En 2024 se han enquistado los principales problemas de la abogacía, el 2025 tiene que ser el año de las respuestas

El año 2024 concluye con un significativo agravamiento en los dos principales problemas que aquejan a la abogacía: las mutualidades y el Turno de oficio. En el año que concluye la situación se ha enquistado, generando un malestar al que ni el Gobierno ni el Parlamento han sabido ponerle solución. Ha sido en las últimas semanas cuando se han dado los primeros pasos, por lo que el 2025 debe ser el año de las respuestas.

Hace solo unos días el Consejo de Ministros aprobaba la revalorización de las pensiones que en España reciben 12 millones de personas de cara al año 2025. A pesar de no contar con presupuestos para el nuevo ejercicio, el Ejecutivo anunciaba un alza de las pensiones del 2,8%, en consonancia con el IPC interanual del pasado mes de noviembre. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social exponía, no obstante, que ese incremento será del 6% en el caso de las pensiones mínimas y del 9% para las no contributivas.

El comunicado obviaba que ese esfuerzo económico que realizaremos el próximo año el conjunto de la sociedad no alcanzará a todos, pues los pensionistas de las mutualidades seguirán cobrando lo mismo que el año 2024, y que el anterior, y que el anterior… Para ellos no hay actualizaciones porque los Gobiernos que debieron tutelar el sistema no las previeron.

El que concluimos en estos días ha sido el año en que el problema de las mutualidades que proveerán de sus pensiones a decenas de miles de abogados se ha tornado como una cuestión de relevancia nacional. La protesta adquirió unas dimensiones impensables hace apenas dos años y a principios de diciembre la cuestión llegó a debatirse en el Congreso de los Diputados, aunque sin obtener los resultados esperados.

Aunque la propuesta socialista fue rechazada en la Comisión de Justicia, el registro del Congreso ha puesto sello a una Proposición de Ley presentada de nuevo por el principal grupo político que apoya al Gobierno de coalición. El texto no es el que la abogacía esperaba, pero abre una oportunidad al debate público: entre los grupos políticos que deberán elaborar el texto final, pero sobre todo y principalmente con el Consejo General y con los colectivos de afectados.

Fachada del Consejo General de la Abogacía Española. (Imagen: CGAE)

«El reto no es menor en absoluto»

Si bien el 2024 no ha sido el año de las respuestas, al menos sí se ha constatado que la cuestión tiene la suficiente relevancia como para que quienes nos gobiernan y deben velar por el bienestar presente y futuro del conjunto de la sociedad se lo tomen como una tarea prioritaria de cara al año que ahora comienza. El reto no es menor en absoluto. Quienes han sido elegidos para elaborar las leyes deberán responder al mandato constitucional (art. 50) que garantiza pensiones dignas y periódicamente actualizadas para el conjunto de la población. Lo reitero: dignas y periódicamente actualizadas.

Si no en los mismos términos, algo parecido le está sucediendo a los miles de abogados y abogadas que prestan sus servicios en el Turno de Oficio dentro del denominado territorio Ministerio. Durante el año que ahora termina, han tenido que incrementar su trabajo para seguir cobrando lo mismo que percibían hace ya seis años, en 2018. Aunque existen conversaciones para materializar esa actualización que ya han acometido varias comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia, lo cierto es que el 2025 comienza de la misma forma en que concluyó 2018.

Parece obvio que el año que ahora termina no ha aportado las respuestas que el Turno reclama con insistencia desde hace tiempo, pero no es menos cierto que ha sido el ejercicio en que se ha puesto en marcha la redacción de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. La Abogacía Española llevaba años reclamando un nuevo texto que reparase los muchos problemas que aquejaban al aprobado en 1996.

No porque aquella fuera una mala Ley, sino porque la legislación posterior la ha ido deformando, ampliando su catálogo de beneficiarios sin ofrecer la lógica contraprestación a quienes a pie de comisaría o de juzgado se hacen responsables de que el derecho de defensa sea una realidad para todos. El 2025 se plantea el reto de que esa nueva Ley sea capaz de dar respuesta a las necesidades de la población y las condiciones de dignidad en que los letrados y letradas deben prestar ese servicio público.

No quiero concluir este repaso al ejercicio sin aludir siquiera brevemente a la nueva Ley Orgánica del Derecho de Defensa y a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Ambas tienen apenas unas semanas de vida, por lo que el 2025 será un año lleno de desafíos para transformar nuestra Justicia. La abogacía está más que dispuesta a contribuir a conseguirlo. No entender que su implicación es absolutamente esencial sería un error imperdonable.