El pacto con el PNV incluye el compromiso de reducir el uso del Decreto-Ley y de no modificar la ley electoral

El pacto que el Partido Socialista y el PNV han alcanzado de cara a garantizar los votos favorables de los nacionalistas vascos en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno incluye el compromiso de utilizar la fórmula del Decreto- Ley “únicamente en los casos de excepcional y urgente necesidad”. También asegura que no impulsará una reforma de la ley electoral.

El primero de estos compromisos, en realidad, consiste en el cumplimiento de la ley, pues la vía del Decreto- Ley está contemplada en el artículo 86 de la Constitución Española para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. Se trata de disposiciones legislativas adoptadas por el Gobierno que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Los Decretos-leyes se deben debatir en el Congreso de los Diputados en el mes siguiente a su publicación; la Cámara Baja se pronunciará en ese tiempo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

Lo cierto es que, a pesar de lo establecido en la Constitución, a lo largo de la historia democrática de nuestro país, el Decreto-Ley se ha utilizado para situaciones que objetivamente no revestían esa extraordinaria y urgente necesidad. Esta figura, también presente en los ordenamientos de otros países, se había utilizado por el actual Gobierno en 139 ocasiones hasta poco antes de las últimas elecciones generales. Ahora, el PNV hace uso de su fuerza para alcanzar el compromiso de una utilización excepcional de esta vía. “En cualquier caso, con antelación a su aprobación, su contenido deberá ser conocido y en su caso pactado con EAJ-PNV”.

Por lo demás, el texto del acuerdo dispone que, en el plazo improrrogable de dos años, se culminará el autogobierno vasco con la transferencia a Euskadi de las competencias aún pendientes, para cuya evaluación se creará una comisión bilateral de seguimiento. “Se procederá a remover los obstáculos legales que impidan un mayor ejercicio del autogobierno”, se puede leer. Cómo prioridad, en el plazo de tres meses, serán conferidas competencias en materia de ferrocarriles y de homologación y convalidación de títulos de estudios extranjeros.

El acuerdo contempla también la modificación, en el plazo de seis meses, del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores para incluir la posibilidad de negociar convenios sectoriales y acuerdos interprofesionales en el ámbito de la comunidad autónoma que prevalezcan sobre otros convenios sectoriales o acuerdos de ámbito estatal siempre que se obtenga el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora y su regulación resulte más favorable para los trabajadores.

Además, se modificará la Ley de Bases de Régimen Local para rebajar, excepcionalmente, el umbral de población mínimo para constituirse en municipio independiente hasta los 4.000 habitantes, cuando así lo determine la normativa autonómica. En este ámbito y para “solventar las posibles discrepancias sobre la adecuación constitucional competencial de los proyectos normativos del Estado, se articulará un procedimiento análogo al del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional durante el periodo de información pública de las normas, mediante el que se podrán resolver las diferencias.

En el ámbito de seguridad e interior, se dará acceso a la Ertzaintza al sistema Secureport para la vigilancia de puertos y se reformará el RD 65/2008 para que la policía autonómica vasca asuma la protección ciudadana y civil. Igualmente, corresponderá a este cuerpo de seguridad la investigación de delitos e ilícitos administrativos relacionados con el medio ambiente que sucedan en esa comunidad. Esta policía tendrá acceso también a las bases de datos de Interior sobre hospedaje y alquiler de vehículos y se implementarán los acuerdos para que acceda al punto de control que agrupa el sistema policial Sirene y los otros de Europol e Interpol.

Al margen de aspectos no legislativos, como una financiación de 100 millones de euros en cuatro años para “adaptar el euskera a la nueva era digital”, el PSOE se compromete a no impulsar ninguna modificación de la LOREG, y en caso de extraordinaria necesidad, lo hará con acuerdo previo con EAJ-PNV.