Europa abre las puertas al caso Alvia: el TEDH tendrá que valorar si se cumplieron todas las garantías durante la investigación del accidente

Ya han pasado más de diez años desde que tuvo lugar el trágico accidente del tren Alvia en Santiago; sin embargo, los familiares de las víctimas y afectados aún siguen luchando por obtener justicia. A pesar de que el exdirector de Seguridad del ADIF y el maquinista ya fueron condenados a dos años y medio de cárcel el pasado 2024, quieren que se siga investigando el siniestro que, el 24 de julio del 2013, acabó con la vida de 80 personas y causó alrededor de 150 heridos. Al menos, hasta que se descarte o demuestre si hubo más responsables.

En este escenario interviene Administrativando Abogados, un despacho de abogados que, contratado por la asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155, lleva años tratando de esclarecer los hechos acontecidos en dicha tragedia, de modo que sean asumidas las responsabilidades derivadas del mismo, tanto a nivel técnico, político, como judicial. Una labor que se desarrolla en el ámbito administrativo —en paralelo al proceso penal incoado hace años contra los ya condenados— y que, por ahora, parece no tener final.

Desde el despacho tratan de demostrar que el Informe Final del Accidente, emitido por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), de 20 de mayo de 2014, estuvo manipulado por la falta de independencia de sus miembros, quienes en su mayoría eran empleados o antiguos empleados de Renfe y de Adif. Unas críticas que hacen suyas desde Administrativando Abogados, cuyo fundador, Antonio Benítez Ostos, comparte a este diario que «aunque no dudamos de la profesionalidad de los integrantes de la CIAF, sí consideramos que podrían no haber sido independientes, pues es innegable que éstos tenían una vinculación directa con las empresas implicadas en el accidente».

Bajo estos argumentos, la asociación de víctimas acudió a la Justicia. Primero, presentando ante la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una solicitud instando a que se investigara de forma independiente y objetiva el accidente, se analizara de forma pormenorizada y exhaustiva los profundos y subyacentes motivos del siniestro, y se le pusiera de manifiesto el expediente a las víctimas, concediéndoles cumplida audiencia en el seno de dicho proceso de investigación. Después, solicitando al Ministerio que, «con carácter previo, garantizara la independencia de la CIAF, llevando a cabo los ceses pertinentes, a la luz de las incompatibilidades detectadas».

Vista del juicio por el descarrilamiento del Alvia que provocó 80 muertos y 143 heridos. La sentencia ya fija unas indemnizaciones de 25 millones de euros. (Imagen: Tribunal de Xusticia de Galicia)

Para la asociación de víctimas la investigación no se llevó a cabo cumpliendo todas las garantías

Como el subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús María Gómez García, desestimó la solicitud de los ceses, y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios no emitió resolución alguna, Administrativando Abogados —en representación de la Plataforma Víctimas Alvia 04155— interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Por un lado, solicitaban que se condenase a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios a que llevara a cabo la realización de una nueva investigación e informe final sobre el accidente ferroviario, ateniéndose de forma rigurosa al procedimiento legalmente establecido para ello. Por otro lado, pedían que se condenase al Ministerio de Transporte a que, para llevar el anterior cometido, garantizara la total independencia de la CIAF, en los términos legalmente establecidos.

El objetivo de todo ello es que se permitiera a la CIAF investigar «de forma totalmente objetiva e imparcial» el siniestro, «cesando a los miembros que hubieran tenido relación profesional con cualquier empresa ferroviaria, administrador de infraestructuras, solicitante o entidad contratante, así como de cualquier entidad adjudicadora de contratos de servicio público o que presentase el más mínimo conflicto de interés». Una investigación que, para la asociación de víctimas, no se llevó a cabo cumpliendo todas las garantías.

No obstante esto, aunque el TSJ de Madrid estimó parcialmente el recurso, condenando a la Comisión de Investigación a que se pronunciara y resolviera expresamente la solicitud de la asociación de víctimas por la que se solicitaba una investigación objetiva e independiente, desestimó el motivo del escrito relativo al cese de miembros responsables del accidente. Un punto de vista que ratificó posteriormente el Tribunal Supremo y que no consideró de «especial transcendencia constitucional» el Tribunal Constitucional.

Sobre esto, Benítez Ostos ha reiterado a Economist & Jurist que la CIAF «tendría que estar compuesta de personas que no tuvieran ningún tipo de vinculación ni con Renfe, ni con Adif, ni con empresas que presten servicios a ellas, pues lo contrario implica que estas personas puedan estar condicionadas, independientemente de su experiencia o profesionalidad». Bajo esta consideración —y conscientes de que la única manera de ver estimadas sus pretensiones era acudir a una instancia superior— la asociación de víctimas presentó una denuncia por vulneración del art. 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En este sentido, este abogado ha declarado que «estamos muy satisfechos por el éxito que supone llegar hasta aquí. Ahora estamos a la espera que el Tribunal nos notifique la formación a la cual se le va a atribuir el conocimiento de la causa, que puede ser a un comité de 3 jueces, o una sala de 7 jueces. Esperemos que sea a ésta última sala que, habrá de informar también al Estado español sobre la demanda, para que presente alegaciones, de las que nos darán traslado para nuestra oposición. Esperamos y confiamos en que la Justicia Europea, como ya hiciera la Agencia Ferroviaria para la Comisión Europea, vuelva a dar la razón a las víctimas y sus familiares, y después de tantos años, podamos tener al fin, una investigación técnica e independiente del siniestro ferroviario».