El Supremo abre causa penal a un senador de Coalición Canaria por posibles delitos de falso testimonio y denuncia falsa
La Fiscalía pide un año y medio de prisión e inhabilitación para el político
Fachada del Tribunal Supremo. (Imagen: E&J)
El Supremo abre causa penal a un senador de Coalición Canaria por posibles delitos de falso testimonio y denuncia falsa
La Fiscalía pide un año y medio de prisión e inhabilitación para el político
Fachada del Tribunal Supremo. (Imagen: E&J)
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha anunciado este martes la apertura de procedimiento al senador de Coalición Canaria, Pedro Manuel San Ginés Gutiérrez, por presuntos delitos de falso testimonio y denuncia falsa que habría cometido cuando era presidente del Cabildo Insular de Lanzarote.
Según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Alto Tribunal ha adoptado esta decisión después de haber recibido una exposición razonada del Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife, enviada tras comunicar el abogado del senador «que su cliente había adquirido la condición de senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que pasaba a ser aforado ante el Supremo».
Ante ello, la Sala ha declarado que existen indicios de la comisión de delitos por persona aforada. Indicios por los cuáles la Fiscalía presentó un escrito de acusación contra San Ginés, alegando un delito de falso testimonio y solicitando contra él una pena de un año y medio de prisión, además de inhabilitación durante el tiempo de la condena.
Según el auto emitido, los hechos objeto de la acusación se remontan a 2009, cuando el individuo ocupaba el cargo de presidente del Cabildo Insular de Lanzarote y del Ente Público de Empresa Local (Centro de Artes, Cultura y Turismo). En ese año, se presentó voluntariamente en las dependencias policiales de Costa Teguise para denunciar presuntas irregularidades en la contratación de ciertos servicios, cometidas por varias personas.
De acuerdo con el escrito de acusación del fiscal, el individuo en cuestión realizó la denuncia con la intención de falsear los hechos, narrando irregularidades que constituían diversos delitos contra la Administración Pública, «con ánimo de faltar a la verdad objetiva y con manifiesto desprecio hacia la misma». Posteriormente, compareció como testigo en las actuaciones judiciales derivadas de su denuncia y, “previo juramento o promesa de decir verdad, volvió a manifestar, faltando a la verdad objetiva, las mismas irregularidades en la contratación de servicios imputadas”, según la Fiscalía.
En 2019, ofreció otra declaración testimonial en las actuaciones judiciales, manteniendo las imputaciones anteriores. Pocos días después, la causa fue provisionalmente sobreseída, según lo relatado por la Fiscalía. El magistrado Vicente Magro ha sido designado instructor de la causa.
