El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González: “La lentitud es uno de los grandes mitos de la Justicia”

El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González, afirma que “la lentitud es uno de los grandes mitos de la justicia”. Aunque reconoce que los tiempos de respuesta en muchos juzgados de lo penal son excesivos, indica que la Audiencia responde en un tiempo óptimo. En una entrevista con Economist & Jurist, González ha sostenido que existe una litigiosidad muy elevada que, en ocasiones, no responde a intereses legítimos; que hay un problema de distribución de la planta judicial y que algunos lugares podrían funcionar con menos jueces

“La lentitud y los retrasos, que existen, se concentran en determinadas jurisdicciones y en determinados territorios», defiende González. En Madrid, en el ámbito penal, el tiempo de respuesta en la Audiencia Provincial, desde que llega un recurso hasta que se resuelve, no llega a los dos meses, a pesar de la complejidad de los asuntos, especialmente en el ámbito económico, explica. Para los juicios, en el ámbito penal, “no se tarda más de seis meses”, expone. Eso si, señala que en los juzgados de lo penal los tiempos de respuesta son excesivos y tienen que ser mejorados.

Si reconoce un incremento en los tiempos de espera en el ámbito civil y mercantil, donde el tiempo de respuesta ha pasado de cuatro meses a casi un año. Esto se produce, argumenta, porque han aumentado los litigios relacionados con cuestiones bancarias (demandas sobre revolving, cláusulas hipotecarias, micropréstamos, reclamaciones contra aerolíneas. Se trata de cuestiones que conforman la litigiosidad masa, con miles de afectados en una provincial como Madrid, que está colapsando la jurisdicción civil y produciendo retrasos importantes. Para solventar esto se están encapsulando esas causas en unidades específicas, aunque no deja de constituir un problema importante.

En el área de familia, González indica que se ha pasado de un tiempo de respuesta de tres años a “una normalización”. Actualmente hay tres secciones, de las cuales dos de ellas responden en seis meses y otra al año, lo que, a su juicio, son tiempos razonables. “Puede haber asuntos puntuales que se retrasen, entre otras cuestiones por informes de los equipos técnicos” que, en ocasiones, se encuentran mermados o saturados de trabajo. Aprecia el esfuerzo realizado por el ministerio de Justicia, gracias al que “se ha creado una nueva sección de familia, una nueva sección de mercantil y se van a crear tres nuevas plazas de magistrados en la Audiencia Provincial de Madrid. Son insuficientes, dice, pero ya es un paso.

Entrada de uno de los edificios de la Audiencia Provincial. (Imagen: E&J)

Y es que en la Audiencia Provincial de Madrid faltan 17 jueces (8 en las secciones de civil y 9 de las de pena) para que su funcionamiento sea óptimo; esto es, para que todas las secciones de civil tuviesen 5 y 6 en la penal. En este sentido, el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid considera que existe una mala distribución de la planta judicial. “Hay territorios que necesitan mayor dotación de jueces y hay territorios que podrían funcionar con una menor dotación”.

Otro de los problemas detectados es el nivel tan alto de litigiosidad en España, especialmente en Madrid. A su juicio, “hay litigiosidad que no responde a un interés legítimo. Hay tal posibilidad de recursos, tal complejidad procesal,  que se genera una litigiosidad artificial que no responde a verdaderos intereses. Además de aumentar la planta, se deben poner medidas que reduzcan litigiosidad para que los jueces se dediquen a lo importante. También acudiendo a mecanismos alternativos de resolución de conflictos”, manifiesta González. En este sentido considera que la complejidad procesal es tal que “un abogado que quiera entorpecer el desarrollo de un procedimiento, tiene muchos recursos para hacerlo”.

La memoria de la Fiscalía, presentada hace solo unos días, con motivo de la apertura del año judicial, contempla que en 2022 se suspendieron más de la mitad de los señalamientos previstos en los juzgados de lo penal (53%) y un 47% en las Audiencias Provinciales. Juan Pablo González considera excesiva y preocupante una cifra como esta e indica que el índice de suspensiones en la Audiencia es de un 15-20%. A veces, explica, las suspensiones son inevitables pero, en otras ocasiones, se puede deber a una deficiencia organizativa, apunta.

Preguntado por el ambiente de trabajo en la institución que preside, teniendo en cuenta la situación de funcionarios y letrados judiciales, que mantienen diferentes reclamaciones por las que se han manifestado en los últimos meses, González afirma que “el ambiente de trabajo es bueno, porque la gente es muy vocacional. El alto nivel de compromiso que lleva a los magistrados a la Audiencia Provincial lleva a que las dificultades se solventen fácilmente”.

Audiencia Provincial de Madrid. (Imagen: E&J)

En esta entrevista, el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid se ha mostrado contrario a que los fiscales asuman la instrucción. “Nuestro sistema tiene importantes ventajas porque el juez es neutro y el fiscal no es independiente de presiones, responde al Gobierno, y está contaminado. Si que creo que el juez debería estar especializado. Debería haber jueces de instrucción especializados en delincuencia económica y jueces de instrucción que sepan trabajar en equipo”, señala.

Juan Pablo González observa que “llevan tiempo observando un incremento de los delitos de índole sexual y que hay que buscar sus causas. Se ha hablado del acceso a la pornografía por menores”. Indica que el incremento también se puede deber al aumento de denuncias de este tipo de delitos que se cometen en el seno familiar y que antes quedaban impunes porque no existía una concienciación adecuada.

 Que la clase política deje de contaminar a la Justicia

“En una democracia avanzada, el mundo judicial no debería ser nunca objeto de controversia política”, ha afirmado Juan Pablo González en relación a la actual situación de bloqueo que se vive en el órgano de Gobierno de los jueces. “Someter al poder judicial a esa controversia, menoscaba la confianza que los ciudadanos tienen en la Justicia, lo que es un pilar fundamental para el correcto funcionamiento del mismo”, insiste. Así, ha instado a la clase política a que deje de “contaminar” el funcionamiento de la Justicia y a que adopte las políticas necesarias que reduzcan la complejidad procesal.

A pesar del perjuicio de imagen, la situación de bloqueo del CGPJ “no les afecta a nivel de organización interno”, más allá del “profundo malestar en la carrera judicial por la situación que atraviesa el órgano de gobierno de los jueces”.