El Supremo mantiene la orden nacional de detención de Puigdemont tras la publicación de la Ley de Amnistía
El juez instructor da cinco días a las partes para informar sobre Ley de Amnistía y comunica a la Policía que la orden nacional de detención de Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira sigue activa
El tribunal de la Sala de lo Penal que juzgó el 'procés' y la magistrada Susana Polo, instructora del 'caso Tsunami Democratic’, también dan traslado a la Fiscalía y demás partes personadas para que presenten alegaciones a la aplicación de esta ley. (Imagen: E&J)
El Supremo mantiene la orden nacional de detención de Puigdemont tras la publicación de la Ley de Amnistía
El juez instructor da cinco días a las partes para informar sobre Ley de Amnistía y comunica a la Policía que la orden nacional de detención de Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira sigue activa
El tribunal de la Sala de lo Penal que juzgó el 'procés' y la magistrada Susana Polo, instructora del 'caso Tsunami Democratic’, también dan traslado a la Fiscalía y demás partes personadas para que presenten alegaciones a la aplicación de esta ley. (Imagen: E&J)
El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, instructor del ‘caso procés’, ha dado un plazo de cinco días a las partes para que informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la Ley de Amnistía, publicada hoy en el BOE, a los distintos hechos que se atribuyen a los encausados Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira, y sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos.
En la providencia, dictada hoy, ordena que se comunique a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que “continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención” de estos cuatro procesados, adoptadas en auto de enero de 2023, “por lo que deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas”.
La Ley de Amnistía ha entrado en vigor en el momento de su publicación en el BOE, abriéndose un plazo de dos meses para que jueces y tribunales la apliquen, el cual se detendrá si se eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).
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