Escrivá convoca a las CCAA a una reunión urgente este lunes para analizar la última sentencia del TJUE sobre interinos

Según ha podido saber Economist & Jurist, de fuentes cercanas al Ministerio de Función Pública, el ministro titular de este negociado, José Luis Escrivá, ha convocado «de urgencia»  a las CCAA este lunes a una reunión telemática para «analizar el alcance de  la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 13/06/2023. Un fallo polémico en el que los juristas no se ponen de acuerdo sobre su alance real pero que señala a que las medidas del Gobierno para frenar el abuso en la contratación no son efectivas.

Este fallo tan controvertido, entre sus argumentos, el TJUE cuestiona la ley 20/2021 de 28 de diciembre para la estabilización del empleo público y los propios procesos selectivos que aunque no los invalida si deja claro, al igual que la indemnización de 20 días por año,  que no son suficientes para resolver este abuso. En este escenario, se abre la puerta al pago de indemnizaciones mayores que las establecidas o la conversión de contratos temporales en fijos.

Es evidente la preocupación de las CCAA que están con los procesos de estabilización en marcha y que según la citada ley 20/2021 tienen hasta el 31 de diciembre para concluir estos procesos de estabilización basados en concursos y concursos de méritos y así bajar la temporalidad en estos momentos del 38% al 8% que Europa obliga. Hay ahora una opción que los tribunales pudieran anular las convocatorias en marcha.

Y el otro gran problema que se abre tras esta sentencia del TJUE es el abono de las indemnizaciones por cese de esos trabajadores temporales. Según explica un directivo de una CCAA a Economist & Jurist “este es un escenario preocupante porque las indemnizaciones pueden ser mayores, parecidas a la de despido improcedente y estamos hablando de muchos profesionales en fraude de ley, cuestión que haría inasumible económicamente esas compensaciones que pide el TJUE y anuncia el Supremo en su cuestión prejudicial”.

Por el momento, el desarrollo de los procesos de estabilización está siendo irregular y desigual en la mayor parte de las administraciones públicas. Las menos cumplidoras las CCAA , salvo alguna excepción. A falta de una entidad que controle su desarrollo, los propios interinos se quejan que las administraciones públicas han sacado menos plazas de las que están en abuso.

Procesos de estabilización irregulares : en Aragón, los despidos están siendo masivos. Aquí, miembros de STEPA ante el Gobierno de Aragón. (IMAGEN: STEPA)

En el lado positivo, la Generalitat de Cataluña ha facilitado el paso a funcionarios de 12.295 trabajadores de administración y servicios de la entidad que hasta entonces eran interinos. De esta manera, más de un 90% de la plantilla ha consolidado su plaza. En el año 2021 la Generalitat tenía una temporalidad del 35,5%, según ha explicado la secretaria de la Función Pública, Alicia Corral en una última comparecencia.

Despidos masivos en Aragón

Aragón es la otra cara de la moneda, en cuanto a estabilización del personal en fraude según el sindicato STEPA. El gobierno de coalición PP-Vox-PAR liderado por Jorge Azcón, “después de incumplir totalmente la Ley 20/21 y no estabilizar a 17.000 interinos en fraude, se agarra a un punto de la norma que pretendía evitar el abuso de temporalidad. Se trata de otro despido masivo al identificar a los funcionarios interinos, que cubren plazas vacantes con carácter temporal “y echarlos a la calle la víspera de que cumplan los tres años en sus puestos, pese a que ello supondrá que el servicio que atienden quedará simplemente desatendido”.

Concluyen desde STEPA,  que han recurrido esos despidos en los tribunales, recordando que según los últimos datos oficiales (de junio de 2023), tienen contrato temporal el 56% de los empleados y empleadas en la Administración General de la DGA, el 28% de los funcionarios y laborales fijos no ocupaba su destino definitivo, sino una plaza provisional en comisión de servicios, y el 12% de las plazas estaban vacantes “unos datos que todo indica que han empeorado y se quieren ocultar”.

