En 2025 el Gobierno plantea doce nuevos impuestos que incrementarán la presión fiscal a familias y empresarios

Dos normas aprobadas en cuatro días. La última normativa, de 24 de diciembre, supone un paquete de medidas que van a incrementar la factura impositiva de familias y empresas, lo que genera incertidumbre, un alto coste y una preocupante inseguridad jurídica. De nuevo este año no se deflacta el IRPF, lo que genera pérdida de poder adquisitivo en las familias.

El aumento de la presión fiscal apenas da tregua, lo que nos va a colocar en el podio de los países en los que más ha aumentado el peso de la fiscalidad, al superar ya el 37,3% del PIB con que se cerró 2023, según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Durante estos trece ejercicios, los impuestos y las cotizaciones sociales crecieron en España más de seis puntos de PIB.

Desde 2018, año en el que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, se ha creado o se ha subido más de un impuesto cada mes, sumando 93 aumentos tributarios y de cotizaciones, para un total de casi 42.000 millones de impacto acumulado de las subidas de impuestos y cotizaciones entre 2019 y 2023, equivalente a unos 2.200 euros por hogar.

Una cifra a la que hay que añadir lo que viene en el ejercicio 2025, en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretende elevar la recaudación fiscal en más de 7.000 millones, lo que equivaldría a 371 euros por hogar, según calcula el Instituto Juan de Mariana.

Para Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas (CGE), es un error mantener los impuestos a la banca y energética porque demoniza al empresario que gana dinero. Pich ha participado en una mesa redonda online del Registro de Asesores Fiscales (REAF) para analizar estas novedades fiscales.

En su intervención, ha subrayado que el Gobierno «parece que pone y quita impuestos en función de jugadas exclusivamente políticas, independientemente de la recaudación o de los efectos que pueden tener». Asimismo, ha denunciado que lo que se ha hecho durante los últimos días del año en materia tributaria es «más un juego político que otra cosa», y ha defendido que en lugar de una mayor tributación «se establezcan incentivos para que los grandes sectores —como el de la banca y el de las energéticas— reinviertan. Ese es el camino, no demonizar al mundo empresarial».

Desde su punto de vista, esas medidas aprobadas por el Gobierno deben justificarse bien: «Lo que se tiene que hacer es incentivar a las empresas con medidas para la inversión, porque lo que nos interesa es precisamente que ganen mucho dinero, para que inviertan más, paguen más impuesto de Sociedades y generen más empleo y riqueza. Los sectores productivos, cuando ganan dinero, pagan impuestos y, cuando pierden dinero, es su grave problema».

Valentín Pich cree que no hay justificación técnica para impuestos a la banca y energética. (Imagen: CGE)

El impuesto a la banca

Por su parte, el presidente del REAF, Agustín Fernández, ha criticado con dureza la «técnica legislativa» utilizada por el Ejecutivo, al implementar una serie de nuevos impuestos pocos días antes del cierre del ejercicio, ya que genera «una situación de poca seguridad jurídica y de incertidumbre», además de estar políticamente condicionados. “Es asumible que la banca repercuta ese impuesto especial en los propios consumidores”, ha expresado.

Según la opinión del CGE, el impuesto a la banca, que pretende gravar a las grandes entidades financieras de España, va a acabar repercutiendo en el bolsillo del ciudadano de a pie. Una afirmación que ha compartido, también, Rubén Gimeno, secretario técnico del REAF-CGE, durante el evento.

El impuesto a las entidades financieras fue salvado a última hora gracias a los votos de Podemos. Con el apoyo de Junts, PNV, ERC, BNG y Bildu; el PSOE logró sortear las dificultades y poner de acuerdo a todos sus socios para implementar el nuevo sablazo fiscal.

En su análisis, los economistas advierten del aumento de la doble imposición en el ámbito de las personas físicas, dado que «los dividendos pueden llegar a tributar al 30%, mientras que, a partir del año 2029, los dividendos entre sociedades tributarán solo al 1%».

El Ejecutivo consiguió convencer a sus socios para subir el impuesto a la banca en un punto más de lo que se quería aprobar en un inicio, hasta el 7%. Todas las entidades financieras, cuyo margen de intereses y comisiones supere los 5.000 millones de euros, deberán abonar este nuevo tipo impositivo.

