Encuesta de ‘E&J’ (I): El 95.8% de los abogados afirma que ha tenido problemas para conciliar

La conciliación en el sector de la abogacía es uno de los temas más polémicos y preocupantes para los letrados españoles y ello se debe a que, a pesar de que el objetivo de esta herramienta es que los abogados logren una compatibilización de la vida personal y laboral, no siempre lo consiguen.

Al menos así lo afirma el 89.3% de los encuestados por Economist & Jurist, quienes manifiestan que han tenido problemas para llevar a cabo la conciliación en el marco de su desarrollo profesional.

Cabe recordar que unos días Economist & Jurist lanzó una encuesta para conocer qué opinión existe sobre la atención y respuesta que reciben los letrados por parte de los juzgados cuando solicitan aplazar o suspender un juicio porque no pueden acudir a los mismos. Es decir, cuando los abogados ponen en práctica la herramienta de la conciliación.

En la encuesta, que ha estado conformada por una muestra de 168 personas, el 95.8% de los participantes se dedican a la abogacía. De las 161 respuestas dadas por letrados y letradas españoles, 150 garantizaron que habían tenido problemas a la hora de conciliar.

El rango de edad de los participantes ha sido muy variado, teniendo el 8.3% entre 25 y 35 años; el 14.9% entre 36 y 45 años; un 34.5% tienen entre 46 y 55 años; un 33.9% de los encuestados tienen entre 56 y 65 años; mientras que un 8.3% supera los 66 años.

(Diseño: Martín Otaño/ E&J)

El dato obtenido en la encuesta concuerda con lo manifestado por la secretaria general del sindicato Venia, Belén García, de que “a día de hoy la conciliación en la abogacía no es una realidad”.

Si bien es cierto que existe actualmente y en vigor un marco normativo que prevé que los actos judiciales pueden suspenderse por causas justificadas, como que los letrados estén enfermos; también es cierto que la mayoría de las peticiones de suspensión de plazos son denegadas.

Ese fue el caso del letrado Ignacio Palomar Ruiz, quien denunció públicamente en E&J el maltrato que sufre la abogacía después de que un juzgado de Madrid se negara a suspenderle un juicio, a pesar de que el abogado se había roto el peroné y le habían pautado reposo domiciliario.