Encuesta de Economist & Jurist (II): el 81,1% da la razón a la abogacía en sus reivindicaciones

Según los datos recopilados por Economist & Jurist en la encuesta online realizada para conocer la opinión de ciudadanía y operadores jurídicos sobre los conflictos laborales que se han desarrollado en el último año en la Justicia, el 74,8% de quienes han contestado apoya las reivindicaciones de los operadores jurídicos, en concreto letrados de la Administración de Justicia (LAJs), jueces y magistrados, funcionarios de justicia y abogados del Turno de Oficio

Este dato toma especial relevancia si se tiene en cuenta que el 95% afirma conocer las reivindicaciones de los diferentes colectivos. Este grado de conocimiento de las peticiones de las reclamaciones lleva a indicar que el apoyo a las mismas se fundamenta en cuestiones tangibles y no de mera simpatía hacia una serie de colectivos que persiguen mejoras.

Además, este elevado nivel de apoyo se produce pese a que el 75% de los participantes en este sondeo declaran que las huelgas de LAJs y funcionarios les han perjudicado.

(Diseño: Isabela Roldán/E&J)

Sin embargo, en el momento en el que nos alejamos de la generalidad y las preguntas se centran en las peticiones de cada uno de los colectivos el resultado varía.

Tras preguntar si los encuestados conocían las reivindicaciones de letrados de la Administración de Justicia (LAJs), jueces y magistrados, funcionarios de justicia y abogados del Turno de Oficio, se ha inquirido sobre si, desde su punto de vista, cada uno de estos grupos tenía razón en sus peticiones.

En el caso de los LAJs, el 58,2% de las personas que han cumplimentado la encuesta creen que los letrados de la Administración de Justicia no tienen razón en sus reivindicaciones, frente al 35,1% que cree que sí y un 6,7% que no se pronuncia. Se de la circunstancia de que este grupo fue el primero que inició las protestas y que llegó a poner se en huelga. También ha sido el primero que ha logrado sentar a negociar con éxito al Ministerio de Justicia. Después de dos meses de huelga, lograron cerrar un acuerdo con el Gobierno por el que consiguieron una subida salarial de 430 euros mensuales.

Por lo que respecta a los jueces y fiscales, un 47,3% estima que no tienen razón en sus peticiones, frente al 43,1% que cree que sus peticiones son justas. Al igual que los LAJs, jueces y fiscales han conseguido del Ministerio un incremento en sus retribuciones, bien es verdad que inferior al inicialmente pretendido, así como el compromiso de que la Mesa de Retribuciones va a ser convocada con más regularidad y que se van a incrementar las plantillas. El acuerdo se ha cerrado después de que jueces y magistrados amenazaran con ir a la huelga a partir del 22 de mayo.

(Diseño: Isabela Roldán/E&J)

Las peticiones de los funcionarios de justicia son vistas con más simpatía. Según los resultados de esta encuesta, el 71,6% de los participantes consideran que tienen razón, frente al 23,3% que opina lo contrario. Este grupo, compuesto por alrededor de 45.000 funcionarios, se mantiene en huelga indefinida desde el 22 de mayo, después de que habían realizado varias jornadas de paros parciales desde mediados de abril. Este conflicto, al igual que el de los LAJs en su día, está paralizando los juzgados y provocando la cancelación de miles de señalamientos.

En cuanto a la abogacía, éste es el colectivo que parece gozar de un mayor nivel de comprensión en sus reivindicaciones entre quienes han contestado la encuesta. El 81,1% les da la razón, frete al 10,1% que piensa que sus peticiones no son justas. Por el momento, los abogados se han limitado a realizar una serie de manifestaciones en toda España reivindicando mejoras en los baremos del Turno de Oficio y en sus condiciones laborales.

A la hora de ver las reivindicaciones de cada uno de estos grupos, en todos los casos la principal es la revisión de sus condiciones salariales. No obstante, hemos preguntado en esta encuesta si, a juicio de los encuestados, hay otras motivaciones aparte de las monetarias para realizar las protestas. En este caso, los participantes podían elegir varias opciones.

El 52,9% cree que además del aumento de sueldo buscan mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia; el 44,7% piensa que el objetivo es las menoras laborales; el 20,2% que buscan mejorar el servicio a la ciudadanía y, finalmente, el 26,7% que solo les preocupan sus ingresos.

(Diseño: Isabela Roldán/E&J)

En todos los conflictos laborales hay al menos dos partes. En este caso, el oponente de estos operadores jurídicos es el Ministerio de Justicia. Esto hacía obligado que la encuesta incluyera alguna cuestión relacionada con el departamento que dirige Pilar Llop. La primera de ellas ha sido si el Ministerio está haciendo las cosas bien. El resultado es tajante: el 93,5% opina que este departamento no está haciendo las cosas bien, frente al 4% que cree que sí.

Es cierto que todos los operadores en conflicto han destacado la falta de iniciativa del Ministerio para intentar resolver las sucesivas reclamaciones que se han ido sucediendo. Con los LAJs se reunió el 24 de marzo, después de dos meses de huelga sin que se produjera ningún encuentro.

(Diseño: Isabela Roldán/E&J)

En el caso de los funcionarios de justicia, se reunió con sus representantes el 20 de abril y cuatro días después, el 24 se mantuvo otro encuentro. Ante la falta de acuerdo, comenzaron una huelga indefinida el 22 de mayo. A pesar de que muchos tribunales de están viendo paralizados, el Ministerio no ha convocado a los representantes de este colectivo hasta el pasado 7 de junio. La reunión fue un fiasco. Los representantes del Ministerio llegaron al encuentro sin propuestas que poner sobre la mesa. Las negociaciones de han roto y no hay fecha para que se reanuden.

Los abogados tampoco han tenido mucha suerte en su relación con el Ministerio. Los letrados del Turno de Oficio que desarrollan su actividad en el llamado “territorio Ministerio”, comunidades autónomas que no tienen las competencias en Justicia, reclaman la mejora de los baremos y que éstos sean actualizados todos los años, así como otros progresos. En una sesión de control en el Senado, Pilar Llop aseguró que su departamento está “revisando” los baremos de los abogados de oficio, ya que la última orden al respecto es de 2018. Apuntó que se está analizando cuáles podrían ser los baremos “más adecuados” en la actualidad, sin entrar en detalles. Aún no se ha producido esa revisión y, con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, no parece que se vaya a realizar a corto plazo.

El único colectivo que puede decir que ha tenido algo de suerte, y solo algo, en su relación con el Ministerio ha sido el de jueces y fiscales. Tras anunciar que iban a iniciar una huelga el 22 de mayo, el Ministerio convocó la Mesa de Retribuciones y, en un tiempo récord para los plazos en los que se mueve Justicia, arrancaron un acuerdo. Bien es verdad que esta Mesa de Retribuciones fue convocada con un gran retraso.

(Diseño: Isabela Roldán/E&J)

Teniendo en cuenta esta situación, también hemos preguntado sobre si la ministra de Justicia debería dimitir. El resultado de la encuesta, que estaba en marcha cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el adelanto electoral arroja un resultado contundente: el 83% de los participantes cree que Pilar Llop debe dimitir por la situación de la Justicia, frente al 9,7% que cree que no debería hacerlo y el 7,3% que no se pronuncia.