Hay que recodar que el mismo día que se dio a conocer esta sentencia del TJUE de 13 de marzo que resolvía las cuestiones planteadas por el que en aquel entonces era titular del juzgado 17 de Barcelona, Federico Vidal, hoy jubilado,  que ahora tendrá que resolver el juez sustituto Benjamín Górriz, a instancias de los abogados Javier Arauz y el despacho Salellas Abogados sobre tres funcionarias interinas con muchos años encadenando contratos temporales  el ministro Escrivá hizo su valoración de dicha sentencia.

Tal y como se hacía eco este medio el pasado jueves, Desde el Gobierno se hacía caso omiso a los fallos del TJUE y no se hace por el momento ningún movimiento. No se dan por aludidos cuando desde Luxemburgo se piden cambios normativos. El propio ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, aseguraba ante el estupor de muchos  este jueves que la ley de 20/ 2021 está dando «resultados extraordinarios y que esperará al Supremo y a la resolución de su cuestión prejudicial para plantear cualquier cambio normativo. Escrivá sigue sin recibir a la Coordinadora Estatal de interinos para buscar una solución al problema.

«Nos anticipamos de forma decisiva a abordar el problema de la temporalidad, limitando casos, los tiempos, evitando los abusos», ha afirmado en declaraciones a los periodistas recogidas por distintos medios en San Fernando, Cádiz. Según Escrivà, dicha ley ha permitido alcanzar ya el 75% de las regularizaciones de trabajadores interinos de la Administración Pública española, «más de 225.000 casos regularizados. Datos que los periodistas hemos pedido, pero no se nos han dado para cotejar.

Los datos que se manejan sobre el colectivo no coinciden. Desde el entorno de Arauz se indica que la sentencia del TJUE afecta a más de 1,2 millones de empleados públicos, mientras que desde CSIF su secretario de acción sindical, Francisco Lama, habla de 800.000 trabajadores interinos, el 30% de las plantillas. Desde este sindicato mayoritario se indica que corresponde a los tribunales españoles pronunciarse sobre las medidas sancionadoras que deben imponerse ante el abuso, siempre que las mismas no contravengan el Derecho nacional.

Se avecinan sanciones para España

La falta de respuesta de Escrivá y esta patada hacia adelante que lanza con sus declaraciones ha hecho que muchos profesionales en fraude de ley a través de sus abogados estén ultimando distintas denuncias ante la Comisión Europea por la cerrazón del Gobierno de España, en cuanto a hacer las reformas legislativas que son necesarias y por la actitud de algunos jueces que a toda costa priorizan el derecho nacional a la normativa comunitaria.

Las denuncias ante la Comisión Europea vuelven a llegar ante la inacción del Gobierno español, ajeno a las sentencias del TJUE. (IMAGEN: UE)

Desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de marzo de 2021, abogados como Javier Arauz, Josep Jover o Juan Ignacio Navas, entre otros,  han presentado varias denuncias ante la Comisión por falta de transposición de la Directiva 1999/70/CE por parte del Gobierno y tribunales que podrían activar los dos procedimientos abiertos en Europa (CHAP 2013-01917 y procedimiento de infracción 2014-4224). Esas denuncias podrían ampliarse ante las declaraciones de Escrivá de las que se han hecho eco  todos los medios informativos.

Este mismo lunes, en la sede de CSIF, sindicato mayoritario en el empleo público, tendrá lugar una rueda de prensa en la que intervendrá Miguel Borra, presidente de este sindicato para analizar la situación de los funcionarios del sector público, en un momento en el que el Gobierno hace caso omiso a las reivindicaciones de este sindicato.

En ella se volverá a hablar de la estabilización del personal temporal en fraude de ley, donde CSIF ha denunciado que no en todas las CCAA y entidades públicas se están haciendo correctamente. Al mismo tiempo, Borra anunciará las primeras movilizaciones de su sindicato para exigir la subida salarial del 2024, aún pendiente y reclamar las reformas que necesitan las administraciones públicas. Otra patata caliente para Escrivá.