España, uno de los pocos países sin estrategia nacional de corrupción de toda Europa

Durante dos días, expertos en lucha contra la corrupción de 33 entidades correspondientes a 24 países europeos han intercambiado opiniones en Valencia, en un evento organizado por la Agencia Valenciana Antifraude, en colaboración con la red Neiwa, entidad que se creó antes de que se aprobase la Directiva 2019/1937 de protección de las personas denunciantes de corrupción sobre el ordenamiento jurídico de la Unión Europea (UE).

Son ombudsman, oficinas ministeriales y organizaciones y autoridades de diferente tipología pero centradas en la lucha contra la corrupción como la Agencia Italiana Anticorrupción o las que funcionan en Valencia, Andalucía y Cataluña en estos momentos.

En la actualidad, esta plataforma europea funciona como plataforma de cooperación e intercambio de conocimiento y experiencias en el área de la integridad y la protección de las personas alertadoras de corrupción.

En el transcurso de dicha reunión intervino el Director General de Justicia de la Comisión Europea, Paul Hafellner, quien fue invitado a este encuentro y realizó una exposición sobre la situación de la transposición de la Directiva Europea de protección a las personas denunciantes de corrupción.

En la actualidad, la mayor parte de los países europeos ha hecho la trasposición, algunos como Italia han ido por delante y ya tenían una Ley del 2012, el caso valenciano es del 2016. Hay algunos países donde las autoridades europeas ya están protegiendo, como es Francia, Alemania, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia.

Ahora lo que Hafellner va a comprobar es que todos los Estados de la UE hayan hecho los deberes. Ha remitido un cuestionario a todos los países para saber la situación, con plazo de este mes de mayo para que contesten de dicha trasposición y también conocer cuál es la tipología de asuntos que están revisando en materia de corrupción. En España, la contratación pública ha dado paso a procesos selectivos irregulares donde se colocan a dedo a muchos altos cargos directivos.

En el caso español, hay que recordar que nuestro país ya tiene un procedimiento de infracción abierto, que puede activarse en el caso de que se demoren en la contestación de ese cuestionario. Habrá que ver cómo le sienta al Director General de Justicia de la UE que aún falte esa Autoridad Independiente de Protección de la que carecemos por el momento, lo que hace que esta trasposición de la Ley no se esté cumpliendo.

Los trabajos desarrollados por Neiwa durante los dos días que ha durado el encuentro concluyeron con la aprobación de la Declaración de Valencia, en la que se ha puesto de manifiesto la importancia de defender la denuncia de irregularidades, ya que es uno de los mejores mecanismos de lucha contra la corrupción. Sin estas herramientas, no se pueden dar salida a los casos de corrupción.

La Declaración, suscrita este viernes, también recoge la condena de cualquier forma de supresión o limitación de la independencia y eficiencia de las autoridades de integridad y denuncia de irregularidades, o entidades similares dedicadas a la lucha contra la corrupción. En ese caso, se hace un guiño a la Oficina antifraude de Baleares, en proceso de cierre en los próximos seis meses tras aprobarse la norma que deroga su funcionamiento.

Joan Llinares advierte de las carencias de nuestra norma que ahora no está operativa, lo que podría activar el expediente de infracción abierto en la UE. (Imagen: Agencia Valenciana Antifraude)

“Los miembros de Neiwa pusieron de manifiesto la importancia de fomentar el trabajo y la coordinación de todos los actores implicados en el ámbito de la denuncia de irregularidades y la lucha contra la corrupción como policía, Fiscalía, Poder Judicial, etc., incluida la sociedad civil, ya que su contribución es esencial para el establecimiento de una cultura de integridad”, comenta Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude a Economist & Jurist.

Los miembros de la Red aprobaron una modificación de los estatutos y de las reglas de procedimiento y organización de la Red para su mejor funcionamiento y operatividad, así como la integración de nuevos miembros como el Instituto Federal para los Derechos Humanos (Bélgica); la Oficina Anticorrupción de Georgia; la Oficina para la Protección de los Denunciantes (Luxemburgo) y el Defensor del Pueblo de Wallonia (Bélgica).

España, un país corrupto

Para Llinares, el caso español es el más paradigmático: “hay una parte de España con oficinas antifraude y otra no. Nuestro país aprobó la Convención de las Naciones Unidas del 2006, la primera declaración que se aprobó en España. En ella se establece la necesidad de crear órganos de prevención y de lucha contra la corrupción y que protejan a las personas denunciantes. Ya se sabe que este tratado internacional se convierte en ley propia y ordenamiento jurídico nacional. Así surgieron las Agencias en España”.

En la actualidad, confiesa que “a nuestros colegas europeos les llama la atención que no tengamos aprobada la Autoridad Independiente de lucha contra la corrupción y lo que es más grave que desde 1986 ningún Gobierno de este país ha decidido crear una estrategia nacional de corrupción como tienen en Francia, Italia o Alemania. La corrupción ha ido a más y en el Plan Anual Normativo (PAN) del 2024 no se hace referencia a ninguna ley que vaya a aprobar la creación de esta Autoridad”.

