencia. Este es un asunto de mucho calado y esperemos que la Sala Civil otorgue una compensación mayor que la recibida hace dos años por solo 500 euros. Ahora hay jurisprudencia del TJUE que antes no existía. De todas formas, somos conscientes del poder de Volkswagen, que supone casi el 2% del PIB de nuestro país, sabiendo que la industria del motor en nuestro país ronda el 10% del PIB.

A medio plazo, esta agrupación tiene previsto interponer una acción colectiva: “Llevamos muchos años con este asunto y presentadas una treintena de demandas individuales. En muchas ocasiones la compensación es escasa. Los jueces dicen que hay fraude, pero no indemnizan”.

Desde su punto de vista, “ahora hay que aprovechar que está en el Congreso el proyecto de ley de acciones de clase para preparar la demanda y contar con el apoyo de una asociación de consumidores, como señala la futura normativa para impulsarla. La idea es realizar dicha acción colectiva en los próximos días”, comenta el propio Alberto Rey, portavoz de la agrupación.

También nos comenta que en España hay un expediente sancionador administrativo abierto contra Volkswagen desde 2017, “de cuando Luis de Guindos era Ministro de Economía, Industria y Competitividad, a raíz de que la Comisión Europea abrió contra España y otros siete países otro expediente por ‘no poner en marcha un sistema de sanciones para evitar que los fabricantes de automóviles violen la legislación de emisiones o por no aplicarlas cuando se ha producido un quebrantamiento de la ley’, en clara alusión al dieselgate. Ese expediente se frenó porque había una causa penal abierta; ahora debería reabrirse el mismo”, aclara este jurista.