El proceso judicial y el cálculo de indemnizaciones tras la explosión de una mina en Asturias: «Lo peor es el tiempo que pasa»

El accidente minero más grave en la última década en Asturias ha dejado un balance trágico: cinco mineros muertos y cuatro heridos de diversa consideración tras una fuerte explosión de grisú en la mina de Cerredo, en el municipio de Degaña.

El suceso tuvo lugar el pasado lunes, 31 de marzo, en torno a las 9:30 de la mañana, cuando los servicios de emergencia recibieron el primer aviso de un problema en la explotación de carbón, actualmente gestionada por la empresa Blue Solving. Poco después, se confirmó que el accidente había dejado múltiples víctimas, algunas de ellas atrapadas bajo los escombros.

Los cinco trabajadores fallecidos tenían entre 32 y 54 años y eran originarios de la provincia de León, concretamente de las comarcas mineras de Laciana y El Bierzo. Se trataban de Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio, David Álvarez. Entre ellos, había quienes continuaban la tradición familiar minera, como este último, hijo de un veterano del sector que trató de disuadirlo de seguir sus pasos.

Según han informado sendos medios de comunicación locales, el accidente ha generado una fuerte conmoción en las comunidades mineras de la zona, donde las familias y compañeros de los fallecidos lamentan la tragedia y reclaman medidas más estrictas de seguridad en el sector. Mientras tanto, las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del siniestro y posibles responsabilidades. La explosión de grisú, un gas altamente inflamable presente en las minas de carbón, apunta a un fallo en las medidas de ventilación.

Para entender las causas y responsabilidades en accidentes como este, este medio de comunicación ha consultado a Ignacio González Gugel, experto en indemnizaciones y socio-fundador del despacho Indemnización por Accidente.

Según explica este experto, «cuando ocurre un accidente laboral con fallecidos, se activan distintos procesos judiciales. No es un único procedimiento, sino que pueden coexistir hasta tres: uno laboral o social, que regula la relación entre el trabajador y la empresa; otro administrativo, donde la Inspección de Trabajo investiga y puede sancionar a la compañía; y un tercero penal, si se demuestra negligencia o incumplimiento grave de las normas de seguridad».

(Imagen: E&J)

La indemnización por accidente laboral se calcula con el baremo de los accidentes de tráfico

El proceso inicia con una investigación por parte de la Inspección de Trabajo, que se activa de oficio. «El empresario está obligado a comunicar el accidente, y la Inspección elabora un informe que servirá como base para varios procedimientos», añade González Gugel. Este informe puede dar pie a un procedimiento administrativo sancionador, en el que la empresa podría enfrentar una multa o un recargo sobre las prestaciones que debe pagar a los afectados. Por otro lado, si las autoridades encuentran indicios de criminalidad, se podría abrir un proceso penal.

Aunque los familiares de los fallecidos pueden iniciar un proceso en la jurisdicción social para reclamar indemnizaciones, el experto aclara que no es posible reclamar por ambas vías, la social y la penal, al mismo tiempo. «En el ámbito social, se calcula la indemnización utilizando un baremo similar al que se emplea en accidentes de tráfico», explica González Gugel. Este sistema tiene en cuenta diversos factores, como la edad del fallecido, su relación con los familiares dependientes y el impacto económico que genera su pérdida.

En cuanto a la posibilidad de que la empresa sea penalmente responsable, el abogado puntualiza que, desde la reforma del Código Penal en 2010, las empresas pueden ser responsabilizadas en ciertos delitos. Sin embargo, no en casos como este, relacionados con la seguridad laboral. «El artículo 31 bis del Código Penal establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero solo para ciertos delitos. Los delitos contra la seguridad de los trabajadores no están incluidos, por lo que solo los responsables directos, como los directivos o encargados de seguridad, pueden ser penalmente condenados», señala.

Uno de los aspectos más complejos en estos casos es la solvencia de la empresa, ya que, a diferencia de lo que ocurre en los accidentes de tráfico, no existe un seguro obligatorio para las empresas. «En accidentes de tráfico, el seguro cubre cualquier siniestro, pero en el ámbito laboral, si la empresa no tiene un seguro adecuado o es insolvente, los afectados pueden quedar sin compensación», advierte González Gugel. Esto es un riesgo constante, especialmente en empresas pequeñas o en aquellas que no cuentan con el respaldo necesario.

