El Pleno del CGAE aprueba un reglamento que otorgará amparo colegial a los abogados y abogadas con dificultades en su trabajo

“Desde hoy, con este Reglamento, los españoles tienen más derechos que ayer, porque quienes defienden sus derechos van a estar mejor protegidos por sus Colegios”, anunció el presidente de la Abogacía, Salvador González, en la inauguración de las Jornadas de las Juntas de Gobierno que se celebran en Jerez.

El pleno del Consejo General de la Abogacía aprobaba este miércoles, en el marco de las IX Jornadas de Juntas de Gobierno de la Abogacía que se celebran en Jerez de la Frontera (Cádiz), un nuevo Reglamento de amparo que ampliará la protección a todos los abogados y abogadas en el ejercicio profesional.

El presidente de la Abogacía aseguró que el nuevo reglamento proporciona a los abogados y abogadas “un régimen más garantista de su labor” y supone “un hito regulatorio sin precedentes para nuestra profesión y para nuestras organizaciones”. También destacó que salda una deuda pendiente.

La Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa (LODD) emplazó a los Colegios de la Abogacía a “asegurar el correcto amparo de los profesionales en el ejercicio de sus funciones profesionales en las que pudieran verse perturbados o inquietados. Eso ha hecho que muchas entidades colegiales como el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) aprobase su protocolo de amparo.

Hasta la aprobación de la LODD, la regulación del amparo colegial estaba solo recogida en el Estatuto General de la Abogacía, y circunscrita a la actuación de los profesionales de la abogacía ante juzgados y tribunales. Por ello se hizo necesario dotarlo de una regulación que defina con precisión su alcance y extensión, así como los efectos de la resolución colegial.

Este Reglamento, por el que el CGAE abrió una consulta pública entre los colegiados de toda España,  tiene por objeto regular el procedimiento de amparo, de urgencia u ordinario, para los profesionales de la abogacía que en el ejercicio de sus funciones profesionales se vean perturbados o inquietados por autoridades judiciales, fiscales, funcionarios y personal de la oficinas judiciales y fiscales, autoridades o funcionarios de la Administración Pública, o por compañeros y compañeras de profesión, clientes o particulares.

Se habla de perturbación por  aquellas actuaciones que supongan “una limitación o menoscabo de la independencia y libertad de actuación de los profesionales de la abogacía, la confidencialidad de las comunicaciones y el secreto profesional, así como una falta de respeto a la relevancia y dignidad de sus funciones”.

El Reglamento establece un marco común y uniforme que podrá ser adaptado por los Colegios. Y si, tras estudiar lo ocurrido, conceden el amparo a un profesional podrán requerir a la autoridad judicial, autoridad pública, persona, entidad o asociación el cese de la actuación que motivó la solicitud. Y también adoptar o promover la adopción de las medidas que resulten necesarias para que el profesional de la abogacía sea restaurado en el ejercicio de sus funciones profesionales.

El presidente de la Abogacía destacó la importancia de proteger a la abogacía con instrumentos como este, o como el Convenio para la Protección de la Abogacía, aprobado en marzo por el Consejo de Europa y pendiente de ratificación por los diversos Estados, incluido España.

De izda. a derecha: José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía; María José García- Pelayo, alcaldesa de Jerez; Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía; Salvador González, presidente de la Abogacía Española; Federico Fernández, decano del Colegio de Abogados de Jerez; y Victoria Ortega, presidenta emérita de la Abogacía Española. (Imagen: CGAE)

Las cifras del trato denigrante

Entidades como el Colegio de Abogados de Madrid viene haciendo campañas de sensibilización han dado sus frutos y cada vez son más los profesionales de la abogacía que dan un paso al frente y alzan su voz para denunciar los casos en los que son objeto de ataques, insultos, vejaciones o acoso.

Así lo demuestran los datos: a lo largo del pasado año, las incidencias comunicadas por trato desconsiderado aumentaron un 51,6%, alcanzando los 97 casos, frente a los 64 que se registraron durante el ejercicio anterior, de acuerdo con las estadísticas difundidas por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

Hasta ahora, se daba por hecho que algunas correcciones por parte de jueces, los comentarios malsonantes o insultos, las quejas de los clientes o de la contraparte podía causar situaciones incómodas e, incluso, violentas. Se habían normalizado los ataques a los abogados y abogadas como algo relativamente “normal” dentro de la profesión. El trato desconsiderado, si no se planteaban quejas formales, se silenciaba, se normalizaba y, finalmente, quedaba en las sombras.

Pero esto ha cambiado: ahora se sabe que 7 de cada 10 abogados madrileños ha sufrido algún tipo de maltrato, descortesía o restricción en el ejercicio del derecho de defensa. De ellos, el 96% ha experimentado estas situaciones ofensivas o violentas en más de una ocasión.

