En la Sectorial de Justicia, el consejero de Aragón, Alejandro Nolasco, ha entregado a Bolaños un informe contrario a la amnistía

El vicepresidente de Aragón y consejero de Justicia, Alejandro Nolasco (del partido político Vox), ha aprovechado la celebración en Zaragoza de la Sectorial de la Administración de Justicia, que dio comienzo este jueves, para entregar al ministro Félix Bolaños el informe del consejo consultivo que avala la legitimidad de la Comunidad Autónoma para recurrir la Ley de Amnistía ante el Constitucional.

Este jueves y viernes en la capital aragonesa se celebra la Sectorial de la Administración de Justicia, encuentro que preside Bolaños, quien ha mantenido una breve conversación con el consejero acerca de la intención de Aragón de recurrir la Ley de Amnistía ante el Constitucional. En declaraciones a los medios, Nolasco ha insistido en que esta ley es «un atropello sistemático» a los aragoneses y a la «igualdad de los españoles ante la ley»; por eso le ha pedido a Bolaños que se lea el documento del consejo consultivo «con detenimiento» y que, como ministro de la Presidencia, se lo haga llegar a Pedro Sánchez.

Ha indicado, sin dar una fecha concreta, que el recurso, que va a ser de una «calidad jurídica óptima», se presentará «de forma inminente» porque se están ultimando los detalles, aunque sin concretar si será la próxima semana o dentro de dos.

Fuentes del Ministerio de Justicia señalan que en este foro el Estado y las CC.AA. han avanzado en la coordinación para la digitalización de la Justicia, unificando criterios sobre la aplicación del Real Decreto–ley 6/2023, concretamente en materia de sistema de intercambio de documentos, remisión de expedientes judiciales electrónicos o comunicaciones transfronterizas por medios electrónicos.

También se han acordado modelos de certificación y declaración responsable de cumplimiento técnico de puntos de acceso seguro y lugares seguros.

En la reunión sectorial de Justicia las CC.AA. con competencias han pedido más financiación para la futura ley de eficiencia organizativa. (Imagen: Ministerio de Justicia)

Modernización de la Justicia

Este consenso relativo a una norma que es pieza clave para la digitalización de la Administración de Justicia ha sido impulsado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, liderado por el ministro Félix Bolaños.

Con este marco común se refuerza la cogobernanza en uno de los grandes activos del país, ya que España lidera los principales rankings internacionales en materia de digitalización de la Administración de Justicia. Del mismo modo, se refuerzan la seguridad jurídica, la eficacia y la rapidez de la transformación digital.

El propio Bolaños ha señalado la modernización y el diálogo como los ejes que resumen el trabajo realizado en esta cita de la Conferencia Sectorial de Justicia, con la que se continúa avanzando, de la mano de las CC.AA., en el proceso de transformación de la Justicia emprendido desde el Ministerio.

Se trata, tal y como ha explicado, del mayor impulso modernizador en décadas, que está colocando ya a la Justicia española a la vanguardia en digitalización, con una estructura adaptada a la España de hoy y desde una vocación social y centrada en las personas.

Además, en la Conferencia Sectorial se han tratado otros asuntos de interés en materia de Justicia, como la aplicación de los fondos ‘Next Generation’ o el reciente acuerdo con los sindicatos representativos de los funcionarios del servicio público de Justicia, y se ha avanzado hacia un marco común para el uso de la inteligencia artificial en la Administración de Justicia.

El ministro Félix Bolaños cree que la cogobernanza es clave para impulsar la modernización digital de la Justicia española. (Imagen: Ministerio de Justicia)

Madrid reclama más plazas judiciales

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha criticado que Bolaños haya convocado una Conferencia Sectorial vacía de contenido en un contexto en el que es necesario más que nunca dotar de medios humanos y materiales a la Administración de Justicia y garantizar la independencia del Poder Judicial.

Así lo ha expresado el consejero madrileño durante este foro celebrado en Zaragoza que ha reunido al Ministerio y a todas las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia. El consejero madrileño ha reclamado al ministro la cobertura de 629 plazas de funcionarios de Justicia para cubrir las necesidades básicas y garantizar la estabilidad de las plantillas. Asimismo, ha recordado que la última Oferta Pública de Empleo, el ministerio no cubrió ni la mitad de las plazas que necesitaba la Comunidad de Madrid. Tan sólo se adjudicaron 178, cuando la región requería 470 plazas.

En relación con el Decálogo sobre Justicia de los Cuidados que se ha abordado en la Conferencia Sectorial, el consejero madrileño ha lamentado la “oportunidad perdida para seguir avanzando en facilitar el acceso a la Justicia a las personas más vulnerables”.

Más financiación para Justicia

En ese sentido, el consejero ha destacado que Madrid ha sido la primera CC.AA. en regular la figura del facilitador judicial para apoyar a las personas con discapacidad que tiene que realizar algún trámite judicial, como explicaba Economist & Jurist en un reciente reportaje.

Al mismo tiempo señaló que ha reforzado la Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito que ya cuenta con 21 centros; han extendido las Cámaras Gesell a nuevas sedes judiciales, para evitar que las víctimas vulnerables tengan que declarar durante la vista oral y cuentan con unos servicios orientados a los menores que tienen que testificar. “Madrid es una región muy avanzada en implantar medidas reales para la humanización de la Administración de Justicia”, ha señalado.

