El asesinato de Shinzo Abe y el tratamiento del delito de magnicidio en el mundo

El ex primer ministro japonés Shinzo Abe ha fallecido este viernes tras ser tiroteado mientras participaba en un acto de campaña electoral en Nara —en el centro del país— para las elecciones a la cámara alta de la Dieta japonesa previstas para este fin de semana. Según los primeros datos conocidos del ataque, un hombre se acercó por la espalda a Abe, se escucharon dos disparos y el político se desplomó.

Durante las aproximadamente cuatro horas en las que estuvo hospitalizado en un centro al que fue trasladado en helicóptero, los médicos han tratado de detener sus hemorragias en el cuello y en el pecho y realizaron transfusiones de sangre, sin lograr salvar su vida.

Inmediatamente después del atentado, la policía japonesa ha detenido a un hombre identificado como Yamagami Tetsuya, desempleado de 41 años y exmiembro de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa (Ejército). Según la legislación japonesa, el detenido podría ser condenado a muerte.

El asesinato de un político del nivel de Abe, (ex primer ministro) no tiene precedentes en un país en el que es muy difícil hacerse con un arma de fuego y que es considerado seguro. Esta sensación de seguridad hace que los políticos se muestren cercanos a los ciudadanos, especialmente en campaña electoral.

Esto no quiere decir que la muerte de Abe en circunstancias violentas sea el primer magnicidio que se produce en Japón. En 2007, el alcalde de Nagasaki fue asesinado a tiros por un miembro de la Yakuza (mafia japonesa). Y en 1960, el líder del Partido Socialista fue asesinado durante un discurso por un joven que portaba una espada samurái. Son, según apunta la agencia Reuters, los únicos incidentes de este tipo registrados en el país.

El presidente de Estados Unidos John F. Kennedy momentos antes de su asesinato. (Foto: National Archives)

Magnicidios en la historia reciente

Aunque no es un delito habitual, el magnicidio, definido por la Real Academia como “muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o poder” el homicidio contra reyes o dirigentes políticos tiene una larga cadena de antecedentes en la historia. Solo en el siglo XX, y por citar algunos de los últimos casos más sonados, se han producido los de John Fitzgerald Kennedy, 35º presiente de Estados Unidos, el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Anwar el-Sadat, el presidente egipcio asesinado por sus propios soldados tras la paz con Israel, fue asesinado el 6 de octubre de 1981 durante un desfile militar por soldados egipcios; Indira Gandhi, primera ministra de India, el 31 de octubre de 1984; Isaac Rabin, el primer ministro israelí que fue asesinado por firmar la paz con el líder palestino Yasser Arafat, fue asesinado el 4 de noviembre de 1995 o Jovenel Moïse, el presidente de Haití, fue asesinado a tiros en su propia casa el 7 de julio de 2021.

En España, a parte de los asesinatos de cargos electos y ex ministros perpetrados por ETA, la muerte más sonada es la de Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno de Franco, que murió como consecuencia de la explosión de una bomba colocada por ETA en Madrid el 20 de diciembre de 1973.

Como ocurre con todos los delitos, el castigo de lo que puede ser considerado como magnicidio no es uniforme en todo el mundo. Incluso encontrar en los códigos penales referencias específicas a esta figura delictiva es complicado.

En el caso de España, el capítulo II del Código Penal se centra en los delitos contra la Corona y establece las penas para aquellas personas que maten al Rey o la Reina. El artículo 485 de esta norma recoge que “el que matare al Rey o a la Reina o al Príncipe o a la Princesa de Asturias será castigado con la pena de prisión permanente revisable”. El punto 2 de este artículo señala que “el que matare a cualquiera de los ascendientes o descendientes del Rey o de la Reina, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, será castigado con la pena de prisión de veinte a veinticinco años, salvo que los hechos estuvieran castigados con una pena más grave en algún otro precepto de este Código”. Además, “si concurrieran en el delito dos o más circunstancias agravantes, se impondrá la pena de prisión de veinticinco a treinta años”.

Si se mira a los países de nuestro entorno, el planteamiento es diverso. En Francia, por ejemplo, el artículo 221.4 del Código Penal desarrolla los casos en que los crímenes que son castigados con la pena de cadena perpetua. Entre los mismos están los cometidos “a un magistrado, a un jurado, a un abogado, a un funcionario público o ministerial, a un miembro de la gendarmería nacional, a un funcionario de la policía nacional, a la aduana, a la administración penitenciaria o a cualquier otra persona investida de autoridad pública…”.

La reina Isabel II con parte de la familia real británica. (Foto: Diez Minutos)

Alta traición en Reino Unido

En el caso de Reino Unido, la legislación británica cataloga como alta traición el delito de deslealtad a la Corona. Esto incluye planear el asesinato del soberano; cometer adulterio con la consorte del soberano, con la hija soltera mayor del soberano, o con la esposa del heredero al trono; hacer la guerra contra el soberano y adherirse a los enemigos del soberano, brindándoles ayuda o consuelo; e intentar socavar la línea de sucesión legalmente establecida.

El 26 de marzo de 2015 entró en vigor la Ley de Sucesión a la Corona de 2013, que modificó la línea de sucesión al trono para otorgar a las mujeres el mismo derecho de sucesión al trono que sus hermanos. Como consecuencia de ello, la Ley de Traición a la Patria de 1351 fue reformada en dos sentidos. Mientras que había sido traición para abarcar la muerte del hijo mayor y heredero del monarca, esto se modificó para cubrir a un heredero de cualquier sexo. También había sido traición «violar» a la esposa del hijo mayor del monarca, pero la Ley de 2013 restringió esto a los casos en que el hijo mayor también es el heredero al trono.

El castigo por este delito es cadena perpetua. Lo mismo ocurre en el caso de la muerte del primer ministro o de miembros del Gabinete. Aunque raros, hay casos en los que la condena a cadena perpetua es aplicada a otras autoridades. Un juez condenó en abril de este año al terrorista Ali Harbi Ali a pasar el resto de su vida en prisión por la muerte a puñaladas del parlamentario Sir David Amess.

El ordenamiento jurídico inglés ha concedido poca consideración a la motivación política de los homicidios, incluso como un factor atenuante, en contraste con la tradición establecida en los ordenamientos jurídicos continentales. No existe una defensa política reconocida en la ley inglesa. Por lo tanto, el asesinato como una forma de traición está extremadamente circunscrito y la mayoría de los asesinatos se tratan como delitos de derecho común sin importancia política, según explica la Biblioteca Jurídica de Derecho Estadounidense e Información Legal

Estados Unidos, Canadá y algunas otras naciones anteriormente gobernadas por los británicos siguen el modelo inglés en esta cuestión. En Estados Unidos, el Congreso reaccionó en 1963 al asesinato del presidente John F. Kennedy al convertir en un delito federal punible con la muerte o cadena perpetua el asesinato del presidente, el presidente electo, el vicepresidente, el vicepresidente electo o cualquier persona que actúe legalmente como presidente. Posteriormente, también se tipificó como delito federal el asesinato de un miembro del Congreso titular o electo.