Enrique Arnaldo, magistrado del Constitucional (II): «Hay que modificar el régimen estatutario del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia»

Como ya adelantó este medio de comunicación el pasado miércoles, 5 de febrero, el magistrado del Constitucional, Enrique Arnaldo, discrepa sobre la ausencia de imparcialidad de su Tribunal, criticada por gran parte de la opinión pública. No solo eso, sino que subraya que él en ningún momento ha recibido «ninguna instrucción, ninguna recomendación ni ningún mandato» por parte de político alguno. [Ahora, en exclusiva, Economist & Jurist lanza la segunda parte de la entrevista, cuyo contenido está disponible únicamente para los suscriptores].

No pasa desapercibida su opinión con respecto a la posible reforma de la figura de la acusación popular, que plantea ahora el Ejecutivo. Sobre esta cuestión, aclara que la Constitución reconoce expresamente la acusación popular, pero solo en el ámbito penal y en materia urbanística administrativa, y que quienes hacen uso de ella no son siempre de una determinada ideología. En este sentido, explica que «si bien la ley puede delimitar su alcance, esto no significa eliminarla, ya que forma parte del sistema jurídico español».

A la orden del día también se encuentra la causa contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, de quien Arnaldo evita hablar, pero sobre cuya cuestión señala que es importante «hacer un seguimiento» de estas cuestiones, ya que afectan al sistema de Justicia. En este sentido, recuerda que el modelo español, donde los jueces llevan la investigación, «es un modelo muy moderno que no existe en el derecho comparado», ya que en otros países, especialmente en el mundo anglosajón, «la investigación penal la hace el fiscal». Y aquí entra el dilema sobre si debe o no cambiarse.

Bajo este escenario, Arnaldo reconoce que «hay una mayoría de procesalistas, fiscales y parte de los jueces que defiende la instrucción por el fiscal». No obstante, considera que este cambio solo sería viable si se reforma también el Ministerio Fiscal para garantizar su independencia. «Me inclino por la línea que defiende Javier Zaragoza: la instrucción por el fiscal, pero siempre y cuando se modifique el régimen estatutario del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia», afirma.

Recordemos que el fiscal general se encuentra investigado por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Una investigación que se inició tras conocerse que la Fiscalía había denunciado al novio de Ayuso por un presunto fraude fiscal a Hacienda a través de facturas falsas.