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El TSJ de Castilla y León concede incapacidad absoluta a diseñadora gráfica por síndrome post-Covid y reconoce las secuelas cognitivas

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconoce que las cefaleas crónicas y los problemas cognitivos derivados del síndrome post-Covid hacen imposible que la diseñadora gráfica pueda continuar desempeñando su trabajo

TSJ de Castilla y León. (Imagen: @Leonoticias)

Juan Luis Martín Romero

Redactor en Economist & Jurist




Tiempo de lectura: < 1 min



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El TSJ de Castilla y León concede incapacidad absoluta a diseñadora gráfica por síndrome post-Covid y reconoce las secuelas cognitivas

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconoce que las cefaleas crónicas y los problemas cognitivos derivados del síndrome post-Covid hacen imposible que la diseñadora gráfica pueda continuar desempeñando su trabajo

TSJ de Castilla y León. (Imagen: @Leonoticias)



El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reconocido la incapacidad permanente absoluta a una diseñadora gráfica de 57 años que sufre de síndrome post-Covid, una condición que le ha causado una serie de problemas de salud crónicos. Según la sentencia, la demandante padece cefalea crónica tensional de carácter diario, resistente a los tratamientos.

Además, presenta trastornos cognitivos que le dificultan la concentración, la memoria y el manejo del estrés, lo que le impide desempeñar su trabajo como diseñadora gráfica, una profesión que requiere un alto nivel de concentración y el uso constante de pantallas de visualización de datos.



El fallo judicial considera que estos síntomas son coherentes con los cuadros neuropsicológicos de otros pacientes que también han experimentado déficits cognitivos tras el Covid-19. Dado que la demandante experimenta dolores de cabeza diarios y permanentes, los magistrados concluyeron que le resultaba imposible mantener un rendimiento adecuado en cualquier profesión sin un gran sacrificio personal. Por lo tanto, se confirmó la decisión de otorgarle una pensión del 100% de su base reguladora, que asciende a 1.889,92 euros al mes.

Este caso resalta el creciente reconocimiento judicial de los efectos a largo plazo del Covid-19, especialmente en aquellos profesionales cuyas actividades requieren un alto nivel de esfuerzo mental. Las secuelas cognitivas, como problemas de atención y memoria, están afectando a numerosos pacientes que han sobrevivido al virus, generando una serie de demandas por incapacidad.



En este sentido, los tribunales están teniendo en cuenta no solo las condiciones físicas, sino también las limitaciones cognitivas que interfieren directamente con la capacidad de los trabajadores para cumplir con sus funciones profesionales.



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