El Registro de medios que quiere crear el Gobierno no aparece en la normativa europea que inspira el plan antibulos de Sánchez

El Plan de Acción por la Democracia, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, engloba cambios en el poder legislativo y en el ejecutivo, así como una serie de exigencias a los medios de comunicación que, a priori, deberán cumplir. Sin embargo, la falta de mayorías parlamentarias del Gobierno hace que esté ahora mismo en el alero su puesta en marcha.

Se trata, según ha anunciado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de una «hoja de ruta con 31 medidas que el Gobierno va a implementar a lo largo de la legislatura».

Así, tiene el objetivo de «reforzar la limpieza de la democracia y dotar de una mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación», en un momento en el que los críticos señalan que quiere amordazar a los medios críticos que están informando sobre los negocios de la mujer del presidente o la propia trama Koldo.

El ministro ha comunicado, además, que se implementará una comisión interministerial que implica a seis ministerios «cada tres meses para vigilar el seguimiento de la implementación» del plan a lo largo de los tres años restantes de legislatura.

Por el momento, lo que se conoce es un plan genérico que implica a la mayor parte de los ministerios y que ha generado bastante polémica. Desde la propia Comunidad de Madrid se estudia llevar el plan a los tribunales una vez llegue al Parlamento, porque podría invadir competencias autonómicas en cuanto a recomendar qué son medios informativos y cuáles no.

El registro de medios, material sensible

Por su parte, Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, lidera desde hace cuatro años  el grupo Libex, que lleva años trabajando en cuestiones relacionadas con la libertad de expresión, afirma que “esta propuesta de lucha con la desinformación es bastante genérica» y que «tendremos que ver el desarrollo posterior de la misma para ver realmente de qué cambios se está hablando». Del debate político abierto prefiere no opinar, pero sí hacer un análisis jurídico del tema.

Jacobo Dopico advierte que el crear un registro de medios informativos es algo bastante delicado y puede generar problemas. (Imagen: Universidad Carlos III)

Para este jurista, “desde hace diez años, la UE está muy preocupada por el tema de la desinformación. En sus documentos distinguen entre misinformation (informacion errónea) y la desinformation, que sería la desinformación intencionada, es decir, los intentos de intoxicación informativa”.

En este contexto, la UE se plantea la lucha contra las injerencias desinformativas, sobre todo en procesos electorales, en el Brexit, en crisis como la pandemia, donde surgió la infodemia como elemento de desinformación.  Los documentos de la UE desde el 2015 hacen de manera clara a Rusia en esas estrategias de desinformación”.

Para este jurista, el Gobierno ampara muchas de estas medidas relacionadas con normativa europea actual. Hay muchas cuestiones que se señalan, muchas de ellas necesitarán reformas legislativas. Se habla de la eliminación de cierto tipo de delitos que han sido problemáticos, como son los relativos a ofensas a instituciones del Estado, delitos contra los sentimientos religiosos. Habrá que ver realmente como queda. También se plantea una reforma de la ley mordaza, veremos en qué términos».

En cuanto a las medidas sobre los medios de comunicación que han generado cierta polémica, afirma que “todo dependerá de cómo se concrete» y que «no parece problemática establecer pautas para gestionar la transparencia de las administraciones a nivel de financiación de medios informativos, pues está en la línea del Reglamento Europeo de Libertad de medios de comunicación». «Parece  lógico que se plantee una reforma del secreto profesional, al igual que proteger a los periodistas de demandas que puedan sufrir ante su ejercicio profesional”, apunta.

Sobre el registro de los medios de comunicación, una de mas medidas mas controvertidas, Jacobo Dopico indica que “entra en una zona muy delicada que se ponga en marcha» y que habrá que ver cuáles son los requisitos de entrada y si se puede denegar la inscripción y para qué se pone en marcha. «Todo esto no lo sabemos aún, lo que impide hacer esa valoración. Desde luego, será clave su próxima definición si al final se pone en marcha este plan contra la desinformación», indica.

No va a revitalizar la democracia

Germán Teruel, profesor titular en Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia, doctor en Derecho por la Universidades de Bolonia y por la Universidad de Murcia es patrono de la Fundación Hay Derecho y uno de los autores del estudio sobre el Estado de Derecho de esta entidad. “Tenemos solo una colección de titulares entendidos como buenos deseos. Para salir adelante, muchas de ellas necesitaran de apoyo parlamentario, algo que ahora es complicado de lograr”, señala.

Germán Teruel subraya que ese registro de medios no está contemplado en la normativa europea y es una creación del Gobierno. (Imagen: Fundación Hay Derecho)

Desde su punto de vista, “esto hace que una valoración global no sea posible, aunque la iniciativa arroja sus luces y sus sombras: Hay que darse cuenta que algunas de las cosas que se proponen ahora, como la aprobación de la ley de lobbies; la reforma de la ley de secretos oficiales o la creación de una autoridad independiente que lo exige Europa y que vamos con retraso en su implementación o reforzar la normativa de transparencia se viene diciendo desde hace años y no se concreta nada”.

Sin embargo, sí observa que hay cuestiones que hay que dejar claras: “No puede decirse que vaya a ser un plan que revitalice la democracia porque muchas de estas medidas no afectan a aspectos nucleares de la misma, sobre todo cuando se está haciendo lo contrario a nivel de regeneración en estos momentos. Se dice que se quiere mejorar la participación ciudadana, pero el plan aprobado no ha sido sometido a consulta con ninguna asociación profesional o colectivo implicado”.