En otro orden de cosas, García ha pedido lealtad y que se consensue con las CC.AA. las leyes de eficiencia en el ámbito de la Justicia y “que se prevea la financiación adicional a las autonomías ya que seremos las que tengamos que hacer frente al coste económico que supondrá su entrada en vigor” (Ley de Eficiencia Procesal, Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa y Ley de Eficiencia Digital).

Asimismo, el consejero ha pedido que se dote a las comunidades autónomas para financiar la aplicación de las llamadas leyes de eficiencia: “El Gobierno de Pedro Sánchez está obsesionado con garantizar la financiación singular a los golpistas catalanes para poder garantizar su continuidad en la Moncloa, cuando las CC.AA. venimos reclamando que se haga un acuerdo multilateral para mejorar la financiación, también en materia de Justicia”.

Reunión de trabajo de la Sectorial, donde comunidades autónomas como Cantabria han pedido que se resuelva el conflicto con los funcionarios de Justicia. (Imagen: E&J)

Cantabria pide liderazgo a Bolaños

El gobierno autonómico cántabro pedía este jueves al titular de Justicia del Gobierno de España, Félix Bolaños, que «deje de ser un consejero más» y ejerza como ministro «con lealtad» a las comunidades autónomas con competencias. En este sentido, le ha afeado el acuerdo salarial alcanzado con dos sindicatos que únicamente beneficia a 12.000 funcionarios del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia, y ha pedido un acuerdo de Ministerio y autonomías para demandar una «solución financiera» al Ministerio de Economía para que las comunidades no tengan que asumir los gastos del IVA de los proyectos financiados con fondos europeos, que el ministro ha rechazado.

Así se ha manifestado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, durante la Conferencia Sectorial de Justicia entre del Estado y las comunidades autónomas con competencias, celebrada en Zaragoza, donde ha criticado la falta de avances en asuntos vitales y la discriminación que realiza el Gobierno de España al papel de las autonomías. Por eso, ha demandado al Ejecutivo de España «respeto, unión, trabajo conjunto y responsabilidad por la gestión pública en un ambiente de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional».

En concreto, sobre el acuerdo salarial, ha recordado la solicitud conjunta de las comunidades autónomas durante la pasada Conferencia Sectorial para que los incrementos retributivos tuvieran lugar en el complemento general de puesto y, por tanto, beneficiara por igual a todos los funcionarios de la Administración de Justicia en España, tal y como reivindicaban también todas las organizaciones sindicales que alentaron las movilizaciones en todo el país.

Frente a ello ha lamentado que el ministro Bolaños haya actuado «como un consejero más, pero con el dinero de todos los españoles»; «así cualquiera llega a acuerdos», ha remarcado la consejera de Justicia de Cantabria, que también ha afirmado que el acuerdo es malo y «si en marzo yo le decía que la situación de la Justicia era de extrema gravedad, ahora esta situación se ha agravado y usted ha conseguido enfrentar a los propios trabajadores entre ellos mismos».

Respecto al coste del IVA de los proyectos financiados con fondos europeos, Urrutia ha pedido un acuerdo del Ministerio y las autonomías para demandar al Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, que las autonomías no tengan que asumir los gastos del IVA de los proyectos financiados con fondos europeos para servicios públicos esenciales como es la Justicia y que, «en todo caso, lo compense y asuma el Estado, que es quien lo recauda», tal y como, según ha recordado, se comprometieron a defender.

En este punto, el ministro no ha querido aceptar esta petición y ha echado balones fuera sin dar solución a las comunidades autónomas, afirmando que lo tienen que asumir sin ningún tipo de solución alternativa, a lo que Urrutia ha respondido que es el propio gobierno de España el que recauda el IVA de estos fondos de inversión.

En esta reunión de Justicia con las comunidades autónomas con competencias transferidas también se ha reclamado la regulación nacional del teletrabajo. (Imagen: E&J)

Sigue el conflicto abierto

Por su parte, los funcionarios de Justicia se han concentrado este jueves frente al Edificio Pignatelli, donde se ha celebrado la Conferencia Sectorial, a la que ha acudido el ministro Félix Bolaños. Los sindicatos STAJ, CC. OO. y CIGA han convocado la protesta para defender sus «derechos y condiciones labores». Entre otras cuestiones, piden el incremento del complemento general del puesto en todo el país, la eliminación de las diferencias retributivas de los grupos de población y la movilidad voluntaria.

Tal y como recuerdan desde los sindicatos, estos y otros motivos los abocaron a una huelga que acabó siendo desconvocada por la celebración de las elecciones generales. Sin que «ninguna de las justas reivindicaciones», aseguran, acabara siendo escuchada. Pese a un «falso acuerdo», según señala, firmado por Bolaños y CSIF y UGT, las movilizaciones continúan.

La realidad supera la ficción, el Gobierno, el Ministerio de Justicia, y por tanto, el PSOE incrementaron las retribuciones solo a los grupos de superior titulación, mientras se ignora al resto del personal, igual de necesario para la atención del servicio público en juzgados y tribunales. «La actitud del PSOE, más que de un gobierno progresista, se corresponde a un gobierno clasista», critican los sindicatos convocantes en un comunicado.

Piden también «la paralización y negociación de la ley de eficiencia organizativa, el reconocimiento profesional y retributivo que realmente realizan, y el desarrollo y retribución de la carrera profesional».