PSOE: «Estamos viendo subidas retributivas enormes y me gustaría ver una correlación entre sueldo y calidad»

El Partido Socialista defiende que convocar una huelga cuando hay un convenio en vigor es ilegal, según el Real Decreto de 1977 que la regula. Lo ha hecho en el marco del debate sobre justicia celebrado en el Colegio de la Abogacía de Madrid, en el que han participado candidatos de los diferentes partidos con representación parlamentaria en la cámara autonómica. En este marco, la portavoz del PSOE ha afirmado que “estamos viendo subidas retributivas enormes y me gustaría que fueran acompañadas de una revisión de los módulos, del rendimiento en el trabajo, de la excelencia en la calidad y del tratamiento a los profesionales. Que hubiese una correlación entre sueldo y calidad”.

“Los LAJs, los funcionarios y los jueces y fiscales están incumpliendo su propio marco normativo de incremento retributivo”, ha dicho la portavoz del PSOE en ese debate, Llanos Castellanos. “En el caso de los LAJs habían firmado un marco en 2021 y finalmente han presionado y se les ha reconocido un incremento per cápita de 430/ 450 euros mensuales”, ha recordado. También ha criticado a las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales, “que llamaron a la huelga de forma previa a la reunión de la mesa de retribuciones”. Bien es cierto que la mesa debía haberse reunido antes y que había sido desconvocada unilateralmente de forma previa.

“El incremento salarial de 47 millones de euros propuesto ayer por el Ministerio de justicia va a suponer una subida de unos 450 euros al mes de media para jueces y fiscales. Es un 7% , que se suma a la del 8,5% de todos los funcionarios, lo que supone una subida del 16%”, ha dicho. De momento, no obstante, el acuerdo no está cerrado. “Y los funcionarios también están reclamando cuando hay un convenio en vigor, es ilegal”, ha añadido.

En este contexto, Podemos y Más País han considerado cuestionable que un poder del Estado como el judicial se pueda poner de huelga, aunque sostienen que “tienen todo el derecho a reivindicar lo que consideran justo” y coinciden en que jueces y fiscales han perdido poder adquisitivo y en que no se puede apoyar a los funcionarios públicos, en referencia al PP, y recortar impuestos de forma permanente. La inversión hay que sacarla de algún lado, han abundado las fuerzas a la izquierda del PSOE, que han abogado por recuperar el impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Por su parte, en ese bloque del debate, el PP afirma que el Gobierno ha conseguido poner de acuerdo a todos los operadores para que se pongan de huelga y “el perjuicio a todos los ciudadanos es tremendo”. La Comunidad de Madrid “va a poner planes de refuerzo. Y va a hacerlo con los distintos actores y en coordinación con los colegios de abogados”, ha dicho Yolanda Ibarrola.

Candidatos de Podemos, PSOE, PP y Más Madrid en los momentos previos al debate. (Foto: Sergio Montañés/ E&J)

La Ciudad de la Justicia

La Ciudad de la Justicia de Madrid ha sido otro de los puntos polémicos del debate sobre justicia que se ha desarrollado esta mañana en la sede del Colegio de la Abogacía de Madrid. El proyecto, que pretende agrupar las sedes judiciales principales de la Comunidad Madrid y suponer una modernización de la infraestructura, del que se lleva hablando durante años, ha sido uno de los temas en los que los candidatos se han dirigido los mayores reproches.