Además, se ha aumentado el tipo hasta el 30% en IRPF, mientras que en el impuesto de Sociedades se reducirán los tipos hasta el 20% en 2029. «Está claro que con la subida del tipo de la base del ahorro, en el último tramo de los 300.000 euros —pasando al 30% desde el 28%— se está produciendo una brecha importante en lo que es el ahorro en renta, con respecto al ahorro en sociedades y la tributación de ese ahorro, que se va a ir reduciendo». Por tanto, los economistas alertan de que «se ha abierto una brecha fiscal entre las personas físicas y las empresas».

También alertan de que en la reforma aprobada se penaliza a las grandes empresas, recuperando los límites para compensar las bases imponibles negativas o para aplicar las deducciones internacionales por doble imposición, que el Tribunal Constitucional —a principios de año— ya dejó fuera del ordenamiento jurídico.

«Esto genera incertidumbre y alto coste para las empresas que lo han recurrido». Por ello, los fiscalistas consideran que «hubiera sido más conveniente aprobar estas medidas tributarias a través de una ley específica —a través de una ley presupuestaria— y no esperar a última hora para incorporar dichas medidas a la vez en una Ley, la 7/2024 por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud (en adelante Ley 7/2024), aprueba el impuesto a las multinacionales».

Agustín Fernández critica la improvisación de la política tributaria: “Dos normas en cuatro días que no ofrecen seguridad jurídica. (Imagen: REAF)

Mutualistas sin devoluciones

Asimismo, critican la suspensión de las devoluciones a los mutualistas y la decisión de demorarlas hasta cuatro años, ya que les obligará a volver a solicitar su devolución de forma individual por cada uno de los años pendientes. Esta situación afecta a todos aquellos que habían presentado su demanda, pero no cuentan con una respuesta positiva antes del 22 de diciembre, aunque hubieran entregado la solicitud de rectificación de autoliquidación o la propia autoliquidación. Así, en 2025, los mutualistas podrán pedir la devolución correspondiente al IRPF de 2019 y los ejercicios anteriores no prescritos.

Estos cambios fiscales introducen una medida relacionada con la DANA, y es que estarán exentas en el IRPF y del Impuestos de Sucesiones y Donaciones las cantidades que la empresa entregue al trabajador siempre y cuando se pretenda sufragar los daños causados por esta catástrofe. Los límites deberán estar justificados y relacionados con las cantidades perdidas.

Sobre el Impuesto de Sociedades, parece que hay noticias buenas para las pymes y menos buenas para las grandes empresas. No se podrá deducir el impuesto que pagan las multinacionales a través de la Ley 7/2024, tampoco será deducible el impuesto a la banca y a las energéticas si al final se aprueba.

Para las pymes, se impulsa la reserva de capitalización para las empresas que se autofinancian, no acuden a los préstamos externos sino que utilizan sus beneficios para seguir creciendo. Por Decreto Ley se sube al 15% la parte de fondos propios y el periodo de no reparto de beneficios se ha bajado de cinco años a tres años. Con esta nueva Ley ya no es el 15% sino del 20% de fondos propios que puede ser superior si la empresa crea empleo. Si una empresa incrementa su plantilla en un 2 al 5% esa reducción sería del 23%, si incrementa un 10% la reducción llegaría al 30%.

Al mismo tiempo, para pymes y micropymes se reducen el tipo de gravamen que está en el impuesto de Sociedades. Del 23% se reduce de forma progresiva. Para aquellas micropymes con un millón de euros de facturación, reducirán su tipo del 23% al 17% o al 20%, dependiendo de la base imponible si esa es mejor de 50.ooo€, el tipo será del 17%. Por su parte, las pymes de menos de 10 millones de euros tributan al 25%. Se va a reducir un punto por año hasta el 2029, que será de un 20%.

Sobre las grandes empresas, hay que señalar que el Tribunal expulsó en el 2016 tres figuras reguladas para las grandes empresas. Era la limitación de las grandes empresas a las bases imponibles negativas. Con las grandes empresas que facturan entre 20 y 60 millones ese límite se bajo al 50% y si se facturaba mas de 60 millones el limite era del 25%. Esto se expulsó este año de la norma, con lo cual las empresas solo han podido aplicar el 70% de la base imponible. Ahora el legislador lo recupera, con lo cual a partir del 2024 vuelve a establecerse la limitación de las bases negativas para estas empresas.

Para los grupos que consolidan, se establece que pueden compensarse las bases negativas de las empresas del grupo. En el año 2023, por Ley, se indicó que se podía limitar la mitad de las pérdidas fiscales y que el resto se podría compensar en décimas partes en los diez años siguientes. Esta medida, gracias a la Ley 7/2024, se extiende al año 2024 y 2025.