Tal como señala Javier Mata, diputado del área de Defensa de la Abogacía del ICAM, “lo más inquietante era que el 61% de quienes habían visto vulnerado su derecho de defensa no han tomado ninguna medida al respecto”. La impunidad era la tónica.

El análisis de los datos recopilados por el área de Defensa de la Abogacía del colegio madrileño confirma un aumento considerable de las incidencias registradas en todas las categorías.

Destaca especialmente la evolución de las quejas relacionadas con las actuaciones de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que han crecido un 94,4%, pero sobre todo las que tienen como protagonistas a funcionarios judiciales, que han aumentado en un 150%. Las peticiones de amparo relativas al trato que ofrecen jueces y magistrados crecieron un 14,3%, mientras que las dirigidas a la Fiscalía se han mantenido estables.

Las campañas con testimonios ayudan a poner rostro, nombre y apellido a este tipo de situaciones anómalas, que no deberían tolerarse. Hay más conciencia de que este tipo de hostigamientos y desconsideraciones no deberían tolerarse como algo normal. “Cada vez más profesionales entienden la relevancia de visibilizar estos casos. Solo así podemos promover cambios reales y garantizar el respeto que la profesión merece”, subraya Javier Mata.

En este pleno extraordinario de Jerez también se ha hecho una comunicación institucional respaldando los intereses de los mutualistas y sus pensione dignas. (Imagen: CGAE)

La abogacía, protagonista de 2025

Además de la protección de los abogados y abogadas, en las Jornadas de Juntas de Gobierno se abordarán durante dos días, en un intenso programa de talleres y ponencias, otros temas de vital importancia para la profesión como la formación, la previsión social, el secreto profesional, la justicia gratuita, la desconexión digital o la igualdad.

También se espera que el CGAE apruebe unos criterios orientativos sobre las costas judiciales, problemática para la que creó una Comisión de Trabajo que lidera Javier Caballero. La iniciativa se debería haber presentado en el Pleno de marzo, pero la dificultad del tema y la necesidad de negociar con la CNMC esos criterios ha hecho que aún no esté concluido.

En una declaración institucional aprobada en este pleno extraordinario celebrado antes de la inauguración de las IX Jornadas de Juntas de Gobierno, el pleno de la Abogacía ha manifestado su apoyo a las demandas de las mutualistas y ha reclamado que se tramite sin dilaciones la pasarela al RETA en el Congreso.

El CGAE apuesta sin reservas por “una tramitación en la que, como hemos pedido, debe escucharse a todos los afectados, y con el objetivo de que el resultado final consiga el máximo consenso posible dentro y fuera del Parlamento, de manera que la reforma ofrezca una respuesta de Estado, completa y constitucional, asegurando a los profesionales de la abogacía lo que se merecen tras años cumpliendo con sus obligaciones: una ‘pasarela’ justa para una vida digna en su jubilación”, señala el comunicado institucional.

En la inauguración de estas jornadas también intervino el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el decano del Colegio de Jerez y presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Federico Fernández y la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo.

El presidente de la Junta reconoció “la labor de la abogacía”, una profesión que está “en primera línea de defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que es un puntal del sistema judicial y de la democracia y que contribuye y trabaja por la convivencia, el acuerdo y el entendimiento tan necesario en estos tiempos”.  “Sin vosotros no habría Justicia”; aseguró, tras recordar que su gobierno ha aumentado los baremos de la asistencia jurídica gratuita y está remunerando las labores de mediación del turno de oficio.

Mientras que el decano de Jerez manifestó que “la sociedad es inquieta y transformadora. Surgen continuamente nuevas realidades, que generan nuevas relaciones humanas y reclaman soluciones distintas, los continuos avances tecnológicos, la inteligencia artificial, la globalización, suponen nuevos retos  para los ciudadanos en general y que implicarán preparación jurídica precisa, nuevos métodos y nuevas herramientas”.

La alcaldesa de la ciudad, por su parte, dijo en su discurso a los 700 asistentes que “vais a abordar durante estos días asuntos relevantes que implican no sólo a vuestros colegios sino a la ciudadanía ya que la justicia es un derecho ciudadano”.

Estas jornadas son una de las citas más importantes en el calendario de los Colegios de la Abogacía y se celebran cada cuatro años. Las últimas tuvieron lugar en Bilbao en 2021.

“Estas van a ser las Jornadas de la defensa de la Abogacía. Las Jornadas donde los Colegios de la Abogacía se unen para hacer lo mejor que saben hacer: representar a toda la profesión y proteger a todos sus profesionales”, aseguró el presidente del Consejo.