En el segundo trimestre de 2023 se han abierto procesos por corrupción en cinco autonomías

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho públicos los datos del repositorio sobre procedimientos por corrupción correspondientes al segundo trimestre de 2023. Según la información facilitada por el CGPJ, los jueces y juezas españoles dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 59 personas en diez procedimientos por corrupción entre abril y junio de este año. De las 59 personas que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos, 11 eran personas jurídicas y 48, físicas.

Entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año, los juzgados y tribunales dictaron 20 sentencias en procedimientos por delitos de corrupción. De ellas, 13 fueron condenatorias y siete, absolutorias, lo que supone que el fallo fue condenatorio en el 65% de los casos.

Según aclara el CGPJ, “la información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía”. De este modo, “los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política”.

Justicia. (Foto: Freepik)

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación de funcionarios públicos (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442, 443 y 445) y receptación y blanqueo de capitales (art. 303).

La comunidad autónoma con más personas acusadas ha sido Andalucía, con 24 personas físicas y seis jurídicas en cinco procedimientos diferentes. Le sigue la Comunidad Valenciana con 12 personas físicas y dos jurídicas en dos procedimientos. El tercer puesto lo ocupa la Comunidad de Madrid, donde han sido acusadas diez personas físicas y dos jurídicas, en este caso en un único procedimiento. Castilla-La Mancha y Castilla y León cuentan cada una de ellas con una persona física acusada, en ambos casos en un procedimiento.

En cuanto a las 20 sentencias dictadas en el segundo trimestre, nueve corresponden a Andalucía, de las que cinco son condenatorias con conformidad, una condenatoria sin conformidad y tres absolutorias. Le sigue la Comunidad Valenciana con cuatro sentencias (una condenatoria con conformidad y tres condenatorias sin conformidad); Castila y León con tres fallos judiciales entre los que hay una condena sin conformidad, una condena parcial y una absolución; Canarias tiene una condena sin con conformidad y una absolución; y Galicia y Murcia un fallo con absolución en ambos casos.