Este experto, impulsor de la Agencia Valenciana Antifraude desde sus inicios, que acaba mandato este mes de mayo, tras siete años de intenso trabajo, subraya que “el problema en nuestro país se ha agravado desde la pandemia. En aquel momento junto a gente que dio su vida por los demás, médicos, enfermeros o personal de limpieza, otros se han lucrado con la gestión de mascarillas con comisiones muy elevadas. Desde aquel momento se ha generalizado los tráficos de influencias y la figura del comisionista parece que se le permite todo”.

Respecto a autoridades que tengan estatutos de protección al denunciante, se encuentran operativas la Agencia valenciana antifraude, la Oficina andaluza por su ley del 2020 y recientemente, tras la ley 2/2023 el Parlamento Catalán ha dado esta función a la Agencia Catalana Antifraude. La tenía también la Oficina antifraude de Baleares pero ahora las personas que están protegidas quedan sin dicha protección en el momento que se cierre esta entidad en unos días.

Sobre el impacto de la corrupción en Europa nos aclara que países “como Italia han mejorado mucho, aplican desde el 2012 las leyes antimafia para proteger a los arrepentidos, donde se han mejorado los mecanismos de colaboración. En sitios como España todo se reduce al ámbito penal cuando se detiene a los infractores. No hay otros mecanismos a nivel estatal. Se piensa que la corrupción está en el Código Penal, no es solo, hay muchas conductas a tener en cuenta como el tráfico de influencia, el favoritismo o el nepotismo, así como crear estructuras para ocultar la propia corrupción”.

En su opinión, “todo esto en nuestro país ha crecido de forma notable porque carecemos de una estrategia nacional contra la corrupción, como antes indicaba. Da la sensación de que en los negocios todo está permitido, mientras tanto, Europa creó la Oficina de Lucha contra la Corrupción (OLAF) con la que nuestra entidad mantiene una colaboración para realizar actuaciones. La verdad es que la situación en nuestro país va de mal en peor. España es el principal incumplidor de las directivas del grupo GRECO europeo”.

Para Llinares “se justifican el cobro de comisiones millonarias por este tipo de negocios, lo que ampara de alguna forma el desarrollo de la corrupción en nuestro país. Cuando se aprobaron los Fondos Next Generation, nuestro país no tenía ningún mecanismo de control de dichos fondos. Al final, se obligó a crear los planes antifraudes. Se crearon deprisa y corriendo para que llegaran dichos fondos. En algunos sitios son papel mojado, nada bien hecho, una excusa para recibir el dinero que ha ido llegando a nuestro país”.

Foto de la reunión en Valencia, donde las entidades buscan métodos de colaboración frente a la corrupción internacional. (Imagen: Agencia Valenciana Antifraude)

En estos momentos, forman parte de la red 33 autoridades anticorrupción de 24 países europeos y son las siguientes:

Bélgica:

• Defensor del Pueblo Federal
• Oficina del Defensor del Pueblo de la Región de Bruselas-Capital
• Servicio del Defensor del Pueblo de la Comunidad germanófona de Bélgica
• Defensor del Pueblo de la Comunidad flamenca

Bulgaria:

• Comisión de Lucha contra la Corrupción

Croacia:

• Oficina del Defensor del Pueblo de la República de Croacia

República Checa:

• Ministerio de Justicia

Dinamarca:

• El Plan Nacional de Denuncia de Irregularidades dentro de la Agencia Danesa de Protección de Datos

Estonia:

• Ministerio de Justicia, Departamento de Política Penal

Finlandia:

• Ombudsman

Francia:

• Défenseur des droits

Alemania:

• Oficina Federal de Justicia

Grecia:

• Autoridad Nacional de Transparencia

Hungría:

• Oficina del Comisionado de Derechos Fundamentales de Hungría

Islandia:

• Oficina del Primer Ministro

Irlanda:

• Comisión del Defensor del Pueblo de la Garda Síochána
• Oficina del Comisionado de Divulgaciones Protegidas

Italia:

• Autoridad Italiana Anticorrupción (ANAC)

Letonia:

• La Cancillería del Estado (Punto de Contacto de los Denunciantes)

Lituania:

• Fiscalía General de la República de Lituania

Montenegro:

• Agencia de Prevención de la Corrupción

Portugal:

• Mecanismo Nacional Anticorrupción (MENAC)

Rumanía:

• Ministerio de Justicia
• Agencia Nacional de Integridad (ANI)

Eslovaquia:

• Oficina de Protección al Denunciante

Eslovenia:

• Comisión para la Prevención de la Corrupción

España:

• Ministerio de Justicia
• Agencia Valenciana Antifraude (AVAF)
• Oficina Catalana Antifraude (OAC)
• Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF)

Suecia:

• La Autoridad Sueca del Entorno de Trabajo

Países Bajos:

• Autoridad Holandesa de Denuncia de Irregularidades