El Supremo anula el nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria Democrática

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el nombramiento de la exfiscal general del Estado y exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado parcialmente los tres recursos que fueron interpuestos contra el Real Decreto por el que fue nombrada. Una decisión que ha sido adoptada por mayoría por la Sección Cuarta. El Supremo ha acordado anular el Real Decreto de nombramiento y la retroacción de actuaciones para que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre si concurre o no la prohibición prevista en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, sobre incompatibilidades.

Los recursos fueron presentados por Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez, que era uno de los tres candidatos al cargo de esta plaza de nueva creación, a la que también aspiraban Juan Calparsoro y Carlos Castresana.

El nombramiento de Dolores Delgado se decidió en un Pleno celebrado en junio de 2023 que llegaba precedido por la polémica generada por la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de adelantar la reunión, prevista inicialmente para el 19 de junio, «para garantizar que los nombramientos se materializaran pese al adelanto electoral al 23 de julio». En la reunión, los seis vocales electos de la AF y el vocal de la APIF insistieron en «la necesidad» de suspender la deliberación y votación de la plaza a la que optaba Delgado para aclarar antes si ésta incurría en causa de incompatibilidad por su relación sentimental con el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dirige una fundación destinada a los Derechos Humanos.

García Ortiz lo rechazó, por lo que estos siete vocales decidieron no participar en la deliberación ni en la votación de la plaza, y el fiscal general propuso nombrar a Dolores Delgado, pese a que ésta sólo recibió los votos de un vocal de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) —a la que pertenecieron tanto García Ortiz como Delgado— y de las dos vocales natas, mientras que el otro vocal de la UPF apoyó a Calparsoro. Finalmente, el Gobierno nombró a Delgado para este cargo el pasado 13 de junio.

La estimación de los recursos es parcial porque los recurrentes también habían pedido la nulidad por desviación de poder del fiscal general. Al estimar el recurso por el otro motivo, el Supremo ya no entra en el fondo sobre esta otra cuestión.

No es la primera vez que el Supremo desautoriza la actuación del fiscal general del Estado en materia de nombramientos. El primer varapalo se lo llevó la propia Delgado siendo fiscal general del Estado con la propuesta de nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala de Menores, que también fue anulado por el Alto Tribunal. Después, el Supremo anuló el nombramiento de Delgado como fiscal jefe de la Sala lo Militar, propuesto por Álvaro García Ortiz.

Precisamente por estos antecedentes, tanto la AF como la APIF han solicitado en reiteradas ocasiones la dimisión de García Ortiz como fiscal general del Estado. Además, la APIF ha impugnado el propio nombramiento de García Ortiz como fiscal general por no considerarlo idóneo por estas actuaciones, así como por las filtraciones de la Fiscalía de Madrid sobre el caso de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.