Respecto a las medidas sobre los medios de comunicación, Germán Teruel, que también formó parte de aquel Grupo Libex, es consciente de las alarmas justificadas encendidas. “Es importante ver la letra pequeña de las mismas. Buena parte de esta regulación la aprobó Europa el pasado mes de marzo en un reglamento, que es aplicable de manera casi automática. Además, hay cambios terminológicos respecto a esta normativa que pueden ser preocupantes. Es el caso de crear un Registro de medios de comunicación que no aparece en la normativa europea», explica.

Sobre esta cuestión añade que “en la normativa europea tiene una base de datos donde incluya toda la información referida a los medios de comunicación, sobre quienes son sus propietarios, accionistas y además una información sobre la financiación publica que recibe. Sin embargo, el Gobierno lo convierte en un registro y esa información se amplía en el plan de gobierno sobre las fuentes de financiación a nivel general. Si el Gobierno quiere crear ese registro de medios fuera de la normativa europea, nos puede hacer que entremos en un terreno peligroso”, asegura.

Desde su punto de vista, “la definición europea de medio de comunicación es muy general». «No parece lógico, como hemos oído al ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, que sea el Gobierno quien decida quién es medio de comunicación y quien no lo es. También habla de reformar el derecho a la rectificación, que esta concebido frente a cuestiones de honor. Tiene sentido si se produce una calumnia que afecta al honor de una persona, pero extenderlo es peligroso porque puede coartar la libertad informativa”, afirma.

En cuanto a una posible reforma del derecho  al honor, German Teruel señala que “es una norma antigua, pero las bases las tenemos ahí y la jurisprudencia está consolidada y sustantivamente no hay problema». «Están muy claros los límites al derecho al honor. Es posible que pueda introducir alguna mejora procesal, pero si se quiere reforzar ese derecho al honor puede influir también en la libertad de información y generar problemas”, añade.

Para este jurista, un tema clave tiene que ver con la publicidad institucional y su regulación “es una forma que tiene de influir el poder político en lo medios y condicionar la independencia de los medios. Hasta ahora, no ha habido un control efectivo de la misma. Habrá que ver cómo se regula y cómo se gestiona este tema. Si se hace bien ganaremos bastante. También hay que estar en alerta a la Comisión sobre Desinformación que se quiere crear y algunos Códigos de Buenas prácticas que pudieran aprobarse”.

Un plan abierto sin concretar

Vicente Arias recuerda que muchas de estas medidas necesitan de reformas legislativas a través de Leyes Orgánicas. (Imagen: Eversheds Sutherland)

Por su parte, para Vicente Arias, socio del departamento de IP, Protección de Datos, Medios y Entretenimiento de Eversheds Sutherland en la oficina de Madrid, un estudioso de los temas que tienen que ver con los medios informativos, “este primer documento está bien cuidado a nivel redaccional, pero está bastante indefinido en cuanto a su contenido. Además, una parte importante de su contenido necesitará pasar por el Parlamento y ser aprobado, cuestión que no va a ser fácil en estos momentos”.

Desde su punto de vista, “este plan contra la desinformación está muy abierto a su contenido final. Hay propuestas de cambios, tanto del Código Penal como de reforma del derecho de rectificación y derecho al honor que habrá que ver cómo quedan al final redactados y en qué sentido. Estas modificaciones hay que hacerlas mediante Ley Orgánica y en la actualidad el Gobierno no tiene las mayorías cualificadas”.

En el plan, este jurista también revela que se habla ya de asuntos como la autoridad independiente de protección al informante o la ley de bulos o la ley de secretos oficiales que ya tienen cierto recorrido y hasta ahora no se la logrado nada realmente. Igualmente, destaca que “se habla de la mejora de la transparencia en las administraciones, pero este Gobierno está fallando en transparencia”.

Para este experto, “aquello que se incluye sobre la transparencia de los medios de comunicación, su accionariado y otros detalles ya viene de un Reglamento Comunitario que se aprobó a primeros de año y que aún no está traspuesto en nuestro país. Otra cosa es el registro de medios de comunicación bajo la tutela de la CNMC, que necesitará de una ley para reformar este regulador. No será sencillo que se apruebe en el Congreso”.

Sobre la reforma del Código Penal que se pretende hacer para despenalizar las injurias al Rey y a otras instituciones, este jurista recuerda que de las pocas sentencias que hay en el TEDH por infringir la libertad de expresión tienen que ver por esos delitos contra la Corona. “Habrá que ver cómo queda al final. El contenido está en entrelíneas. Lo preocupante va a ser cómo se concretan estos cambios. Esperemos que haya un trámite parlamentario y que algunas asociaciones profesionales puedan aportar sus sugerencias”, declara.

A juicio de Arias, todavía hay que conocer el documento final porque el que se ha filtrado a los medios informativos es bastante incompleto, lo que hace que se abra a todo tipo de interpretaciones. «Es posible que sea una forma que tiene el Ejecutivo de amagar con lo que dice que podría poner en marcha a lo largo de esta legislatura. Es posible que algunos aspectos de este plan podrían ser inconstitucionales, pero habrá que ver su redacción final”, apunta.

Este jurista cree que ha sido desafortunada la puesta en escena de dicho plan porque se han oído declaraciones tanto del presidente del Gobierno como de los ministros Bolaños y Artasun en las que se habla de «pseudomedios» y de un control más estricto de determinadas informaciones, porque podrían «crear fango». Considera que con todas estas iniciativas podría crearse un sentimiento de censura previa en el periodista en cuestión para no meterse en líos.