España, a la cola de Europa en baremos y plazos de pago del turno de oficio

España es el tercer país de Europa que peor paga a los abogados de oficio en casos penales, tan sólo por delante de Chipre y Lituania, según ha revelado el informe de la Comisión Europea «Cuadro de indicadores de Justicia 2024», conocido ayer.

A esto se suman los retrasos en el pago de las mismas. El Comisario europeo de Comercio Interior, Thierry Breton, en nombre de la Comisión Europea, ha destacado que los Estados miembros deben pagar por los servicios contratados en un plazo de 30 días o, en circunstancias excepcionales, en un plazo de 60 días, tal y como establece la Directiva 2011/7/UE sobre morosidad, siendo ésta aplicable en todos los Estados miembros y, por lo tanto, debe cumplirse con el fin de evitar demoras en el pago a los abogados del Turno de Oficio.

El Turno de Oficio no solo es un servicio público muy importante para la ciudadanía, ya que aquellas personas que no pueden costearse un abogado cuentan con la posibilidad de acceder a uno de forma gratuita, sino que además, gracias a ellos se garantiza el cumplimiento de un derecho que tienen reconocido los españoles en el artículo 119 de la Constitución: “La Justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”.

Sin embargo, pese a la relevancia de esta asistencia letrada gratuita, los abogados que prestan servicio en el Turno de Oficio no reciben, económicamente hablando, el reconocimiento que merece su trabajo.

La lucha de la Abogacía porque se establezcan unos baremos razonables para su trabajo no cesa, ya que aún no se ha logrado alcanzar una indemnización que satisfaga las reivindicaciones de estos profesionales de la Justicia Gratuita, los cuales sacan adelante su trabajo, pese a que cuentan con pocos recursos y, en ocasiones, sufren menosprecio por parte de las personas a quienes defienden.

Las negociaciones entre el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige el ministro Félix Bolaños, con los representantes de la Abogacía se iniciaron a principio de enero de este año, con el objetivo de llevar a cabo una actualización de los baremos del Turno de Oficio, sin embargo, tras celebrarse varios encuentros éstas quedaron interrumpidas.

No obstante, y a pesar de que en abril el CGAE anunció que se retomarían las conversaciones, aún no se ha logrado alcanzar ningún acuerdo, lo que supone no solo alargar el malestar presente entre los letrados del Turno de Oficio, sino que también se ha incrementado.

Preocupación ante la indemnización de los abogados de procedimientos penales

Según los datos del citado informe, los abogados del Turno de Oficia de España son los terceros con la indemnización más baja en casos penales, tan solo por detrás de Chipre y Lituania, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Gráfica del porcentaje de asistencia jurídica pagada a abogados penalistas en un caso específico en 2023. (Fuente: Comisión Europea)

La realidad es que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en su artículo 36, apartado 2, trata los efectos del reconocimiento del derecho en el orden penal, estableciendo en el mismo que “se asegurará en todo caso la defensa desde el momento mismo de la detención, sin perjuicio del abono por el cliente de los honorarios devengados si no le fuese reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita”.

No obstante, el Anexo II de la misma norma establece las bases de compensación económica para los abogados de la justicia gratuita. Dependiendo del módulo y servicio que presten los letrados, la ley les reconoce una indemnización distinta.

Los abogados que prestan asistencia individualiza al detenido o preso en un procedimiento penal general son los que menos indemnización reciben (81,14 euros); mientras que el servicio de guardia de veinticuatro horas tiene reconocido una cuantía superior (154,16 euros). Asimismo, en el caso de la jurisdicción penal general, la cifra está establecida en 324,54 euros; mientras que en el supuesto de que dicho procedimiento acabe en la Audiencia Nacional, la cuantía asciende a 339,60 euros.

Por otro lado, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita reconoce que los letrados de un procedimiento penal de especial complejidad tienen derecho a ser indemnizados con 360,61 euros; y en los casos de que dichos procedimientos complejos lleguen a la Audiencia Nacional el baremo sube un poco la cuantía, en concreto, se incrementa casi 18 euros (378 euros).

El baremo para los letrados del Turno de Oficio a los que se les asignan procedimientos penales de menores, incluida pieza de responsabilidad civil, es inferior que en el resto de los procedimientos citados, ya que se fija en 270 euros y, al contrario de los otros procedimientos, en este caso, si la defensa acaba ante la Audiencia Nacional, la cuantía no se incrementa, sino que se mantiene en 270 euros.