El PSOE ha criticado que el megaproyecto vaya a costar 2.800 millones de euros. «Es un coste excesivo en un proyecto paralizado”, en vez de invertir dinero en mejorar las instalaciones de juzgados como el de Plaza Castilla o ampliar los recursos humanos de las sedes judiciales, ha criticado Llanos Castellanos. Desde Podemos, han criticado que los servicios de la Ciudad de la Justicia, que se construye con fondos públicos, vayan a ser gestionados por la privada. “El PP gobierna para cuatro. Lo que se podría hacer con 2.800 millones en materia de conciliación o digitalización”, ha subrayado su portavoz en materia de Justicia, Jacinto Moreno. Por su parte, Más Madrid ha señalado que “al Real Madrid le va a costar menos la obra del estadio Santiago Bernabeu, con una obra que cuesta 575 millones y que va a ascender finalmente a 800, mientras que la factura de la Ciudad Justicia para la Administración, cuya obra cuesta 507 millones obras y no va a ser de la Comunidad hasta dentro de 40 años, va a costar finalmente 2800 millones de euros a los madrileños”. El portavoz de la formación, Hugo Martínez, ha apuntado que, teniendo en cuenta que la obra es más costosa en este momento y que “hemos esperado 20 años a los fracasos y corrupción del PP, no pasa nada por esperar dos años más a que la situación económica y los precios mejoren”, para continuar. Ciudadanos ha incidido también en que la justicia está escasamente dotada y que este proyecto está paralizado. “Nos preocupa la antigüedad y el estado de los edificios. También es preocupante la excesiva interinidad y de la precariedad del personal del juzgado, hay que ampliar los recursos humanos”, ha afirmado su portavoz, Emi Fernández Luna. La responsable del Partido Popular, por su parte, Yolanda Ibarrola, ha respondido que “es un insulto a la inteligencia decir que la obra cuesta 2.800 millones de euros, puesto que no se están contemplando todos los gastos adicionales que conlleva el proyecto o la propia explotación de la misma”. Vox ha manifestado su apoyo al modelo de gestión público privado, siempre y cuando, ha dicho, no salga más caro que la gestión directa.

La presidenta del CGAE, Victoria Ortega y el decano del ICAM, Eugenio Ribón. (Foto: Sergio Montañés/ E&J)

En un debate con cuatro bloques temáticos y abierto por el decano del ICAM, Eugenio Ribón, todos se han mostrado de acuerdo en la necesidad de impulsar medidas que fomenten la conciliación, teniendo en cuenta las conclusiones del reciente Congreso de la Abogacía, aunque no han puesto muchos ejemplos. En este contexto se ha hablado de la necesidad de suspender vistas y plazos procesales en caso de enfermedad o de combatir el intrusismo profesional fomentando la especialización. En este punto el PSOE ha sacado pecho de la nueva Ley de eficiencia procesal y de la Ley Orgánica de derecho de defensa. El portavoz de Podemos ha lamentado que “los abogados han sido abandonados por la Comunidad de Madrid y que el próximo Gobierno regional debe trabajar mucho por devolver la dignidad”. Ciudadanos ha propuesto la creación de un marco jurídico específico justicia digital, para vistas telemáticas con todas las garantías con protocolo en el que se defina desconexión digital y se regulen las prácticas universitarias.

Los distintos portavoces han dibujado un escenario muy distinto de la situación de la Justicia en Madrid. Mientras el PSOE ha recurrido a los datos del Consejo General del Poder Judicial para señalar el significativo retraso de la actividad judicial y que “la única contribución de Ayuso a la justicia haya sido un whatsapp para bloquear la renovación del CGPJ”, el PP asegura que la justicia está mejor ahora y que la Comunidad de Madrid está supliendo con interinos la falta de iniciativa del Gobierno para sacar nuevas plazas de funcionarios de carrera que cubran vacantes y refuerzos. Han asegurado, desde el partido que gobierna, que “todo se ha hecho siempre de la mano de los colegios de abogados y procuradores, que queda margen para avanzar pero con sensatez y sin grandes promesas al viento”.  Por parte de Ciudadanos, se ha reclamado un pacto por la justicia “para el que su formación debe ser decisiva”, Podemos ha subrayado que, en las próximas elecciones se trata de decidir entre un “modelo que defienda el servicio público o el de Ayuso”, Vox considera necesario “promover unos criterios mínimos que deban reunir los espacios en los que trabajen los abogados” y Más Madrid ha propuesto la constitución de una mesa regional de la justicia de la que formen parte partidos políticos, colegios, y sindicatos para elaborar un mapa de necesidades.