El Supremo remite al decanato de Madrid las quejas del fiscal general y de la fiscal jefe de Madrid por las filtraciones del informe de la UCO

El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, —instructor de la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe de Madrid, María Pilar Rodríguez, imputados por un presunto delito de revelación de secretos— ha decidido remitir al decanato de los juzgados de Madrid las quejas presentadas por ambos imputados sobre las filtraciones del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Se refiere a un informe de 57 páginas que la UCO envió al Supremo el pasado 21 de noviembre advirtiendo de una posible «participación preeminente» de García Ortiz en la difusión de las informaciones confidenciales relativas al presunto fraude fiscal cometido por el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Un informe en el que, tal y como informó este medio de comunicación en aquél entonces, la Guardia Civil aseguraba haber recabado pruebas que ponían en entredicho al fiscal general, colocándole en el ojo de mira de la Justicia. En concreto, se señalaba que el pasado 8 de marzo la fiscal jefe de Madrid «remitió toda la documentación relacionada con la denuncia a Alberto González Amador» a «requerimiento de la Fiscalía General del Estado».

Además, se revelaba que solo cuatro días después, el 12 de marzo, se produjo una «primera filtración» a la prensa, publicada por eldiario.es, «supuestamente realizada por la Fiscalía General del Estado», según se infiere de las conversaciones de la propia Pilar Rodríguez. Unas acusaciones que, sin embargo, fueron refutadas por fuentes de la Fiscalía, quienes aseguraron que el documento «no aportaba ninguna prueba» y que los datos de González Amador podrían haber sido filtrados de otras muchas maneras.

Fachada del Tribunal Supremo. (Imagen: Poder judicial)

Rechazada la petición de García Ortiz para que la UCO excluya mensajes privados de su informe

Ante este escenario, la UCO solicitó al instructor Hurtado poder acceder a la copia de las informaciones extraídas del despacho del fiscal general, que fue registrado el pasado 30 de octubre. Una petición que fue contestada en sentido favorable para la Guardia Civil, que desde entonces ha tenido acceso a todos los archivos —tanto digitales como físicos (y sólo desde el 8 al 14 de marzo de ese mismo año)— encontrados en las oficinas de García Ortiz, entre ellos sus dos teléfonos móviles.

Con las investigaciones aún en curso, el magistrado Hurtado también ha acordado que se envíe su auto de 25 de noviembre, donde ya advertía sobre el secreto de las actuaciones. Un secreto que, de acuerdo con lo recogido en el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, busca evitar que se genere «un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona», así como prevenir «una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso».

En cuanto a una solicitud de García Ortiz para que la UCO excluya mensajes privados irrelevantes en su informe, el magistrado ha rechazado la petición, destacando la profesionalidad de la UCO y recordando que las partes tienen derecho a cuestionar su trabajo. A este respecto, ha señalado que no ha lugar acceder a dicha petición por considerarse que “no cabe formular reproche alguno al trabajo realizado por una unidad tan especializada y reconocida como es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sin perjuicio del derecho de la parte a su cuestionamiento”.

Finalmente, y en otra resolución, Hurtado ha desestimado una denuncia presentada por la Abogacía del Estado en representación de los dos investigados. Esta denuncia alegaba irregularidades en el informe de la UCO del 21 de noviembre y vulneración de derechos fundamentales. En este sentido, el magistrado ha reafirmado que no hay motivos para reprochar el trabajo de la UCO, aunque las partes pueden impugnarlo si lo consideran necesario.

Por otro lado, el magistrado de la Sala Penal, Leopoldo Puente, ha incorporado a su causa documentos presentados por el investigado Víctor de Aldama y ha dado acceso a ellos a las demás partes. Sin embargo, ha decidido no solicitar por ahora el volcado del teléfono móvil de Aldama ni remitirlo al Tribunal Supremo, aunque este tema podría abordarse en una declaración del investigado programada para el 16 de diciembre.