(Imagen: E&J)

El cálculo de las indemnizaciones es algo muy complejo

Por otro lado, las indemnizaciones en estos casos se calculan tomando en cuenta la edad del fallecido, el número de personas a indemnizar y el tipo de daño sufrido. «No es lo mismo indemnizar a una persona de 20 años que a alguien de 80, ya que el cálculo incluye el impacto económico futuro que la muerte del trabajador genera en su familia», explica el experto.

«El cálculo de las indemnizaciones en estos casos tiene en cuenta una serie de factores muy específicos, como la edad del fallecido, el número de personas a indemnizar y los perjuicios económicos que ha sufrido la familia», comenta. Además, resalta que, aunque el baremo de tráfico es una herramienta útil para determinar las compensaciones, cada caso es único y puede presentar particularidades que complican aún más el proceso.

«Por ejemplo, si el fallecido tenía un hijo pequeño o dependientes económicos, la indemnización será significativamente mayor», añade González Gugel. También señala que el impacto psicológico de la pérdida de un ser querido, especialmente cuando se trata de un padre joven con hijos pequeños, suele ser un factor que no siempre se tiene en cuenta adecuadamente en el cálculo de la compensación. «En estos casos, la indemnización no solo cubre el daño económico, sino que también debe tener en cuenta el sufrimiento emocional y psicológico de los afectados», subraya.

El experto también apunta que, aunque en teoría las indemnizaciones deberían ser proporcionales al daño sufrido, la realidad es que el proceso judicial puede ser largo y complicado. «Los procedimientos judiciales en casos de accidentes laborales pueden tardar años en resolverse, y en ese tiempo, las víctimas o sus familiares pueden pasar por situaciones económicas y emocionales muy difíciles», explica González Gugel. Según él, esto se debe en gran parte a la existencia de múltiples procesos judiciales simultáneos, lo que puede generar retrasos significativos.

(Imagen: E&J)

«Lo más duro es el tiempo que pasa»

«Lo ideal sería que el proceso fuera más ágil, pero la burocracia y los recursos legales de las empresas hacen que las víctimas tengan que esperar años antes de recibir alguna compensación», señala González Gugel. Aunque admite la lentitud del sistema, también destaca que, en algunos casos, las indemnizaciones complementarias establecidas en los convenios colectivos pueden proporcionar un alivio temporal. «Este tipo de indemnización adicional puede ofrecer un respiro inmediato a las familias, pero no siempre está garantizado», aclara el experto.

En cuanto a la posibilidad de que la indemnización sea reclamada en un accidente sin culpa del empresario, Gugel subraya que es casi imposible que no exista responsabilidad por parte de la empresa. «La normativa está diseñada para exigir mucho al empresario. Siempre hay alguna forma de encontrar responsabilidad, aunque solo sea por no cumplir alguna norma formal», explica.

A pesar de los errores humanos, como un trabajador que no use guantes en una máquina, el experto insiste en que es responsabilidad del empresario anticipar y prevenir estos fallos. «El error humano siempre va a ocurrir, por lo tanto, el empresario debe ser consciente de ello y tomar medidas para minimizar los riesgos», apunta.

Pero la verdadera tragedia no se encuentra solo en el accidente en sí, sino en la espera. «No es lo mismo que una multa por exceso de velocidad, esto implica vidas humanas», afirma Gugel con firmeza. Lo más cruel de todo, asegura, es el interminable paso del tiempo. «La gente se desespera, te llaman, te dicen que hagas algo más, pero lo único que puedes decirles que ya está el caso denunciado ante el juzgado, que el proceso sigue su curso», comenta.

Y aunque el sistema judicial avanza lentamente, el sufrimiento de las víctimas se agrava con cada día que pasa. El tiempo, en estos casos, no solo es un enemigo invisible: es una condena prolongada que no se puede pagar con dinero. «Es duro, muy duro», remarca.