Compensación económica distinta se reconoce a los procuradores de la asistencia gratuita en la jurisdicción penal, en cuyo caso para todos los procedimientos la Ley fija la cuantía de 24,34 euros, y, en el supuesto de que se trate de una apelación, la indemnización asciende un euro (25,25 euros).

La Abogacía reclama la mejora urgente de los baremos 

Tras la publicación del informe de la Comisión Europea, el Consejo General de la Abogacía (CGAE) emitió ayer una declaración institucional exigiendo una actualización «inmediata» de los baremos y de las actuaciones retribuidas, recordando que las cuantías de los baremos no se actualizan desde el año 2018.

El CGAE destaca que todos estos datos que ha puesto de manifiesto la Unión Europea «corroboran la situación que el Consejo General de la Abogacía Española viene denunciando desde hace tiempo y sobre la que, pese a las declaraciones y compromisos manifestados por nuestros representantes políticos, no existen hasta la fecha soluciones efectivas».

Victoria Ortega Benito, presidenta del CGAE, en el plató de Economist & Jurist. (Imagen: Óscar Peña/E&J)

Y reitera que es absolutamente «urgente e inaplazable» la actualización de los baremos del turno de oficio en el denominado territorio Ministerio de Justicia y en el resto de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia; y que es «imprescindible una modificación que incluya intervenciones profesionales que actualmente no están remuneradas, y que se establezcan fórmulas que permitan una actualización anual de los baremos que no dependan de la voluntad política».

Asimismo, indica que «deben buscarse soluciones a los continuos retrasos en los pagos por parte de las administraciones, retrasos que son insostenibles para los profesionales de la abogacía y para sus Colegios profesionales, en un contexto en el que el propio informe de la Comisión Europea señala a ambas partes como titulares de una función fundamental a la hora de garantizar la protección de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho».

«Nuevamente, instamos a las Administraciones a atender estas demandas, que son de elemental justicia, con la inmediatez que la situación requiere», sentencia.

Un servicio público esencial, a costa de los profesionales del turno de oficio, denuncia Venia

Ante la situación que sufren los abogados y procuradores del turno de oficio, el Sindicato Venia convocó el pasado 21 de noviembre una huelga indefinida que mantendrá hasta que no haya solución a esta problemática, hasta que se recojan las reclamaciones del colectivo en la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Y anuncia que «tras la citada resolución de Europa, se están planteando la posibilidad de entablar demandas individuales por retrasos en los pagos».

«Es servicio público que debe prestar el Estado, pero se está cubriendo a costa del bolsillo de estos profesionales», denuncia este sindicato, que reclama unos «baremos para toda España dignos y equiparados al resto de Europa».

«Para poner fin así a las injusticias que se dan tanto en comunidades con competencias transferidas en materia de Justicia y que pueden dictaminar sus propios baremos, pero sobre todo en las del territorio Ministerio –Castilla y León, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Extremadura, Islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla–, con unos baremos excesivamente bajos y donde se está pagando con un retraso de seis meses en zonas como Murcia y Valladolid«, según declara a Economist & Jurist Belén García, secretaria general del Sindicato Venia, el único que hay de abogados, el resto son asociaciones.

Concentración de abogados y procuradores de Ponferrada  (Imagen: Plataforma de abogados y procuradores de Ponferrada)

Recuerda que recientemente abogados y procuradores han hecho concentraciones y manifestaciones en toda España para denunciar esta tardanza en el pago. Una situación que, como indica, también ocurre en las comunidades con competencias transferidas, como, por ejemplo, Andalucía, «donde hay un retraso muy importante».

«Encima de que los profesionales del turno de oficio perciben una miseria por su trabajo, muchas veces tienen que poner dinero de su bolsillo para cubrir los gastos –de desplazamiento, aparcamiento, despacho, etc–, y lo poco que se paga, llega tarde, en muchas ocasiones entre 6 meses y un año después», critica Belén García, destacando que «actualmente, se está vulnerando el principio de igualdad ante la disparidad de baremos».

Pone como ejemplo que en la zona Ministerio se paga a los abogados por un divorcio contencioso 270 euros, mientras que en el resto de comunidades con materia de Justicia existe una disparidad. «Por ejemplo, en el País Vasco son 500 euros; en Cataluña, 439; en Galicia, 415; en Madrid, 400 euros; y en Andalucía, 344. Además, a estas cantidades nos descuentan el IRPF a pesar de calificarse como indemnización, que según Hacienda debería estar exenta de retención», apunta Belén García.

