Enrique Sanz, presidente de la Mutualidad, responde a las críticas: «Quienes hacen aportaciones mínimas no pueden esperar pensiones altas»

El presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz, ha celebrado este miércoles, 20 de noviembre, un desayuno informativo en la nueva sede de la Mutualidad para abordar la situación que actualmente está viviendo el sector. Un encuentro con los medios en el que, además de ofrecer cifras sobre el punto en el que se encuentra ahora mismo la entidad, ha hecho frente a las críticas que, en sus propias palabras, viene reclamando un colectivo de mutualistas desde hace año y medio: «Quienes hacen aportaciones mínimas no pueden esperar pensiones altas».

En este sentido, Sanz ha explicado que la Mutualidad de la Abogacía siempre ha tenido como objetivo ofrecer un sistema de previsión sostenible y transparente. «Hemos tratado de incentivar el ahorro con base en un principio claro: a mayor aportación, mayor será el capital acumulado al momento de la jubilación, lo que permitirá disfrutar de rentas significativamente superiores», afirmó. Sin embargo, ha reconocido que no todos los mutualistas han seguido esta lógica, lo que ha derivado en quejas y críticas por parte de un pequeño colectivo que considera insuficientes las pensiones resultantes de sus aportaciones mínimas.

Como consecuencia de esto, Sanz ha detallado que, desde 2008, la Mutualidad ha implementado mecanismos de comunicación periódica con los mutualistas para garantizar la claridad en las cifras y las proyecciones de sus ahorros. «Cada trimestre enviamos información detallada sobre las aportaciones realizadas, los gastos de gestión aplicados, el capital acumulado y los intereses generados», ha señalado, reiterando en varias ocasiones la «transparencia» y «confianza» que caracterizan a la entidad.

Pese a ello, se ha hecho eco de que algunos mutualistas —como por ejemplo el colectivo J2— están descontentos con el sistema, especialmente tras los ajustes en las bases mínimas de cotización. Algo a lo que el presidente ha respondido expresando que, si no están a gusto con las opciones que actualmente ofrece la Mutualidad de la Abogacía, pueden optar por trasladar sus aportaciones a otras alternativas de previsión social que consideren más acordes a sus necesidades, tales como el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

(Imagen: E&J)

«Quien no puede pagar más en Mutualidad, no podrá hacerlo tampoco en el RETA»

«No se trata de obligar a nadie a realizar aportaciones más altas, sino de proporcionar las herramientas necesarias para que cada mutualista tome decisiones informadas sobre su futuro financiero», ha afirmado Sanz, destacando que desde hace cuatro años la Mutualidad puso en marcha un plan, llamado Plan 70.000, destinado a contactar de manera individual con todos los mutualistas alternativos para informarles sobre las ventajas de incrementar sus aportaciones. «Hemos logrado hablar ya con más de 20.000 mutualistas y, aunque solo un 15% ha incrementado sus contribuciones, seguimos trabajando en esa línea para llegar al mayor número posible», ha explicado en este sentido.

Esta labor personalizada responde a una realidad diversa entre los mutualistas: mientras algunos deciden destinar el mínimo obligatorio a la Mutualidad y complementar sus ahorros con inversiones externas, como inmuebles, otros simplemente no cuentan con los recursos suficientes para incrementar sus aportaciones. «Hay quienes eligen otras formas de ahorro, y otros, legítimamente, prefieren no ahorrar en absoluto y disfrutar de su dinero. Sin embargo, también existen casos de mutualistas en situación económica vulnerable, y para ellos debemos buscar mecanismos de solidaridad», ha añadido.

En cuanto al debate sobre la sostenibilidad del sistema, Sanz ha reiterado que el modelo de la Mutualidad ha sido diseñado para garantizar la estabilidad a largo plazo. «No es cierto que se trate de un sistema insuficiente; el problema es que hay personas que no aportan lo necesario para alcanzar pensiones más altas. Eso no se resolverá con un cambio al RETA», ha asegurado, subrayando además que la Mutualidad ofrece ventajas fiscales y una mayor flexibilidad en comparación con el sistema público.

Por otro lado, Sanz ha reconocido que la percepción de insuficiencia por parte de algunos mutualistas podría estar ligada a una falta de entendimiento del sistema. «Hemos intensificado nuestras estrategias de comunicación y transparencia para que todos puedan tener un panorama claro de su situación financiera. La información ha estado siempre disponible, pero estamos haciendo un esfuerzo adicional para garantizar que llegue a todos», ha puntualizado.

Respecto a las demandas de algunos colectivos que piden mayores beneficios fiscales para el traspaso de ahorros al RETA, Sanz ha enfatizado que dichas decisiones son competencia exclusiva del Ministerio de Seguridad Social. A pesar de ello, ha valorado positivamente que el Ministerio haya mostrado disposición para tratar el tema, aunque ha lamentado los retrasos derivados de la inestabilidad política. Finalmente, el presidente de la Mutualidad ha instado a los mutualistas a reflexionar sobre la importancia de planificar su jubilación.

De izquierda a derecha: Rafael Navas, director general; Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente; y Fernando Ariza, director general adjunto de Mutualidad, durante la presentación de cuentas del 2023. (Imagen: E&J)

Según la Mutualidad, sólo el 5% de sus mutualistas no llegan a alcanzar pensiones dignas

En otro orden de cosas, el presidente de la Mutualidad ha destacado que la «pasarela» para transferir fondos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) es una posibilidad abierta, aunque su implementación ha quedado bajo la responsabilidad del Ministerio de Seguridad Social. Así, durante el desayuno informativo, ha subrayado que las decisiones sobre factores de conversión y términos de integración en el sistema público han sido competencia exclusiva del Gobierno, lo que ha generado retrasos debido a la reciente inestabilidad política.

El Ministerio ha propuesto limitar esta pasarela a los mutualistas afiliados antes de 1995 y establecer criterios de vulnerabilidad para determinar quiénes podrían acceder. Aunque la Mutualidad ha valorado positivamente la disposición del Ministerio para abordar este asunto, ha expresado su desacuerdo con la intención de cerrar el sistema de alternatividad en 2027, considerando que este modelo ha demostrado ser eficiente y beneficioso para los profesionales que han optado por él.

Asimismo, la Mutualidad ha defendido su modelo de previsión como un sistema sólido, enfatizando que más del 95% de sus mutualistas han acumulado capital suficiente para garantizar pensiones dignas. Se ha señalado que los problemas detectados suelen estar relacionados con aportaciones insuficientes realizadas por algunos mutualistas, una situación comparable a lo que ocurre en el RETA, y no con la estructura del sistema en sí.

En su compromiso por encontrar soluciones justas, la Mutualidad ha reiterado que está a favor de permitir que aquellos mutualistas que lo deseen puedan trasladarse al RETA, pero ha insistido en que es fundamental proteger los intereses del colectivo mayoritario que ha confiado en su modelo como régimen de previsión. Este enfoque busca garantizar la equidad y la sostenibilidad del sistema sin perjudicar a quienes opten por permanecer en la Mutualidad.

Para abordar las preocupaciones de sus mutualistas, la Mutualidad, además de dar el pistoletazo de salida a la campaña «Plan 70.000», ha destinado fondos significativos a programas de ayuda para mutualistas en situaciones económicas complicadas y aquellos con pensiones insuficientes. Finalmente, esta entidad ha reafirmado su defensa del modelo de alternatividad, considerando que este fomenta la libre elección de los profesionales y ofrece una rentabilidad comprobada a lo largo del tiempo.