En juego el Real Decreto sobre digitalización de la Justicia

La sesión extraordinaria del Congreso de este miércoles ha comenzado con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, haciendo un llamamiento «de responsabilidad» a los partidos políticos con el objetivo de que voten a favor de la aprobación de los tres reales decretos ley anticrisis que se van a someter a debate y votación, advirtiendo de que el voto en contra supondrá perder 10.000 millones de euros de los fondos europeos: “Hoy los ciudadanos comprobarán si los representantes que eligieron están para facilitarles la vida o para dañarles”, alegaba el ministro.

Entre las normas que el Gobierno va a defender en la sesión de hoy se encuentra el famoso decreto ‘ómnibus’, consistente en una serie de medidas que afectarán al funcionamiento de la Administración de Justicia y, en concreto, permitirán lograr, en palabras de Bolaños, “una Justicia más moderna, digital y cercana a la ciudadanía”.

Dicho decreto fue aprobado el pasado mes de diciembre por el Consejo de Ministros. Se fundamente en una batería de medidas para la transformación digital y procesal de Justicia, incluyéndolas en el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

El contenido de este Real Decreto-ley tiene cuatro libros, el primero de ellos es sobre la transformación de la Justicia y contiene dos normas en tramitación parlamentaria: la ley de eficiencia procesal y ley de eficiencia digital.

“No puede haber ninguna razón ideológica ni política que no permita apoyar a la ciudadanía española hoy”, insistía Bolaños en su discurso con el fin de convencer a todos los diputados posibles para que voten “sí” a una reforma a la que él mismo ha denominado como la “más ambiciosa de la Administración de Justicia”.

Bolaños ha insistido que si el decreto ‘ómnibus’ sale adelante, se logrará alcanzar una Justicia de 24 horas porque se impulsará el expediente judicial electrónico y se fortalecerá la interoperabilidad entre los operadores jurídicos, lo que permitirá que las gestiones que antes duraban meses ahora se puedan hacer en apenas unas horas por vía digital: “Es el mayor avance en digitalización y modernización en la historia de nuestra Justicia”.

“Un impulso reformista en el que se materializan consenso y trabajo”, así definía el ministro la norma en debate, ya que con ella se pretende alcanzar “una Justicia volcada en la ciudadanía”.

Félix Bolaños, titular de Justicia, aspira a que muchos actos procesales se hagan vía telemática (Imagen: Moncloa)

La posición de los partidos

Durante la última semana el Gobierno se ha dedicado a buscar apoyos que le permitan convalidar los decretos, puesto que Junts ya anunció que votaría en contra, justificando su postura en que los mismos podrían atentar contra la futura ley de amnistía al recoger la norma la posibilidad de paralizar los casos en los que los jueces y magistrados plateen dudas.

El Partido Popular, por su parte, ha achacado al Gobierno que vuelva a hacer uso de los decretos-leyes para aprobar medidas importantes. Asimismo, también le ha reprochado que las normas abarcan gran variedad de medidas «sin conexión entre ellas».

Pedro Luis Huguet, diputado del PP, ha mostrado abiertamente en el debate su rechazo a los decretos, asegurando que lo mejor que le puede ocurrir a la Administración de Justicia es que las normas no se aprueben, calificando las mismas como «una nueva chapuza jurídica».

Mientras tanto, Vox, de la mano y voz de su diputado Emilio Jesús del Valle, también ha mostrado su absoluto rechazo a votar a favor de los decretos ley en esta sesión extraordinaria, y ha alertado de que éstos son una nueva forma de ceder por parte de Gobierno ante las peticiones sus socios con el objetivo de «contentar a los nacionalistas y separatistas».

La diputada de ERC, Pilar Vallugera, ha confirmado que su partido sí que respaldará la tramitación de los decretos. Misma posición han mostrado desde Sumar, cuya diputada Engracia Rivera ha indicado que la aprobación de estos decretos aunque son «un buen paso» todavía resultan «insuficientes y mejorables».

Tanto Sumar como ERC han mostrado su descontento con la figura legislativa elegida por el Gobierno para la aprobación de este tipo de medidas y han criticado que el uso de los reales decretos-leyes sea ya «una costumbre» cuando esta figura legislativa es «excepcional».