En cuanto al retraso de los pagos, el Sindicato Venia señala «la lentitud de los Colegios de Abogados para determinar la certificación de las cantidades abonadas a los letrados». «Para cobrar las guardias, primero hay que esperar a que el Colegio certifique a la Comunidad autónoma las cantidades devengadas. En el caso de Madrid, se hace durante el mes siguiente al que se realiza el servicio, lo que ya supone un retraso de un mes, que, sin embargo, es de los más rápidos, porque hay otros Colegios que emiten esas certificaciones trimestralmente, como ocurre en Andalucía, a lo que luego se añade el retraso de la administración en pagarlas, puesto que en muchos casos tardan varios meses en reconocer o no el derecho de Justicia gratuita», precisa Belén García, recordando que si finalmente la administración concluye que el justiciable no reúne los requisitos para el acceso a este derecho, esto «implica que el abogado no vaya a cobrar nada por el trabajo realizado». 

Este sindicato denuncia que «los profesionales del turno de oficio son los riders de la Administración» y reclama que se regule de una vez por todas la verdadera relación que mantienen, como también expuso recientemente en una entrevista televisiva con el director general de Economist & Jurist Group, Pablo Capel.

Una reclamación que ya hizo el pasado mes de enero a la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, quien conoce de primera mano las circunstancias de estos profesionales, ya que ella es abogada –laboralista– y estuvo adscrita al turno de oficio, y «reconoce la necesidad de regular los derechos laborales básicos de los trabajadores del turno de oficio». «Trabajan por defender nuestros derechos ante la Justicia desde la precariedad. Nos comprometemos a trabajar vías de mejora», señaló públicamente Díaz en redes sociales tras el encuentro.

Nos reunimos con @SindicatoAboga2 para tratar las condiciones laborales de los abogados y abogadas de oficio en nuestro país.

Trabajan por defender nuestros derechos ante la justicia desde la precariedad. Nos comprometemos en trabajar vías de mejora. pic.twitter.com/GOCTDhLfDi

— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) January 3, 2024

«La ministra nos propuso elaborar una norma y el Sindicato Venia ha hecho una propuesta de Estatuto Jurídico de los abogados y procuradores del turno de oficio, a raíz de un estudio nacional para determinar las bases de cotización», explica García, haciendo hincapié en que «para el reconocimiento de la relación laboral tiene que haber unas bases de cotización». 

Según informa, esas bases de cotización las han determinado «teniendo en cuenta los criterios orientadores de los Colegios de Abogados, haciendo una media nacional y actualizándola con el IPC –porque hay muchas que están obsoletas ya que no se han actualizado desde hace más de 10 años–, más una rebaja del 30% en favor de la Administración, al ser un servicio público, social».

«Es decir, que actualizamos con unos baremos de mercado, pero con una rebaja importante teniendo en cuenta que los justiciables son personas que no tienen posibilidades económicas de acceder a la Justicia, y que ha de ser el Estado el que asuma esa función pública», indica Belén García.

El Sindicato Venia sostiene que «no puede ser que un país de Europa esté en estos niveles de pago del turno de oficio». «Y no es indigno únicamente lo que se cobra, sino el trato que tenemos que soportar a veces por parte de Juzgados, tribunales y letrados de la administración de Justicia, dándose situaciones, por ejemplo, en las que cuando el abogado del turno de oficio se pone enfermo, se le retira la designación del justiciable, lo que supone que deje de cobrar la segunda parte del procedimiento», comenta indignada, destacando que estas situaciones «no se pueden permitir ya por más tiempo». 

El Sindicato Venia vuelve a instar al Ministerio de Justicia una reunión para regular esos baremos, como prometió a Victoria Ortega y no se ha cumplido». «Seguimos a la espera de que el ministro preste atención a una situación que es indigna», critica Belén García, y subraya que “para armonizar los baremos ha de contar con las organizaciones sindicales, el CGAE, los colegios profesionales, así como las asociaciones más representativas del colectivo, y tenerse en cuenta la actual coyuntura económica, las singularidades existentes en la gestión de los servicios y de cada procedimiento judicial, así como el incremento de los precios de consumo”.